Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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En verdad que el negocio no parece nada despreciable; ó, más bien, para defenderlo hay que dar absolutamente todas las batallas que sea necesario. Si producir (fabricar) una cerveza cuesta 100, sería 5 el impuesto (tesis empresarial). Pero si la cerveza, al detalle, vale 200, el impuesto será de 10 (tesis institucional). Aquí el IDA está perdiendo 5, que alguien que no es esta entidad se está ganando. Estas cifras son hipotéticas y sin sustento real, pero son indicadoras de cuál es la naturaleza del fondo de esta pelea entre, por un lado, justicia social para nuestro campesinado; y, por otro, concentración egoísta de la riqueza para quienes ya de por sí nadan en dinero.

La “pelea” por los 14 mil millones de colones se debe a un período contabilizado entre los años 2002 y 2005. La empresa indicado pagó, pero “bajo protesta” y la Contraloría General de la República (CGR) ordenó no tocar esa plata hasta (imaginamos nosotros), “que se aclaren los nublados del día”; pese a que como es perfectamente notorio y público, dicha empresa no ha “quebrado”, sigue igual de pujante y esa gigantesca cantidad de plata parece no hacerle falta, aunque sí es de gran necesidad para la política de compras de tierras del IDA en las actuales circunstancias. Y, ¿qué ha estado pasando en los períodos luego del 2005?… ¿A cuánto estará llegando la disputa?: ¿a 20 mil millones de colones ó a más?…

Bien dice el refrán que_ “para quien no quiere caldo, dos tazas”_ y, como no podía ser de otra forma en esta situación, la empresa acudió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la famosa Sala IV. Tenemos entendido que ya en el año 2006, este altamente controversial tribunal de la República, le dio la razón a la forma de cobro de tal impuesto defendida desde la institucionalidad (IDA, Ministerio de Hacienda, Tribunal Fiscal Administrativo). Sin embargo, en marzo pasado, la Sala IV, en sorprendente resolución, le ordenó al IDA parar el cobro de esos 14 mil millones de colones, pues se le dio curso a un recurso de amparo que interpuso el ya citado consorcio empresarial cervecero. ¿Qué pasó aquí?… Vaya usted a saber.

La Asamblea Legislativa debería intervenir, lo más rápidamente posible, actuando en correspondencia a las determinaciones que en sede administrativa se habían establecido en este asunto. Es más, deberían aprobar con celeridad una interpretación auténtica de la citada ley No. 6735, si es que hay alguien con dudas en el punto y que no tenga un interés de negocios de por medio. Nos parece que a tenor de lo que la Sala IV resolvió en el año 2006, sobre la metodología de cálculo del impuesto establecida en la citada normativa, es más que suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera de un programa de política pública enormemente vital para Costa Rica en los actuales momentos de una crisis de cuya responsabilidad no tenemos culpa alguna como sociedad.

Este asunto del negocio cervecero y de la responsabilidad tributaria del mismo, es de enorme interés público. Aquí hay un vivo ejemplo de cuánta verdad hay en ese enunciado empresarial de “responsabilidad social corporativa”, para un período de crisis en el cual el sacrificio mayor demandado es para quienes no poseen propiedad alguna, solamente su fuerza de trabajo: la clase trabajadora asalariada. Un parlamento realmente soberano le entraría de lleno al asunto. De ahora en adelante cada vez que se vaya a tomar una cerveza, piense en quién gana. Nosotros pensamos que deben ganar las dos partes pero con justicia y equidad.

_Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna. _

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Esa misma ley estableció, también, un impuesto del 5 % al consumo de cerveza, nacional o extranjera. A nuestro buen entender esto quiere decir que cada vez que alguien se toma una cerveza, un 5 % de lo que paga por ella, equivale a ese impuesto. Pero parece que no todos lo entendemos así.

La idea de ponerle un impuesto al consumo de cerveza tiene un extraordinario propósito de justicia social. Los dineros recaudados por dicho impuesto son para que el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), tenga los recursos suficientes que le permitan llevar justicia al campesino, por medio de compra de tierras (parcelas), para que pueda ejercer una actividad productiva de beneficio personal, familiar, social y nacional.

Por supuesto y como ya es de conocimiento público, algunos corruptos prostituyeron este noble propósito, haciendo negocios personales y familiares con la compra de parcelas a cargo de los dineros del IDA. En su momento, de manera oportuna y desde nuestras propias tiendas sindicales, hicimos la debida denuncia. Tiempo después, un noticiero de televisión hizo lo propio, llevando candente notoriedad al tema.

Pese a esa corruptela, la naturaleza social del impuesto creado sigue completamente vigente. Es más, el fracaso del modelo neoliberal de mercado, con el surgimiento de una de sus vertientes más negativas, la denominada “crisis alimentaria”; hace que recobre una vigencia estratégica el desarrollo del campo agrícola nacional, o sea, la necesidad de producir lo que como pueblo necesitamos comer (soberanía alimentaria).

Este es un asunto de seguridad nacional, como en su momento lo definieron en los propios Estados Unidos. En este nuevo escenario, en consecuencia, el IDA emerge como pivote crucial e imprescindible de la nueva política pública que debemos adoptar en este ámbito de soberanía y suficiencia alimentaria.

A la luz de esta fase determinante de nuestro devenir como nación, en el marco de la crisis internacional en desarrollo, resulta altamente censurable el condenable acto de egoísmo, típico del proceso de concentración de riqueza que nos ha sido impuesto, de las entidades empresariales responsables del cobro del tributo a la cerveza, las cuales se aferran a una metodología de cobro que le niega una impresionante cantidad de recursos al IDA.

Productora Florida S. A., subsidiaria de Florida Ice & Farm, consorcio empresarial de gran poder económico en la sociedad costarricense, se aferra en mantener una disputa que ya ha perdido en varias instancias, con lo cual se le niega al IDA el acceso a la astronómica cifra de 14 mil millones de colones, que no se pueden usar por la mencionada controversia en la metodología de cobro del impuesto. Veamos:
Mientras la empresa sostiene que la base del cálculo de ese 5 % de impuesto a la cerveza, se debe cobrar al productor; el IDA plantea que debe ser sobre el precio al detallista, dado que como es ampliamente notorio, en este producto, la fabricación y la comercialización la realiza el mismo consorcio empresarial; y, al ser esto así, resulta más que evidente la extraordinaria ganancia que queda sin cobro de impuesto alguno. La semana entrante le entregaremos, si usted nos hace el inmenso honor de leernos, la segunda parte de este comentario.