Nuestro país enfrenta un alto índice de criminalidad, los últimos dos años (2015-2016) de conformidad con los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), alcanzamos cifras con categoría de pandemia por la cantidad de homicidios registrados.
Ante esta cruda realidad las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, invocaron la inyección de recursos que permitieran la contratación de más policías, ciertamente hacen falta policías producto del alto índice de deserción, las bajas por jubilación, así como las pérdidas provocadas por algún fatal accidente.
Sin embargo, ante la improvisación que se observa es evidente que seguimos ayunos de una política de Estado en materia de seguridad ciudadana, dicha política debería contemplar no solamente la estrategia para mitigar la actividad criminal, sino también definir el perfil del policía, la edad idónea, el tiempo de formación requerido para una adecuada y profesionalizada formación.
Sin lugar a dudas, el país urge de mejorar en materia de seguridad, pero no se puede omitir que la función policial requiere cada día de mayores y mejores herramientas, o sea, no se resuelve el tema de la inseguridad con mostrar mayor presencia en las calles con funcionarios que no completan el proceso de formación, eso sería “atacar” la percepción ciudadana.
El crimen organizado, la incursión del narcotráfico, las más sofisticadas formas de delinquir hoy en día, ameritan que entendamos que la seguridad ciudadana no es únicamente un asunto de números, se requiere de continuar con el espíritu de profesionalización que pensaron nuestros legisladores al promulgar la Ley General de Policía nº 7.410, misma que data de mayo de 1994 (22 años y 9 meses), evidentemente en aquel momento la situación delincuencial, los índices de violencia y homicidios eran inferiores a los actuales. Sin embargo, el espíritu del legislador fue profesionalizar la función policial, por ello resulta inaceptable retroceder en el tiempo y pensar que la medida para atacar la ola de violencia sea poner ciudadanos vestidos de policía en las calles.
Anteriormente, hemos señalado que se requiere adecuar y mejorar la malla curricular del curso básico policial, algo que se fundamenta en nuestra experiencia en el campo policial, pero también en los estudios y análisis realizados en torno al incremento en la criminalidad y en la cada vez mayor violencia con que operan los grupos delincuenciales. En este apartado debemos dejar por fuera de responsabilidad a la Escuela Nacional de Policía, por cuanto sabemos que es la Dirección de la Fuerza Pública la que define cuánto personal se capacita y en cuanto tiempo debe salir a la calle, aunque la norma diga otra cosa.
En la anterior administración, China dono $16,3 millones, adicionales a los $25 millones que habían comprometido para construir una moderna Escuela Nacional de Policía. O sea, se construye una escuela de primer nivel, pero no se piensa que ese primer nivel deba ser acompañado de una mayor capacitación.
La malla curricular debería incluir; más tiempo de capacitación en defensa personal, manejo ofensivo y defensivo de armas de fuego, atención en caso de desastres, manejo de secuestros, control del enojo, resolución de conflictos, manejo de vehículos de emergencia, primeros auxilios y mayor tiempo en brindar conocimientos legales a los reclutas. Algunas de las citadas materias forman parte del curso básico, pero en cantidad de horas que no representa el mejor aprendizaje. Por ejemplo, podríamos ver el tiempo requerido para obtener la cinta amarilla en alguna rama de la defensa personal.
Pero ante la falta de una política en la materia, se improvisa y vemos como el Ministro de Seguridad, Luis Gustavo Mata nos dice; “No es que el policía debe estar un año ahí (en el curso) un año para verlo en la calle, no tenemos tiempo, el país necesita ver la contratación en la calle” no parece comprender el jerarca que entre mejor formados estén nuestros policías, mejor será el servicio y la respuesta que se brinde en la materia.
Es un error, pensar que se pueda resolver la inseguridad ciudadana acortando o fraccionando la formación policial, cuando por el contrario debería ampliarse su malla curricular en atención de la realidad social del momento. La función policial tiene implícito el riesgo de enfrentarse a delincuentes que cada vez usan mejores armas, mayor tecnología y muestran menos respeto por la vida. La función policial se relaciona directamente con la protección a la vida, por tanto, se debe asumir con seriedad el tema ¿Será que un estudiante de medicina pueda operar por falta de médicos en algún hospital?
Por otro lado, la deserción policial muestra cifras que deberían servir para revisar algunas cosas, por ejemplo; ¿Por qué se da tanta deserción? La misma administración habla de un aproximado de entre 480 y 600 policías que desertan por año. Podría ser por un tema de salario, por malas condiciones, producto de mal ambiente laboral, e inclusive por ausencia de vocación, lo cierto es que deberían analizarse las causas, a efectos de que la inversión hecha por el Estado en capacitación no se pierda, de lo contrario será como echar agua en un canasto, puesto que nunca se dejará de tener déficit de policías y seguiremos escuchando decir que se necesita dinero para hacer nuevas contrataciones.
Resulta interesante de analizar, porque al mismo tiempo que se observa un alto índice de desempleo, el Ministerio de Seguridad Pública requiere de pautas publicitarias para motivar que la población se interese por ser parte de la Fuerza Pública. Por ello reitero, es necesario mejorar las condiciones de los policías activos, que sus derechos sean respetados, que la administración deje de considerarlos un “número”, es evidente que la vocación es importante para cumplir tan importante función.
“No es más seguro el país que más policías tiene, sino el que menos delincuencia produce”
