Como se recuerda, el Presidente Luis Alberto Monge, asumió el poder holgadamente, venciendo a su opositor Calderón Fournier por muchos votos de diferencia.
Una semana antes de asumir la primera Magistratura, en discurso pronunciado ante representantes de los partidos políticos, cámaras empresariales, sindicatos y organizaciones populares; el Presidente electo dio a conocer los principales lineamientos del “plan de emergencia” (fondo monetarista), para los primeros 100 días de su gestión:
“vamos a reducir el gasto público. La Administración Monge Álvarez, se caracterizará por su austeridad. Con ese propósito hemos acordado un conjunto de medidas de diferente naturaleza, todas encaminadas a lograr una reducción del gasto público, un incremento razonable en los ingresos y una mayor eficiencia del sector público” (Revista Aportes, 23-85).
La Administración Monge hipotecó sus años de gobierno al Fondo Monetario Internacional y a los intereses norteamericanos, fue tónica de su administración la eliminación de plazas vacantes, la reducción del presupuesto de las instituciones públicas. Medidas, que entre otras conducirían al país a una inestabilidad social, cuyo peso se sentiría a corto plazo “especialmente cuando se inicie el despido de funcionarios y se pensionen los trabajadores mayores de 65 años” expresó la ANEP.
Las cuatro confederaciones existentes en el momento: CATD, CTC, CCTD, CUT, y el sindicalismo “no confederado”; articularon una propuesta unitaria de lucha y elaboraron un pliego de peticiones: derogatoria de los artículos 333 y 334 del Código Penal, eliminación de las ley de Emergencia, negociación del aumento salarial para 1984, e incorporación a la canasta salarial básica de los bienes y servicios que afectan directamente el poder adquisitivo del salario.
Las confederaciones en propuesta unitaria dan un plazo al 30 de mayo (1984), al Poder Ejecutivo para que responda a lo que constituyen las necesidades más sentidas de los trabajadores. El proceso de unidad en la acción, tendió redes a otros sectores: salud, bancos, industrias, bananeros, poder central y educación.
Por otra parte, el 17 de noviembre de 1983 en solemne ceremonia el presidente Monge proclamó la “neutralidad perpetua activa y no armada de la República de Costa Rica”.
En ese contexto, semanas antes la República de Granada había sido invadida y ocupada por el cuerpo expedicionario del Ejército “Usamericano”. Habían rumores de una invasión a Nicaragua. La relación entre Costa Rica y Nicaragua fue tensa; mientras que la Embajada de los EEUU anunciaba la llegada de “militares-civiles” (vaya contradicción). Las bandas contrarrevolucionarias incursionaban en el territorio nicaragüense, desde campamentos y aeropuertos nacionales. El gobierno Monge se alineaba con la política guerrerista de Reagan en Centroamérica.
Los trabajadores organizados, las juventudes de los partidos políticos del país, el movimiento estudiantil convocaron a una marcha por la paz. Contra la guerra y por la neutralidad. Estos expresaron: “el pueblo costarricense no quiere ser carne de cañón en una guerra injusta que pretenden imponernos”. Se vivía una situación en extremo peligrosa.
La unidad en la acción promovida por el sindicalismo dará sus frutos más tarde al crearse el Consejo Permanente de Trabajadores (CPT), mientras que en el proceso de maduración dos grandes movimiento de agitación y protesta golpearon a la Administración Monge: la huelga de Adaptación Social, desgarramiento directo al FMI por sus resultados y la huelga de la Unión de Trabajadores de Golfito UTG, que enfrentó a la transnacional “United Brands” con un movimiento de presión de 71 días.
El gobierno trastabilló: fue golpeado en su interior por la acción de la unión de cámaras, la Embajada Usamericana, y la prensa exasperada.
Mientras la resistencia de los hombre y mujeres conscientes, aglutinados en la organización popular luchaban por sus derechos.
La Administración Monge, pasó a la historia como un gobierno servil, incondicional a Reagan y a sus lacayos.
Recibió muchos millones de dólares a cambio de su tolerante política de “neutralidad”.
Fue un gobierno represor, conculcador de los derechos sindicales más elementales, promotor insigne del solidarismo como estrategia política para competir con el sindicalismo de clase. Carcelero de una organización como la ANEP, la que fue intervenida en agosto de 1984.
Fue una Administración que como el mismo Monge reconoció; impotente y exámine: “el FMI nos tiene del precuezo”.
