La situación fiscal del país nos preocupa a todos.
Por eso, LA REPÚBLICA está convocando a distintos actores políticos, económicos y sociales para dibujar un camino de consenso, que nos lleve a tomar las medidas necesarias para sanear las finanzas públicas.
Para sanear las finanzas públicas, ¿cómo hacer que el gobierno sea eficiente?
Hay que evitar generalizaciones. No estamos de acuerdo en que se meta a todo el empleo público en un mismo saco.
Percibimos el desarrollo de una cruzada fundamentalista contra el empleo público y contra el gasto e inversión públicos. Es un camino muy peligroso que puede conducir a episodios de confrontación social.
Me preocupa el llamado a una revolución violenta del gasto que hace Ottón Solís.
Nosotros preferimos llamar a la calma y hemos dicho cuatro cosas fundamentales.
Primero, no se puede ver el déficit fiscal divorciado de la justicia tributaria.
Segundo, hay que dejar de satanizar el tema del déficit, y más bien establecer con cuánto déficit fiscal podemos vivir.
Tercero, debería considerarse el 100% de la estructura financiera del Estado a la hora de definir variables macroeconómicas y el tema fiscal.
Estamos aterrorizando a la sociedad, diciendo que por el déficit estamos al filo del apocalipsis y por la Asamblea solo pasa el 40% de la estructura del Estado.
Cuarto, hay caos laboral en la administración pública, ya que no se toma en cuenta toda la estructura financiera del sector público.
Estamos en una de las encrucijadas más difíciles de la historia del país.
Veo tres escenarios. El óptimo es un diálogo, hay que sentarse y dejar de creer que somos enemigos.
El segundo escenario es la parálisis total donde todo el mundo va a perder y la quiebra del Estado es posible.
El tercero es la confrontación abierta de los principales sectores para ver quién impone su hegemonía.
Para encaminarnos hacia el escenario del diálogo, ambos lados deberíamos olvidar.
Del lado nuestro, los grandes olvidos son las deudas sociales: el crecimiento de la desigualdad, la precarización del empleo y la violación al salario mínimo.
Los olvidos del otro lado incluyen el que las tarifas eléctricas afectan la competitividad, la tramitomanía, el aparato público se volvió muy grande y el déficit fiscal va a quitarle recursos que necesita el aparato productivo.
Si esto no se logra, nos vamos a hundir todos, los únicos que se salvarán son los que puedan irse del país.
Los grandes perdedores serían los pobres, la clase trabajadora y las pymes.
¿Qué se espera del sector privado?
Esperaríamos que reconozca que no hemos hecho todo lo que debíamos en materia de justicia tributaria.
El sector privado honesto que paga sus impuestos sabe que los que no lo hacen son competencia desleal.
Además tiene que asumir los desafíos de la competitividad sin avasallar a sus trabajadores.
El mejor instrumento del Código de Trabajo es la convención colectiva, que permite pactar con los trabajadores organizados en un sindicato, las jornadas que se quiere para la empresa.
El sector privado tiene que aceptar la reforma procesal laboral, que les da garantías para poder desarrollar la producción en un ambiente tranquilo.
La propuesta del Frente Amplio, el PUSC y el PAC, plantea que en servicios públicos esenciales las huelgas tienen que regularse y en algunos quedarán prohibidas.
En los casos en que haya huelgas en servicios esenciales, se tiene que garantizar ante un juez el servicio mínimo.
El inescrupuloso, el que no paga el salario mínimo y el que evade es el que debe tener miedo a la reforma.
