Agregó que esto obligaba al Gobierno a pensar en un nuevo impuesto para compensar ese faltante. Es decir, propuso que le correspondiera al pueblo guatemalteco pagar desde sus menguados bolsillos los millones que dejaban de pagar los productos de empresas gringas. ¡Que pague el pueblo lo que dejan de pagar empresas y empresarios!
En esa misma fecha, se hizo pública la donación al Gobierno guatemalteco de 18 mil toneladas métricas de maíz amarillo por parte del Gobierno de los Estados Unidos, bajo dos condiciones: que el Gobierno tenía que vender hasta el último grano y que los fondos que recaudara de esa venta debían destinarse a mejorar la coordinación entre organizaciones internacionales y nacionales que ejecutan tareas de control, así como fortalecer la Unidad de Normas y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, es decir, en facilitar la aplicación del TLC. Esta donación anunciada implicaba que el Gobierno se convertía en competidor del pequeño productor nacional de maíz, amenazando severamente su existencia. Sin embargo, puede presumirse que, luego del ¡boom! del etanol, los gringos se van a retractar de su donación.
Un mes después, el 15 de Octubre, se hizo pública la información de que, debido a la entrada en vigencia del TLC, de cada 100 cooperativas que existen en el país, 75 están severamente amenazadas o condenadas a muerte. Y se presentaron datos y gráficas que lo demostraban fehacientemente.
Ya en este año, gracias al TLC las fuerzas represivas han perseguido a palos y recetado cárcel a los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que cometen el mal llamado “delito” de buscarse una forma honesta de ganarse la vida y poner el pan en la mesa de sus familias.
Sobre cada uno de estos hechos, nos hemos pronunciado en su momento, pero resulta que esos, aunque graves, no son nada más que la punta del iceberg. Hoy hemos tenido conocimiento de otro efecto alarmante derivado del TLC, que se expresa en la siguiente noticia recopilada en la prensa extranjera, la cual trasladamos de manera integral:
Demandan empresa de Guatemala
Una corporación estadounidense que administra la línea del ferrocarril en Guatemala anunció este martes que planteó la primera demanda contra el Estado guatemalteco, al amparo del tratado de libre comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos.
La compañía Ferrovías de Guatemala, subsidiaria de la estadounidense Railroad Development Corporation (RDC), espera recibir una indemnización de 65 millones de dólares del Estado guatemalteco, precisaron en rueda de prensa ejecutivos de la firma norteamericana.
La RDC, empresa de sistemas ferroviarios con sede en Pittsburgh (Pennsylvania, este), instauró a nombre de su filial un juicio de arbitraje en contra del Estado de Guatemala “de conformidad con las normas del TLC”.
El TLC entre Guatemala y Estados Unidos entró en vigencia el 1 de julio del 2006.
La compañía RDC pide 50 millones de dólares por “recursos no percibidos” en una operación fallida concretada en 1997, cuando se obtuvo el contrato de usufructo por 50 años para el ferrocarril, y otros 15 millones de dólares por la inversión en el proyecto.
El gobierno de Guatemala denunció el contrato con RDC en agosto del 2006, argumentando de la empresa concesionaria no ha invertido ni puesto en operación el ferrocarril.
El presidente de Ferrovías de Guatemala, Henry Posner III, afirmó que la demanda procede debido a que el gobierno del presidente Oscar Berger declaró lesivo el contrato de usufructo en 2006 cuando el TLC estaba vigente.
La demanda se presentó en la oficina del TLC en el Ministerio de Economía de Guatemala, a fin de que se instaure un juicio de arbitraje internacional contra el Estado guatemalteco.
Posner precisó que el TLC contempla un capítulo de resolución de conflictos entre inversionista y el Estado, que se aplica en este caso debido al daño económico de la empresa Ferrovías por la declaración del gobierno de lesividad.
El presidente de RDC, Robert Pietrandrea, explicó que la compañía tenía una expectativa de ganancias por 250 millones de dólares en los 50 años de la concesión ferrocarrilera.
Sin embargo, la expectativa no se ha cumplido y las pérdidas de RDC se derivan de la imposibilidad de ejercer operaciones de la ex empresa estatal Ferrocarriles de Guatemala (Fegua).
La asesora legal de RDC, Regina Vargo, quien fue jefa de la misión de Estados Unidos en el proceso de negociación del CAFTA (tratado comercial regional con Estados Unidos), señaló que la empresa estadounidense “tiene el derecho de llevar este caso a un juicio de arbitraje internacional”.
En síntesis, Guatemala, como país, está acusada internacionalmente por Estados Unidos por violar el TLC y puede ser condenada a pagar 65 millones de dólares a una empresa extranjera que no ha invertido ni un len en nuestro territorio. La propia jefa de la misión negociadora del TLC por parte del gobierno yankee apoya la demanda contra Guatemala.
Se trata, pues, de un robo legal, amparado en esa monstruosidad de tratado. Se trata de una nueva agresión contra el pueblo guatemalteco que es, al final, quien termina pagando hasta el último de los dólares que se quieren robar los gringos.
¡Y este descaro ocurre al día siguiente de la visita de Bush! De hecho, hace pocos días tanto Bush como Berger se lucieron hablando bellezas sobre el TLC. El primero, probablemente, por descarado y cínico. El segundo, sin duda por servil e ignorante.
Ante semejantes efectos como los ya materializados, es hora de que las autoridades se pronuncien de manera clara y contundente en denuncia de ese Tratado. La Corte de Constitucionalidad, en primera instancia, tiene la palabra.
Lo cierto es que los capos del crimen organizado en Guatemala, con todo y lo corruptos, ladrones, asesinos y criminales que son, parecen inocentes niños de pecho a la par de estos sinvergüenzas que quieren saquear al país en nombre del libre comercio.
Por todo ello es que en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en República Dominicana e incluso en los propios Estados Unidos, contra el TLC,
¡La lucha sigue!
Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios Públicos y Los Recursos Naturales
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