Nota aclaratoria:
Por un error involuntario este artículo se le estaba atribuyendo a Paul Rueda, sin embargo fue elaborado por Nora Garita. Rogamos las disculpas del caso al señor Rueda.
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Por: Nora Garita*
Con un escaso 3% de diferencia triunfó el “sí” al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana (CAFTA, en inglés) en el referéndum del 7 de octubre en Costa Rica.
Se trata del último de los convenios ya aprobados entre Estados Unidos y sus vecinos: años antes se firmó el NAFTA con México y Canadá, posteriormente con Chile, Panamá y los Países Andinos. En el año 2004 se firmó entre los Estados Unidos, los países de Centro América y República Dominicana. A inicios del 2007 los países centroamericanos lo habían ratificado en sus Parlamentos con excepción de Costa Rica. El Presidente Arias lo hereda de la Administración anterior, lo asume como eje de su política y lo envía a la Asamblea Legislativa. El año arranca una articulación de los poderes Legislativo y Ejecutivo que opaca la separación de ambos. Se reforma el reglamento legislativo con un reglamento especial para acelerar la aprobación del TLC. Diversos grupos, asociaciones, ONG’s, sindicatos, consideran que el Tratado impone un modelo de sociedad. En enero, el grupo de ciudadano Convergencia Patriótica solicita al Tribunal Supremo de Elecciones TSE convocar a una consulta popular ras haberse recogido firmas del 5% del padrón. El 12 de abril el TSE responde afirmativamente. Al día siguiente, el Presidente Arias decide hacer él mismo la convocatoria por decreto ratificado por la Asamblea Legislativa. Quedan atrás tanto la iniciativa popular como el aval del TSE.
La campaña previa dividió en dos al país. La Alianza por el “sí” unió sectores empresariales con élites políticas, incluyendo diputados de cinco partidos: Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Libertarios (neoliberales) y dos minoritarios. El campo del “No” estaba formado por una multiplicidad de actores de la sociedad civil, diputados del Partidos Acción Ciudadana y otros menos importantes.
Un rasgo del proceso fue la no separación entre Gobierno y Estado, que colocó al “Si” en posición de privilegio. El Presidente y los Diputados visitaron comunidades y fábricas, haciendo campaña a favor del “Si”. La gestión oficial de Gobierno se igualó a la gestión de campaña, con el silencio del TSE. Con una doble moral un magistrado del TSE y una diputada interpelaron a la Universidad de Costa Rica por utilizar recursos públicos para hacer campaña al favor del “No”, violentando así el derecho constitucional a la libertas de cátedra. Varias consultas de inconstitucionalidad del Tratado fueron planteadas por la Defensoría de los Habitantes, de 19 diputados y especialistas de la Universidad de Costa Rica ante la Sala Constitucional, pero esta no encontró contradicciones con la Constitución (dos magistrados salvaron su voto por encontrar inconstitucionalidades, ya señaladas por el grupo de especialistas de la Universidad.
La simbiosis Ejecutivo-Legislativo, la posición de la Sala Constitucional y la no intervención del Tribunal Supremo de Elecciones ante la inequidad, tiraron por la borda las ilusiones de una relativa autonomía del Estado.
La política exterior fue interior: esta vez el Presidente Arias jugó la carta Republicana. El “No” nunca fue un movimiento antinorteamericano, los senadores demócratas fueron interlocutores durante todo el proceso hasta el final. Los temas del “No” fueron: defensa del medio ambiente, defensa de la soberanía, defensa de la institucionalidad. Su estrategia fue la organización de Comités Patrióticos, métodos de comunicación innovadores gracias a la utilización de medios alternativos y fidelidad a la legalidad.
Las estrategia del “Si” fue la manipulación del miedo. La aparición de un infame memorando firmado por el vicepresidente Kevin Casas y el diputado Fernando Sánchez evidenció la artimaña: amenazas de despido, vincular el “No” con Chávez, otorgar presupuesto sólo a los munícipes que lograran la victoria del “Si” en su territorio. El miedo como medio para justificar el fin. ¿Habrán medido las consecuencias ya que el miedo engendra violencia? Con la campaña del miedo se selló la división del país en dos.
La inequidad mediática entre el “Si” y el “No” fue enorme. La pauta informativa y la línea editorial estuvieron a favor del “Si”, además de las sumas publicitarias invertidas. Entre julio y septiembre, en prensa escrita el “Si” pautó el 94% de la cantidad de los mensajes, contra el 6% del “No”.
En televisión, el 91% de los anuncios fue del Si contra el 9% del NO.
El Tribunal Supremo de Elecciones fijó un tope de contribución por persona, pero no un monto máximo por tendencia. El TSE no ejerció control alguno ante la desigualdad, argumentando no poder inmiscuirse en las agendas de los medios de comunicación ni en las líneas editoriales en aras de la libertad de prensa. Obviamente entendida esta como libertad de las empresas periodísticas no como derechos ciudadano a la información.
El proceso culminó con una violación de la tregua declarada por el TSE: “durante los dos días inmediatos anteriores, así como el propio día de la votación no podrá distribuirse propaganda”.
En plena tregua, los medios divulgaron una carta con la posición del gobierno de los Estados Unidos donde se afirmaba que de no aprobarse el Tratado, sería imposible negociar otro. El movimiento del “No” estuvo imposibilitado para responder, dado el período de veda. El movimiento del “No” denunció n fraude mediático. La cadena CNN transmitió de manera reiterada una entrevista a favor del “Si” durante estos días.
“Avanzar o frenar” decía el periódico Al Día el propio domingo de las elecciones. Y del Tribunal Supremo de Elecciones sólo se escucho silencio.
La victoria del “Si” por un 3% no es tan grande si se mide la magnitud de la inversión y los medios empleados. El movimiento del “NO” permanece organizado por Comités Patrióticos articulados por la Coordinación Nacional.
A corto plazo, el escenario será la oposición del “NO” a la “agenda de implementación”: proyectos de ley de aprobación obligatoria para que los Estados Unidos certifique que el país cumple con todos los puntos acordados. A mayor plazo, el desafío para el movimiento del “NO” será el de articular un proyecto político de cara al 2010.
Del total de votos emitidos el 48% votó “NO”. Pero sería imposible olvidar le 40% de abstenciones. Si se suman ambos la cantidad de descontentos es significativa. Dicho de otro modo la base social de apoyo del Gobierno apenas alcanza un tercio del padrón electoral. ¿Cuánto apoyo social es necesario para gobernar en democracia?
* Garita, Nora, Informe sobre la publicidad del TLC en los medios con motivo del referendo 2007. Catedrática de la Universidad de Costa Rica
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Fuente: Wikipedia
