La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto con su organización sindical en el Ministerio de Hacienda (la Seccional ANEP-Hacienda), ha tenido una lucha frontal y de constante denuncia contra la escandalosa magnitud que alcanza la defraudación fiscal en nuestro país.
Defraudación fiscal que se disfraza en perversas formas legales como las que, “de manera elegante”, se denominan elusión o por medio de maniobras truculentas y de crimen organizado, que conllevan al robo descarado de impuestos y que se conocen como evasión.
Con esta perspectiva tributaria, no solo repudiamos a los evasores con ropaje legal o sin él, sino que también nuestro dedo acusador se extiende a cualquier acción que se realice, sin importar quién la haga o de dónde provenga, que lo que pretenda sea favorecer, promover y dejar impune el menor pago de impuestos por parte de estos malos ciudadanos costarricenses, quienes con su ilegal y antiético proceder provocan mayor pobreza y más desigualdad y que el déficit fiscal siga creciendo; consecuentemente, augurándose tiempos tormentosos para nuestra sociedad.
Con respecto a la pérdida de expedientes pendientes de cobro judicial en el Ministerio de Hacienda, que ha denunciado el Diario Extra, el más leído y el de mayor circulación en Costa Rica; consideramos que las autoridades hacendarias deben tomar conciencia de que pese al rol estratégico que tiene la Oficina de Cobros Judiciales y su cobertura en todo el país, esta área ha estado en el olvido y en el abandono por parte de las más altas autoridades hacendarias, lo cual ha generado serias deficiencias que afectan notablemente sus trascendentales funciones. ANEP y su Seccional ANEP-Hacienda hace ya bastante rato que hemos venido denunciando esta calamitosa situación.
Solo para citar algunas de sus debilidades, tenemos que su planilla de abogados ha sido diezmada considerablemente. En la actualidad, únicamente cuenta con 10 o 12 de esos profesionales, para efectuar las múltiples gestiones de cobro de las sumas adeudadas al Estado.
También hay una seria escasez de su personal administrativo que no logra dar abasto en la atención del público y para cubrir los numerosos trámites que se efectúan en esa oficina, sin considerar la gran cantidad de trabajo que se produce en esa unidad.
Tampoco hay un notificador que se dedique a tiempo completo a la comunicación de los avisos de cobro. Además, solamente tiene un vehículo asignado y, aparentemente, por falta de contenido presupuestario no ha sido llevado a la revisión técnica vehicular lo cual impide su libre circulación. Por otro lado, no se dispone de personal con conocimientos especializados en Archivística que aseguren un buen registro, manejo y control de los expedientes.
Con el transcurso del tiempo, los problemas y debilidades de la Oficina de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda se han ido acumulando y agravando. Por parte de las jerarquías correspondientes que han estado en los diferentes gobiernos, no ha habido una respuesta oportuna y convincente para remediar estos males y tratar de que por medio del aporte de recursos materiales, de la implementación de tecnología de punta y del aumento y motivación de su personal, cambie la perspectiva y orientación que debe tener esta oficina, con el fin de buscar su fortalecimiento y mejora; y que esta se pueda proyectar plenamente y en óptimas condiciones en su función vital de cobrar las deudas morosas que se mantienen con el Estado y aumentar la recaudación tributaria.
Creemos que se debe instaurar el expediente electrónico sobre el cual desde hace bastante tiempo se viene comentando; y que se debe apresurar la regionalización de la gestión de cobro judicial para que de esta manera se disminuya su excesiva carga de trabajo y se ejecuten con más eficiencia sus primordiales funciones.
En estos procesos, se debe tomar en cuenta la opinión del personal operativo, el cual conoce muy bien de toda esta problemática y que con su trabajo del día a día, ha tenido que soportar la tensión y el desgaste que han provocado las anomalías señaladas, ante la inacción y desatención de las respectivas autoridades gubernamentales.
Confiamos en la integridad y los buenos principios y valores del personal de esa oficina. Sin embargo, queremos dejar muy claro nuestra posición sindical en el sentido de que una vez concluido el inventario final de los expedientes físicos, se informe del número de casos que quedaron sin localizar y los nombres de los morosos, tanto de las personas y sociedades que se beneficiaron con el extravío de estos expedientes, además del monto de los impuestos e intereses que se dejaron de percibir por el fisco.
Adicionalmente, con respecto a estos expedientes que podrían darse como definitivamente perdidos, solicitamos que se realice una profunda y minuciosa investigación que incluya el seguimiento de la ruta de la gestión y el trámite que se les dio; y que en el caso de que se compruebe y demuestre de que hubo mano criminal y sabotaje en la pérdida de los mismos, para intencionalmente favorecer a determinados individuos y sociedades morosas en el pago de sus deudas tributarias, que a los confabuladores de estos graves hechos, se les aplique todo el peso de la ley y que asuman las consecuencias legales y laborales de sus repudiables actos, que han lastimado e impactado tan negativamente la imagen del Ministerio de Hacienda.
Queremos insistir de que en el supuesto de que queden expedientes sin localizar e independientemente de que sean 1000, 100, 50, 10, o así solo sea un único expediente que presente esa condición, que se realicen las averiguaciones pertinentes y que se les dé el respectivo seguimiento cronológico para descubrir las causas de su desaparición y posibles participantes en la comisión de actos dolosos, con la finalidad de que se sienten las debidas responsabilidades de estos lamentables eventos.
En especial, si en éstos han intervenido funcionarios y/o funcionarias de altas jerarquías y que tienen una mayor responsabilidad en la emisión de pautas y directrices encaminadas a la obtención de un buen control y una custodia segura y confiable de los expedientes.
Dichas averiguaciones deben hacerse con la mayor objetividad, imparcialidad y rigurosidad posibles, sin llegar a situaciones extremas de cacería de brujas o de querer encubrir a los verdaderos responsables y autores intelectuales, limitándose a la simplicidad y facilidad de únicamente romper el hilo por lo más delgado.
Nuestro compañero de causa en la lucha sindical y social que libramos desde la ANEP por una Costa Rica más justa, más inclusiva y más solidaria, don Jorge Fonseca Fonseca, Presidente de la actual Junta Directiva de la Seccional ANEP-Hacienda, nos contribuyó profesional, amplia y sustanciosamente para el presente artículo.
