Habrá una prueba de fuego para el presidente Luis Guillermo Solís, la negociación salarial del sector público, que arrancaría esta semana.
El déficit fiscal no es una excusa válida para oponerse a un buen aumento, dijo Albino Vargas, secretario de uno de los sindicatos más poderosos del país, en una entrevista exclusiva con LA REPÚBLICA.
Las expectativas de los sindicalistas son altas, sobre todo si se considera que el PAC criticó durante años la afectación en la gente pobre, a raíz de las supuestas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores.
De entrada los sindicatos exigen el doble del aumento máximo del 2%, que les dieron a los trabajadores del sector privado, que ganan más de ¢300 mil.
¿Es el déficit fiscal una excusa para decretar alzas leves en los salarios?
Nosotros discrepamos radicalmente de que se quiera hacer una relación entre esos dos temas.
No podemos discutir las remuneraciones en el sector público vinculándolas con el tema casi satánico del déficit fiscal.
Me parece que eso distorsiona y enrarece cualquier discusión.
El déficit no se va a resolver quitándoles a los empleados la disponibilidad o dedicación exclusiva.
¿Está la posibilidad de huelga si el incremento no cumple las expectativas?
Por supuesto, recordemos que hace seis meses apenas nos dieron un 0,43%.
No sé si para este semestre habrá bochinche, pero sí es claro que nunca renunciaremos a este instrumento como medida de presión.
¿Qué expectativa tiene la ANEP de esta primera negociación para el sector público?
La expectativa es que el expediente de los decretazos salariales se cierre de una vez por todas.
También tenemos la esperanza de que se construya una política salarial, para los siguientes cuatro años evitar bochinches por temas salariales.
Al sector privado le dieron un 2,23% de incremento, ¿cuánto esperan ustedes para el sector público?
Nosotros creemos que el punto de partida es un 4,14% que es la inflación del primer semestre.
¿Debe el sector público recibir un mismo porcentaje de aumento?
No, porque hay una división importante entre los mismos empleados del sector público.
Hay un grupo de trabajadores, que tienen salarios de lujo de más de ¢5 millones, mientras que otros tienen sueldos precarios que no alcanzan para nada.
Al médico que gana ¢18 millones al mes, no le va a importar si le dan un 0,43% o un 5% de aumento, mientras que a un policía sí le va a afectar.
¿Son los salarios el principal disparador del gasto como han indicado economistas, medios de comunicación y la oposición?
Los responsables del déficit son otras situaciones como las exoneraciones y la evasión.
Imagine que tan solo los impuestos que no se cobran representan un 6% del PIB.
Ese mismo porcentaje se podría obtener al calcular las exoneraciones que están vigentes.
¿Cree usted que el Gobierno se plantea esos dos temas de manera seria?
Ha sido tímido.
Hasta el momento trata de ser cuidadoso y no buscarse problemas; sin embargo, si no les entra a ambos aspectos Costa Rica no va a progresar.
¿Cuáles elementos debe incluir la política salarial?
El Gobierno debe tener la valentía de enfrentar al gremio de los médicos para aprobar una ley que desenganche los salarios bases de ese grupo, con el de los funcionarios públicos.
También tenemos que hablar de la calidad y productividad en el servicio público, a través de procesos que midan la eficacia para definir salarios.
