Queremos manifestar nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo ante el más reciente escándalo provocado por la irresponsable gestión de la actual administración del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), encabezada por su presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada y Alejandra Mora Segura.
Según reveló la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) —y fue publicado este lunes por La Nación—, el AyA cometió errores graves en la interpretación de las tarifas, lo cual generó cobros desproporcionados en los recibos de agua de más de 38.900 familias, sin justificación técnica ni respaldo legal.
Esta situación no es producto del azar ni de una confusión normativa, sino del resultado de una cadena de decisiones erradas, improvisadas y técnicamente deficientes, que reflejan una preocupante falta de competencia en la conducción institucional.
¿Qué está ocurriendo según indica la ARESEP?
El AyA aplicó tarifas de “gran consumidor” a clientes residenciales, distorsionando por completo el monto de los recibos.
No se trató de un aumento tarifario aprobado por Aresep, sino de un uso incorrecto del modelo tarifario vigente.
La Aresep ha sido clara: no hay vacíos legales y el error fue completamente atribuible a una interpretación equivocada por parte del AyA.
¿Quién responde por este daño?
Miles de personas fueron afectadas económica y emocionalmente. Sin embargo, la Presidencia Ejecutiva se escuda públicamente y pretende desviar la responsabilidad hacia la Aresep, cuando ha sido esta última quien tuvo que aclarar el error.
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