En el tema del incumplimiento de garantías laborales, el Decimonoveno Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible ha causado gran revuelo al revelar que solo un 38% de los trabajadores asalariados en nuestro país disfrutan de todos esos derechos, mientras que el 6,5% no tiene acceso a ninguno.
Estas garantías laborales son solo seis de los derechos vertebrales de nuestra legislación laboral: aguinaldo, días de enfermedad, vacaciones, riesgos del trabajo, horas extra y seguro social. No estamos hablando del pago de estudios universitarios, vacaciones por paternidad, pago de automóvil, seguros médicos, plan de retiro privado y pago de días de enfermedad no utilizados, que son beneficios extra que patronos con el objetivo de estimular la competitividad y eficacia les brindan a los empleados en adición de los requeridos por ley.
Con base en estos seis derechos mencionados, el 60% de las personas asalariadas disfruta de cinco, mientras que un 10% prácticamente carece de protección, especialmente los que trabajan en servicio doméstico, empresas informales, jóvenes y los que tienen al menos una discapacidad. Este porcentaje de los que no reciben ningún derecho laboral es el equivalente a 107 mil trabajadores.
Inferimos que muchas de estas personas son parte de las cifras que indican que el 60% de los asalariados (y quienes buscan empleo por primera vez) carecen de secundaria completa, situación que los hace más vulnerables al aceptar sin protestar un empleo que viola sus derechos laborales primarios, pues se les hace difícil conseguir otro.
Hoy en nuestra sección Ágora, el líder sindical, Albino Vargas, asevera que esas 107 mil personas equivaldrían a una especie de trabajo “esclavo”. “Suena fuerte. Pero si no tienen un solo derecho que se les reconozca, los niveles de explotación laboral a que se les somete estarían equivaliendo a eso, a trabajo ‘esclavo’”, dijo Vargas.
Indignado por la situación, don Albino formula que cada legislador deje votar y libere el proyecto de la Reforma Procesal Laboral (RPL) “del secuestro político al que lo han estado sometiendo desde hace ya varios meses”.
La RPL sería la más grande transformación jurídico-legal del Código de Trabajo de Costa Rica desde los últimos 40 años, que pretende obtener mayores niveles de justicia laboral, y en cierta medida permitiría corregir las violaciones a los derechos laborales, como los publicados en el reciente Informe del Estado de la Nación.
Coincidimos con el líder sindical en que es una vergüenza para nuestro país que muchos ven como el paladín de América Latina en materia de Derechos Humanos tener estas cifras desconcertantes, sin embargo, la erradicación y/o mitigación de esta violación a los trabajadores no puede solventarse solo con una reforma jurídico-legal del Código del Trabajo, la raíz del problema es mucho más profunda, situación que nos recuerda el pensamiento del “círculo de la pobreza” del líder afroamericano, Malcom X. Parafraseándola decía:
Si un niño vive en un lugar pobre, con carencias básicas que interfieran en su desarrollo humano, ausencia o escasez de infraestructura prioritaria y una pobre educación, probablemente no concluirá sus estudios, buscará un empleo de baja remuneración y ganará lo suficiente para vivir y criar a sus hijos en un lugar pobre, con carencias básicas que interfieran en el desarrollo humano, ausencia o escasez…”.
