Ante la creciente ola de molestia ciudadana por el altísimo precio de los combustibles y sus constantes alzas, tanto el señor Presidente de la Republica, don Luis Guillermo Solís Rivera; como su Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, indicaron que “no tienen” el control de tal circunstancia, que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es “autónoma” y que, por tanto, “no puedan hacer nada al respecto”. Tal excusa es, sencillamente, ¡inadmisible!
La naturaleza perversa de castigar a la población con una carga fiscal alta sobre el precio de los combustibles, exige fuertes decisiones políticas para tomar el control de los mismos en aras del supremo interés ciudadano; tanto el que se representa como clase trabajadora, como el que constituye el aparato productivo mismo que, a final de cuentas, a su vez, descarga en los consumidores el impacto en los costos de producción de tales alzas.
Si el problema es cómo llenar el “hueco fiscal” al disminuir la excesiva carga tributaria que pesa sobre el precio de los combustibles, especialmente la gasolina y el diesel, porque el Gobierno se “quedaría” sin plata; entonces que se “agarre el torno por los cuernos” y se proceda a medidas fuertes que aunque enojen a sectores poderosos de la hegemonía dominante, el pueblo trabajador y productor agobiado por esta situación, apoyaría valientes decisiones presidenciales y ejecutivas de la actual administración.
Si “no se tiene el control”, entonces, que se tomen medidas fuertes para tenerlo. Veamos algunas:
UNO: Opción Venezuela. El Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Jorge Arreaza, vino a la toma de posesión del Presidente Solís y dejó la puerta abierta para una cooperación bilateral en materia de energía. Además, dejemos atrás los “dinosáuricos” prejuicios ideológicos y reactivemos el proceso nacional correspondiente para que Costa Rica ingrese a Petrocaribe. Según conocimos en su momento, el país podría tener que pagar la factura petrolera en mejores condiciones de hasta un 50 % a cancelar en un plazo de 20 años. En la administración Arias Sánchez, la ANEP planteó, por vez, primera esta opción.
DOS: Al día se da en el país una gigantesca cantidad de operaciones financiero-bancarias. El último dato que se tiene, generado por la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) es del año 2012, cuando se registraron 1 millón 700 mil operaciones con movimientos de 10 mil dólares o más. Es decir, cada 24 horas, hay unas 4.357 operaciones financiero-bancarias de, al menos, 10 mil dólares o más. Solamente los sectores altos tienen esas cantidades de dinero; y, además, para nadie es un secreto que hay dinero sucio de por medio en estas operaciones.
Es decir, en ese año 2012, los bancos públicos y privados costarricenses, movieron ¡17 mil millones de dólares! y si todas esas operaciones fueron de una suma única: 10 mil dólares, entonces, en colones, hablamos de ¡8 billones 500 mil millones de colones!
Si a cada una de esos 1 millón 700 mil movimientos bancario-financiero anuales se les cobrara una tasa especial de un 1 % por una especie de “peaje” entre banco y banco (por ejemplo), el fisco recibiría, nada más y nada menos que, 85 mil millones de colones al año; cantidad enorme que aliviaría, en demasía, la carga tributaria que pesa sobre el precio de los combustibles, bajándolos sensiblemente. Este tipo de tributo es lo que ya se está impulsando en el seno de la Unión Europea (UE): el impuesto “Robin Hood”, o Tasa Tobin.
TRES: Cambiar la ley de la Aresep. Formular cambios en su ley de tal forma que, por un lado, el esquema de mercado absoluto de sesgo neoliberal deje de impregnar sus decisiones; por otro, para redefinir su proceso interno de toma de decisiones que, necesariamente obligue a considerar la opinión de la Presidencia de la República a la hora de fijaciones tarifarias que van en contra del común a fin de que las mismas se liguen la política social de reducción de la desigualdad. Además, revisar su sistema de cobro de cánones para aliviar la carga que pesa sobre muchas de las definiciones tarifarias que la Aresep impone, evitando que sirvan para financiar los abusivos salarios de su cúpula político-tecnocrática.
¡Sí hay opciones para bajar el precio de los combustibles! El domingo 6 de abril el pueblo trabajador eligió a don Luis Guillermo Solís Rivera, como Presidente de la República; no se eligió a la Aresep ni a los entes reguladores. Tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa deben actuar al unísono en tal sentido.
