Con fecha 13 de agosto de 2012, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha enviado una nota al señor Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), el MBA. don Javier Vargas Tencio, cuestionando el proceder de esta entidad en torno al caso del señor Néstor Raúl Valdelomar Barrantes, quien es el actual Director Regional de A y A para la Región Chorotega, denunciado por presunto acoso laboral y presunto abuso de poder, al punto de que la entidad se vio obligada a suspenderlo del cargo hace ya diez meses.
Tal suspensión es con goce de salario devengando un monto mensual de 2 millones 4 mil colones. Si a esta cifra sumamos los aportes de orden patronal por concepto de Seguridad Social, se llega a, prácticamente, los 3 millones de colones mensuales que salen del presupuesto institucional de A y A. Luego de diez meses de tal suspensión, la cantidad erogada por los 30 millones de colones y seguirá subiendo mes a mes, dineros que salen de los abonados que pagan puntualmente la tarifa por servicio de agua y de alcantarillado.
Lo sorprendente del caso es que A y A, que sepamos, no ha iniciado ninguna gestión de despido pese a la gravedad de los cargos que se le imputan al jerarca mencionado.
Dicho alto funcionario también ha sido denunciado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), junto con otros dirigentes políticos del partido en el Gobierno, por “simulación de gastos en campaña política”, tal como se publicó en la prensa nacional, en un caso en que se imputa al Partido Liberación Nacional (PLN), por “falsos alquileres”.
Entre las situaciones de presunto acoso laboral y de presunto abuso de poder más importantes que han afectado y continúan afectando a la región Chorotega, bajo la conducción del señor Néstor Raúl Valdelomar Barrantes, el personal afectado ha mencionado lo siguiente:
- Trámite de compra de arma de fuego de parte del Director Regional, el señor Néstor Raúl Valdelomar Barrantes, con aprobación de su superior inmediato, con la intensión, según su justificación, de “resguardar su seguridad” ante un grupo pequeño de funcionarios no de acuerdo con las acciones administrativas (Oficio RCH-SG-2011-006).
- Sus decisiones generaron grandes problemas en razón de que no respetaba la normativa vigente, haciendo incurrir en errores a los funcionarios.
- Movimientos injustificados de personal, de forma antojadiza y sin seguir un debido proceso, aislándolos y degradándolos.
- Maltrato verbal a funcionarios, utilizando vocabulario vulgar.
- Persecución sistemática a ciertos funcionarios.
- Limitación de recursos a algunos funcionarios lo que imposibilitaba el desarrollo de sus actividades y posteriormente la apertura de procedimientos disciplinarios, así como el atraso y acumulación de trámites en la Región, afectando directamente a los clientes de A y A.
Las informaciones recabadas por la ANEP en este caso, indican que el citado jerarca tiene un fortísimo compadrazgo político oficialista del gamonalismo localista del cantón de Liberia, lo que le sirve de “escudo” para evitar que se dé la apertura de una gestión de despido como estima la ANEP que ya debería haberse realizado.
Estamos seguros de que si se tratase de un trabajador o una trabajadora de base, ya sea que fuese una persona profesional, o de los niveles operativos o administrativos, se habría actuado con celeridad y contundencia.
La ANEP espera que esta denuncia pública motive a las autoridades políticas centrales de A y A, en especial a su Gerencia General, a resolver esta situación que día a día va en detrimento del patrimonio institucional.
