Se trata de un evidente nombramiento político, ya que entre los miles de notarios inscritos en el país se escogió al señor Pal, cónyuge de la jefa de fracción del PLN diputada Mayi Antillón, quien además es apoderado en materia de propiedad intelectual, específicamente de inscripción y defensa de patentes de invención de medicamentos, de varias compañías transnacionales de Estados Unidos, entre ellas la Pfizer Inc., que es una de las empresas que más tramitaciones de este tipo hace en el país.
Entre las atribuciones de la Junta Administrativa del Registro Nacional, donde participa el señor Pal Hegedus, está la de seleccionar y proponer a tres de los cinco miembros que integran el Tribunal Registral Administrativo, creado en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.
Dentro de las competencias de este Tribunal Registral Administrativo según la ley mencionada, se encuentra la de resolver los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas dictadas por todos los registros que conforman el Registro Nacional, lo cual incluye al Registro de Propiedad Industrial, lugar donde se inscriben las patentes de invención de medicamentos.
De manera que el cónyuge de la Diputada Antillón no sólo representa los intereses de empresas farmacéuticas que se beneficiarían con la eventual aprobación del TLC, sino que además forma parte de la Junta Administrativa del Registro, que para efectos de decisiones que les afecten, tiene injerencia directa en la integración del órgano que debe resolver las apelaciones que se formulen en materia de patentes. Asimismo, una vez que el Poder Ejecutivo nombre a los tres miembros del Tribunal Registral Adminitrativo, que le compete sugerir a la Junta Administrativa del Registro, será la Asamblea Legislativa la que los ratificará, donde es parte la diputada Antillón Guerrero.
Además, desde el punto de vista de la injerencia en aspectos administrativos, se informó recientemente de una serie de medidas que según la Ministra de Justicia, tienen el propósito de poner el Registro Nacional “a tono con los tratados internacionales”; incluyendo la inversión de $3 millones para la renovación del equipo tecnológico, la creación de nuevas plazas y la capacitación del personal vinculado a la inscripción de archivos.
En la información se consigna que se trata de superar el rezago en la realización de estudios de fondo, por lo que según la Ministra se han acumulado entre 1996 y 2006 un total de 329, de los cuales 138 análisis (41%) corresponden al área farmacéutica. Parece evidente el interés del señor Pal, meramente administrativo, de que se avance en este proceso de adecuación a las normativas de propiedad intelectual.
A lo anterior se suma lo que podríamos llamar la influencia en la orientación de las reformas, ya que por ejemplo en la presente semana se efectúa en el Hotel Radisson Europa el Seminario sobre Derechos de Propiedad Intelectual, convocado por el Registro Nacional y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde comparten tribuna el señor Wayne Roberts, por Pfizer Nueva York y don Luis Pal, en su condición de abogado. El primero de ellos diserta sobre “Falsificación de marcas en productos farmacéuticos”, mientras el segundo sobre “Régimen de acciones administrativas y judiciales en materia de patentes en Costa Rica”.
No hay duda de que en este caso el señor Pal actúa como juez y parte, que beneficia a las transnacionales farmacéuticas que representa, mientras se hace más evidente el conflicto de intereses de la diputada jefa de fracción del PLN, con el TLC.
