La Seccional ANEP-Servicio de Vigilancia Aérea denuncia a la opinión pública la contratación de una empresa de seguridad privada por ¢780 millones anuales para realizar las mismas funciones que venían realizando los trabajadores del Servicio de Vigilancia Aérea en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
La revelación de dicho monto se da luego de una serie de consultas por parte de la seccional de ANEP, que fueron respondidas mediante oficio DGAC-DG-OF-1160-2018 de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) sobre la contratación entre Aeris Holding C.R y K9 Internacional.
Jonathan Flores, Directivo Nacional de la ANEP detalló que en el documento la administración justifica dicho contrato debido al congestionamiento, largas filas y hasta pérdida de vuelos. Sin embargo, estos problemas no se han resuelto y no son atribuirles al Servicio de Vigilancia Aérea.
“Concretaron un jugoso negocio que le cuesta al Estado ¢65 millones mensuales, pero los resultados no se han visto, ya que continúan las largas filas en los puestos de acceso y revisión, los cuales no fueron reforzados con personal. Por el contrario, desplazaron a oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea y en su lugar colocaron a los oficiales privados a hacer las mismas funciones que realizaban los trabajadores estatales”, indicó Flores.
Otra de las acciones que critica la seccional es que a la Policía Aeroportuaria se le relegó a hacer funciones perimetrales y recorridos, desperdiciando la experiencia y capacitación que han recibido por años para atender, prevenir y mitigar eventuales riesgos aeroportuarios.
“Toda la experiencia, capacitaciones frecuentes, cursos de especialización y la experiencia única que brinda la labor policial fue remplazada en los horarios de mayor afluencia de pasajeros, por personal privado que fue capacitado durante solo dos meses para asumir tan enorme responsabilidad” aseveró Flores.
“Es grave que en medio de una crisis, tanto en materia de seguridad como de finanzas públicas se ejecute un plan que le cuesta tanto dinero al Gobierno Central, para que una empresa de seguridad privada venga a hacer, a medio tiempo, lo que ya el Estado estaba haciendo”, agregó.
Preocupación por seguridad
La principal preocupación para la seccional es que la seguridad aeroportuaria quedaría en manos de terceros, ya que están entregando planos de la infraestructura del aeropuerto, principal frontera del país, a una empresa de seguridad privada. Sin tan siquiera conocer si existen las cláusulas de confidencialidad para resguardar información sensible ya que la contratación es de índole privada, según el oficio mencionado anteriormente.
“(…) resulta evidente que la relación jurídica que pueda la empresa Aeris Holding Costa Rica Sociedad Anónima sostener con cualquier de sus subcontratistas, así como los procedimientos de selección del proveedor que den origen a estas relaciones, se encuentran regidas por las normas y principios de la contratación entre entes de derecho privado, por lo cual, no es de recibo la petición de obtener copia del contrato suscrito entre la empresa Aeris Holding Costa Rica Sociedad Anónima y la empresa de seguridad privada adjudicada, atendiendo a la naturaleza jurídica de la relación supra mencionada, ya que se trata de una relación de naturaleza privada que le corresponde sólo a esta Administración fiscalizar”, indica el oficio.
A esto se suma que la normativa que regula la actividad aeronáutica costarricenses, específicamente el RAC17, establece que los puestos deben tener supervisores con capacidad de arresto.
“Una persona que trabaje para una empresa de seguridad privada no se reviste con el poder de Estado requerido para llevar a cabo la figura del arresto o aprehensión, al menos no de manera directa. En esto caso, se deberá solicitar la presencia de la Policía Estatal para realizar el arresto”, dijo.
La Seccional hace hincapié en que, ante un eventual riesgo o alguna situación inminente, el Estado no deja de ser responsable por los daños.
