No acaba uno de sorprenderse hasta dónde están dispuestos a llegar los sectores neoliberales de Costa Rica, con tal de hacer avanzar su proyecto ideológico de sociedad. Ahora resulta que la Fuerza Pública va a transferir varias de sus potestades monopólicas en función del contrato social que todavía tenemos vigente como país, a las empresas mercantiles de la seguridad privada.
Ya se están produciendo las primeras reacciones desde el mundo político, cuestionando semejante pretensión; y también, desde el plano jurídico se señala la gravedad de la inconstitucionalidad de semejante idea. Imposible, por tanto, dejar de plantear una posición al respecto, según lo percibimos desde el lado de los sectores sociales y ciudadanos que venimos resistiendo ese proyecto de sociedad y su meta estrella: el TLC.
El proyecto ideológico neoliberal (hoy gerenciado por el Presidente Arias Sánchez), continúa polarizando al país, generando mayores niveles de exclusión social y de concentración de la riqueza producida por toda la sociedad, en manos de unos pocos que cada vez son menos.
Esta circunstancia se refleja en un considerable incremento en los niveles de violencia al interior de la sociedad, aumentando la frecuencia de la ejecución de delitos, cada vez más sangrientos. Además, todos los días se está tensionando las relaciones entre las personas, agobiadas por la carestía incesante de la vida, la estrechez salarial y la congoja económica.
Por otra parte, la constatación en la cara de la ostentosa riqueza concentrada y la guerra psicológica de valores consumistas que incrementan la impotencia de los que menos tienen o no tienen del todo (porque hay que “comprar” la sensación de existir a través de la adquisición de las cosas que se anuncian como sinónimo de “status social”), reducen el espacio para una convivencia social en paz.
Por si fuera poco, la intentona de imponernos un TLC que agrava toda la anterior circunstancia (pero que, inversamente, incrementa la profundidad de las alianzas para enfrentarlo y derrotarlo); hace pensar a los neoliberales que en la represión física está la respuesta al potente movimiento ciudadano en gestación; represión que será difícil ejecutar desde la planilla estatal de la Fuerza Pública, agobiada por el estrujamiento presupuestario, el deterioro de sus condiciones ambientales, el agotamiento laboral y los malos salarios.
Pretender traspasar potestades constitucionales de imperio que son en corresponderle al conjunto de la sociedad en materia de seguridad ciudadana, para incrementar, desde lo privado, un aparato represivo que debe controlar los desmadres que está dejando un modelo económico excluyente, deshumanizado y concentrador de riqueza; nos es más que indicios de una especie de militarismo encubierto, institucionalizando la improvisación más peligrosa en la tarea estatal de “cuidarnos a todos”.
Las empresas privadas de seguridad deben ser eso, empresas privadas de seguridad que restringen su accionar a un ámbito perimétrico determinado para salvaguarda de las personas y de los valores incluidos dentro del mismo. Sólo para eso están. Lo otro, darles funciones de aparato represor público es transgredir una de las normas básicas de convivencia social colectiva, cual es el de suponer que como sociedad tenemos una “fuerza pública” que es garante de nuestra propia seguridad, la de todos.
En todo caso, consideramos que la mejor forma de seguridad ciudadana es aquella que genera condiciones de vida dignas para toda la población, lo cual incluye una transformación radical de los mecanismos de distribución de riqueza. Pero el egoísmo oligárquico-neoliberal lo impide, por tanto, su “receta mágica” es más represión, aunque sea con la policía privada. No hay duda. No hay escrúpulos.
