En el seno del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa debatiremos, próximamente, la iniciativa para impulsar un referéndum tendiente a que la actual Asamblea Legislativa disponga, al respecto del Salario Mínimo en el sector privado de la economía, someter a discusión y a eventual aprobación, el expediente legislativo No. 19.312; el cual tiene un nombre oficial técnico-parlamentario muy largo que, exactamente dice así:
“Ley del Salario Mínimo Vital Reforma de los artículos 177 del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943, del Artículo 16 y Creación del Artículo 16 BIS de la Ley de Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional de Salarios, Ley No. 832, de 4 de noviembre de 1949”.
Patria Justa y otras entidades socio-sindicales con interés en el tema, tienen la suficiente estructura organizativa para recolectar las 160 mil firmas de ciudadanos y de ciudadanas que se requieren para realizar este referéndum.
Patria Justa, por ejemplo, pondría en el proceso de recolección de firmas a la gran cantidad de dirigentes sindicales que integran cada una de sus organizaciones, facilitando la recolección de firmas en los centros de trabajo del sector Público (antes de entrar y luego de salir de las labores cotidianas); en las comunidades donde viven los mismos y sus familias y que comparten espacios residenciales con personas trabajadoras en el sector privado; en las ferias del agricultor y en los parques a la salida de misa.
Citamos ello solamente para dar idea de que sí podemos desplegar una capacidad recolectara de firmas en tiempo record, una vez que sea tesis oficial de nuestra lucha actual.
Esta iniciativa de un referéndum para cambiar el actual sistema de salarios mínimos vigentes en el sector privado de la economía y, por tanto, establecer la “Ley del Salario Mínimo Vital”, no tendría problemas de legalidad, en el tanto y de acuerdo con la ley del referéndum, no estamos consultando al pueblo temas fiscales-presupuestarios, mismos que como bien sabemos, tienen impedimento jurídico-legal para ser sometidos a referéndum.
La iniciativa para impulsar la “Ley del Salario Mínimo Vital” forma parte de los acuerdos del proceso “Una agenda patriótica para el bien común” (punto 3.4), suscritos entre el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA y con los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (PFA); acuerdos firmados ante todo el país, de manera transparente, el pasado 26 de junio en el Teatro Popular Melico Salazar.
Este punto 3.4 de los indicados acuerdos, concretamente indica: “3.4. Impulsar iniciativas orientadas a lograr un incremento del salario mínimo de las y los trabajadores del sector privado más próximo a las necesidades básicas de consumo vital, tal como lo propone el proyecto con expediente No. 19.312”.
La iniciativa que estamos anunciando es de exclusiva responsabilidad del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA y no está contemplando ningún involucramiento de ambos partidos, a los cuales sí se les informará de la misma.
La lucha por los salarios, por los salarios decentes, en contra de la precarización de los mismos y contra la reversión de aquellos sistemas salariales que no están sufriendo la explotación actual por la concepción prevaleciente en materia de salarios mínimos en el sector Privado, es una función de naturaleza sindical, esencialmente.
Victor dice:
Me parece excelente la iniciativa, el día de hoy se publicó que el Partido Libertario planea recolectar firmas para impulsar un referendum sobre la Ley de Empleo Público, creo que si todo el sector público se une perfectamente le podemos dar vuelta a la tortilla en contra de ellos. Creo que sólo en el sector público sosmos mucho más de 160.000 trabajadores, que es la cantidad de firmas necesaria para convocar un referendum, y ante la amendaza de nuestro salario y el bienestar de nuestras familias creo que la gran mayoría apoyaríamos la iniciativa. Por ejemplo, podríamos proponer que se ponga tope a los salarios de los diputados, que sus aumentos anuales se establezcan igual que se hace con el resto de los empleados públicos, que se les rebaje del salario cada ausencia a su trabajo, que únicamente tengan derecho a dos semanas de vacaciones al año, que se les restrinja la cantidad de asesores, y que se elimine de una vez por todas la alcahuetería de la cuota de combustible. La gran mayoría de trabajadores, públicos o privados, tenemos que costear con nuestro propio salario los gastos de transporte hacia nuestros centros de trabajo. No se explica entonces porqué los diputados deban contar con ese privilegio, ese gasto ya va incluído en su salario. Y si es que necesitan salir de gira de trabajo, que lo hagan como todos los servidores públicos, en vehículos oficiales y bajo los controles de rigor. Se debe aprovechar también para incluir la regulación a las pensiones de lujo, como la del padre de Otto Guevara, hay que darles por donde más les duela.
Por otra parte, el pasado 2 de setiembre un diario digital muy conocido publicó que otro diario, perteneciente a un grupo económico muy poderoso, y que ha sido uno de los principales instigadores en contra de los servidores públicos, perdió ¢ 1,825 millones en un semestre. Cabe la duda de que sea una artimaña más para evadir impuestos, pero, igualmente podríamos tomar medidas en contra de ese famoso diario. Repito, en ocasiones se ha dicho que somos alrededor de 300000 personas las que laboramos en el sector público. Estoy muy seguro que un alto porcentaje gracias a nuestro salario tendremos el poder adquisitivo necesario para pagar una suscripción a un periódico o al menos comprarlo con regularidad, o comprar, aunque sea ocasionalmente, cualquier otro servicio de los que vende ese grupo empresarial, como publicidad para compra-venta de bienes, etc. Si nos ponemos a analizar, de una u otra forma le estamos dando recursos a este grupúsculo para que nos siga atacando, esto es como afilarle el hacha al verdugo que nos va a decapitar. Si los funcionarios públicos nos unimos en una campaña para dejar de consumir los productos de ese grupo empresarial innombrable, estoy seguro que sus pérdidas pasarán a ser de mucho más de ¢ 1,825 millones.