El próximo martes 9 de julio, a partir de las 2 de la tarde y en el mismo lugar (sede central, en barrio Tournón del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tendrá lugar la segunda reunión entre el Gobierno y las principales corrientes sindicales con representación laboral en el Estado, a fin de determinar de cuánto será el reajuste salarial para quienes trabajan en la Administración Pública, correspondiente al segundo semestre, ya iniciado, de este 2013.
Para la Presidenta Chinchilla no hay pobres entre los empleados públicos. Su alto estándar de vida no le “permite” percatarse de lo siguiente:
Al 30 de junio de 2013, según datos oficiales del Consejo Nacional de Salarios, ente adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el monto básico, el “piso” del salario mínimo (o “mínimo minimorum”), estaba en la suma de 229.777 colones; prácticamente el ingreso salarial neto de 64 mil empleados públicos (63.902, para ser exactos), que está en la suma de 233.217 colones, a esa fecha. Otros casi 39 mil (38.526), están en el rango salarial neto mensual de 233.217 a 310 mil colones.
Estos datos, extraídos de la Encuesta Nacional de Hogares, correspondiente al año 2012 y elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es absolutamente clara de que sí hay personas trabajadoras que laboran para el sector Público en condición de pobreza, pese a que la Presidenta Chinchilla no lo crea.
Unos 100 mil empleados públicos y empleadas públicas tienen que vivir con 310 mil colones, o menos, al mes; cantidad a la cual hay que quitarle los pagos por deudas que, por lo general, son deducidas de planilla.
Con la liquidez que quede, se deben pagar todos los demás gastos: agua, luz, teléfono, celular e internet (si se puede tener), pasajes de autobús y comedera (lo fundamental)… La plata no alcanza para un nivel de calidad de vida digno. En miles de estos hogares, solamente hay ese único ingreso; y, por lo general, 4 personas por hogar, con lo cual el nivel de empobrecimiento es más intenso por esa precariedad salarial.
Por eso es que reiteramos los planteamientos centrales que dejamos en mesa, el pasado viernes 5 de julio, cuando se dio la primera reunión bipartita sobre este asunto; planteamientos que vemos como los pilares para el diseño de “otra” política salarial que empiece a revertir por esta vía el sistemático crecimiento de la desigualdad en Costa Rica.
PRIMERO: 6.20% para abrir la negociación en cuanto a cifras concretas (inflación vencida, 3.24; inflación proyecta, 2.5%; 0.46, como porcentaje redistributivo de crecimiento de la riqueza por aumento del PIB).
SEGUNDO: Redefinición metodológica de la conformación de la Canasta Básica Alimentaria para establecer actualización plena a la realidad del hoy y con base en la inspiración de un nivel de calidad de vida digno, más allá del cálculo sobre la mera sobrevivencia.
TERCERO: Apertura de una nueva línea de investigación estadística oficial sobre el crecimiento de la desigualdad.
CUARTO: Apertura de una nueva línea de investigación estadística oficial sobre los niveles actuales de endeudamiento de la población trabajadora asalariada, en ambos sectores de la economía.
