Hay un criterio generalizado de que el poder que han logrado tener las gigantescas corporaciones multinacionales, las empresas transnacionales, está llegando a niveles impensados de anulación de la soberanía de los Estados.
En especial, la soberanía de los Estados de aquellos países (la mayoría del orbe), que no están formando parte de esos grandes bloques que están disputándose la hegemonía planetaria en estos momentos mediando sus TLC, sus guerras económicas y hasta los conflictos bélico-militares según lo atestiguan los acontecimientos actuales.
Es más, bastantes personas estudiosas y entidades de alta especialización en cuanto a estudios de la geopolítica mundial, sostienen que vamos hacia un gobierno global cuya hegemonía estaría centrada en esas gigantescas corporaciones multinacionales.
Valga aquí hacer esta anotación “al margen”: nos llama mucho la atención que los principales jerarcas del próximo presidente estadounidense, Mr. Trump, sean grandes y poderosos ejecutivos de este tipo de megacorporaciones empresariales transnacionales.
En el marco de toda esta situación es bueno que los y que las costarricenses podamos enterarnos de un proceso sociopolítico que está en desarrollo a nivel de las propias Naciones Unidas (ONU), pero del cual no sabemos absolutamente nada en nuestro ámbito nacional.
Para la matriz mediática políticamente hegemónica en cuanto a comunicación colectiva masiva, éste es un asunto que no es noticia y, por tanto, ideológicamente no conviene que pueblos como el nuestro que estamos sujetos a esos poderes corporativo-empresariales multinacionales, tomemos nota y debida conciencia de dicho proceso.
Fíjese usted que el Consejo de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en idioma inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tomó una histórica decisión, el 26 de junio de 2014, para la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los Derechos Humanos”, una iniciativa que propusieron Ecuador y Sudáfrica.
El asunto ha venido caminando desde entonces y para este 2017 tendrá lugar la tercera sesión del grupo de trabajo que ha venido participando en este proceso hacia este instrumento jurídico, algo totalmente novedoso para ser incorporado al conjunto de normas del Derecho Internacional.
Uno de los aspectos que debemos resaltar es que más de mil organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo han estado apoyando y propiciando que tal instrumento nazca a la vida jurídica mundial; viéndosele como “un punto de quiebre en la evolución de la normativa internacional de los derechos humanos”.
Estamos escribiendo este comentario con base en un informe sobre todo este proceso elaborado por la ciudadana María Fernanda Espinoza Garcés, quien es la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Transnacionales y Derechos Humanos y quien, a la vez, es la Representante Permanente del Ecuador ante la ONU-Ginebra. (Por cierto, creemos que sobre este tema algo habíamos escrito anteriormente).
Es gracias al servicio de noticias “América Latina en movimiento” (www.alainet.org) que podemos compartir con usted este acontecimiento. Alainet es parte importante de la articulación regional comunicacional contrahegemónica que nos permite conocer este tipo de noticias las cuales, repetimos, en Costa Rica es imposible conocer vía, por ejemplo, los latifundios mediáticos del capital y sus soportes corporativo-empresariales.
Llama la atención cómo el proceso desde su histórica resolución inicial (A/HRC/RES/26/9 26/9 ), ha ampliado su base política y social de apoyo.
En puertas de esa tercera sesión prevista para el 2017 del grupo de trabajo que promueve la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los Derechos Humanos”, la mencionada fuente nos indica que ya hay unos 80 Estados involucrados en el proceso,
destacándose la Unión Europea (UE), la Santa Sede, Palestina.
Además, entidades como el Consejo de Europa, la Cruz Roja Internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, el South Centre y unas 40 organizaciones no gubernamentales (ONG’s) con estatus consultivo con la propia ONU.
Como vemos es algo sumamente serio y de repercusiones de gran calado.
Tan grande abanico de apoyo refleja, como dice la señora Espinoza Garcés, que “…cada vez hay más voces, más países, más sectores que aspiran a establecer equilibrio y claridad a la relación entre empresas transnacionales y sus obligaciones y responsabilidades con respecto a los derechos humanos”.
Dice ella que “…se trata de un proceso necesario y oportuno para llenar un vacío en la normativa internacional de los derechos humanos”.
Se nos recalca por parte de la autora de que “…sobre todo, se trata de un proceso que busca, por un lado, servir como una herramienta preventiva y, por otro, que las víctimas de abusos corporativos tengan una herramienta jurídica general para defender sus derechos y obtener reparaciones”.
Al presente, cuando la contundencia de los resultados negativos y perversos de la imposición de la globalización neoliberal es impresionantemente inobjetable en perjuicio de las grandes mayorías de los pueblos del planeta; la lucha nacional, regional y global por la primacía de los Derechos Humanos, adquiere un carácter estratégico para la preservación de la Humanidad misma y para la salvación del planeta.
Que las poderosas corporaciones multinacionales, que las gigantescas empresas transnacionales deben rendir cuentas de sus actos a nivel de norma obligante del Derecho Internacional, es un acontecimiento que, para toda persona luchadora social consciente, especialmente en el plano sindical, no debe pasar desapercibido. La semana entrante volveremos con el tema en una segunda parte.
