Con profundo dolor, consternación y enorme indignación, denunciamos ante el pueblo costarricense y el centroamericano, ante el pueblo latinoamericano y el del resto del mundo, la tragedia cotidiana que se vive en el hermano país de Guatemala; ante la más reciente ola de asesinatos selectivos, crímenes políticos, de personas luchadoras sindicales y sociales, defensoras de los Derechos Humanos, mismas que han ofrendado sus vidas al luchar en aras de verdadera justicia social y real democracia para uno de los pueblos más sufridos de toda la historia de la América Latina: el guatemalteco.
En Guatemala, ser dirigente social y luchar por un mundo mejor es una actividad que conlleva riesgo de morir asesinado, tal y como lo expresan los casos que aquí, seguidamente, denunciamos.
A nivel de la causa laboral, Guatemala es un país donde el derecho de Libertad Sindical es violentado “a tiro limpio”, de manera sistemática por parte del sector empresarial autóctono y transnacional, por altos funcionarios de Gobierno y por los alcaldes municipales.
De manera pública exhortamos a nuestro respetado compatriota, don Francisco Dall’Anese Ruiz, residente en Guatemala dado que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), le dio el encargo de presidir la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIC); para que disponga todo lo pertinente y para que exija un alto a esta macabra acción de los oligarcas guatemaltecos en contra de la dirigencia social chapina; procediendo a darle prioridad a las investigaciones para que, mínimamente, los crímenes más recientes comentados aquí no queden impunes.
De conformidad con el acuerdo 3, inciso b, del acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala para la creación de la CIGIG (12 de diciembre de 2006), ésta puede insertarse en procesos de investigación criminal, como lo son los asesinatos de la dirigencia social guatemalteca. Veamos:
KIRA ZULUETA ENRÍQUEZ MENA: Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Nueva Concepción, del departamento de Escuintla. Asesinada el viernes 22 de marzo. Baleada en su puesto de trabajo, la biblioteca municipal. Ella era directiva nacional de la Federación de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala (FESTRAS).
SANTA ALVARADO: Integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), quien laboraba en la cocina del Hospital Nacional de Totonicapán, fue interceptada por hombres armados con sus rostros cubiertos en el momento en que su esposo la recogía luego del trabajo. A él lo bajaron del carro y a ella se la llevaron. Luego apareció estrangulada. Tenía 45 años. Deja dos huerfanitos, de 5 y 3 años.
TOMÁS QUEJ: Líder comunal del caserío Moxanté, Purulha, Baja Verapaz. Su cuerpo fue encontrado, el 26 de febrero, con impactos de bala en el pecho y en la cabeza, en la comunidad de Chirretzaaj, en la periferia de Cobán.
CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ MENDOZA: Asesinado el 8 de marzo, miembro de la Coordinación Campesina Nuevo Día, de la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO), y del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Lucha (FNL). 8 tiros acabaron con su productiva militancia social. Su asesinato se produjo en Camotán, Chiquimula. Era un defensor de Pacha Mama (la Madre Tierra) y un incansable luchador contra las empresas mineras.
JERÓNIMO SOL AJCOT: Asesinado el 11 de marzo, en la aldea Chacayá, Santiago Atitlán, Sololá. Lo balearon cuando iba para su trabajo, en la finca Valparaíso, Chicacao, del departamento de Suchitepéquez. Él era dirigente de la Asociación Maya Tzutujil de Agricultores de Santiago Atitlán, integrante de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC). Ya había sido amenazado de muerte con antelación.
EXPECTACIÓN MARCOS UCELO: Secretario del Parlamento Xinca, apareció muerto dentro de un vehículo luego de que fuera secuestrado el domingo 17 de marzo, junto a otros tres líderes campesinos. Todos regresaban a sus hogares luego de una consulta comunitaria dada su naturaleza de dirigentes campesinos, en la aldea El Volcancito, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Sus tres compañeros tuvieron la “suerte” de quedar con vida luego de que fueran abandonados una vez torturados y golpeados: Rigoberto Aguilar, Roberto López y Roberto González. Todos son de Santa María Xalapán, Jalapa.
La dirigencia del Comité de Unidad Campesina CUC, fue atacada el 24 de enero, amenazada con machetes en mano por personas contratadas por una empresa cementera, cuando se desplazó a la comunidad de San Antonio Las Trojes, en San Juan de Sacatepéquez.
Intento de asesinato, en su propia casa de habitación, con irrupción violenta de tres hombres fuertemente armados, contra Rubén Mazariegos Vásquez, Secretario General de los Sindicatos de Salud Pública y Vicepresidente de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP). Esto ocurrió el martes 12 de marzo. La UASP lucha contra el modelo extractivo y ha denunciado presuntas y grandes corrupciones fiscales de evasión de impuestos.
María Teresa Chiroy Pumay, Secretaria de Actas y Acuerdos del Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (STIGSS), está amenazada de muerte. Adicionalmente, dos dirigentes de esta organización, Rodolfo Eduardo Juárez Ralda y Layla Lerissa Chanquín Jocol de Pérez, enfrentan un proceso penal por sus actividades sindicales corriendo el riesgo de terminar en la cárcel.
Rubén Herrera, ingeniero de profesión y defensor de los Derechos Humanos en Huehuetenango, fue capturado por orden judicial, acusado de “instigar” a la población que se resiste al establecimiento de una empresa hidroeléctrica privada, en la comunidad de Barillas, Huehuetenango.
65 dirigentes sindicales asesinados en los anteriores gobiernos de Berger, Colom y ahora el de Pérez Molina. Total impunidad, ni investigación ni castigo alguno. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 2012, en Guatemala hay impunidad total.
Según la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA), organización no gubernamental ONG guatemalteca, de enero a octubre de 2012 hubo 254 ataques a personas luchadoras por los Derechos Humanos.
Desde Costa Rica formulamos fuerte emplazamiento al Gobierno de Guatemala, presidido por el exmilitar Otto Pérez Molina; a su Ministro de Gobernación, señor Héctor Mauricio López Bonilla; así como a la Fiscal del Ministerio Público de ese país, señora Claudia Paz y Paz, y al señor Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos; para que no escatimen esfuerzos ni recursos en identificar y juzgar a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes sociales; para que protejan las vidas de quienes siguen luchando por la Vida, por la Democracia, por los Derechos Laborales que son Derechos Humanos; en fin, a favor del bienestar y la felicidad del sufrido pueblo trabajador guatemalteco.
Rendimos tributo póstumo a estos héroes y heroínas populares de Guatemala que dieron su vida por los y las de su clase, por “los y las de abajo”. Llamamos a la más amplia solidaridad.
