Según el sexto Estado de la Nación, para 1999 el 50% de todos los activos propiedad de los bancos privados domiciliados en Costa Rica –es decir, unos $1.350 millones– se encontraba en sus entidades offshore. Esto les facilitó eludir un monto todavía no contabilizado correspondiente al pago del impuesto sobre la renta.
Esa cifra, multiplicada por un dólar equivalente a ¢300, de aquella década, implicaría que solo ese año unos ¢405.000 millones, de los cuales habría que conocer cuál fue la renta bruta, eludieron el pago correspondiente a ese impuesto.
A pesar de que la Intendencia General de Banca y Seguros tuvo una estimación menor que la calculada por el Estado de la Nación, y la situó “entre el 33% y el 35%”, esto todavía significa que al menos entre US$750 millones y US$875 millones –¢225.000 millones y ¢262.500 millones, respectivamente–, cuya renta bruta ya nunca conoceremos, no contribuyeron con el país pagando el impuesto sobre la renta que les correspondía.
Ese dinero equivale al 44,42% del monto que el proyecto de reforma fiscal Chinchilla-Solís pretendía recaudar en su versión original, y al 45,72% del déficit del Gobierno central en 2009.
Una cifra más reciente, contenida en la “_Segunda revisión del Programa Macroeconómico 2009-2010_” del Banco Central, de julio de ese año, estableció que, luego de la entrada en vigencia del Acuerdo SUGEF-8-08, por el cual se reguló, por fin, a la banca offshore, “_en diciembre del 2008 hubo un traslado de cartera crediticia de algunos bancos offshore a bancos comerciales locales (del mismo grupo financiero), operaciones que ascendieron a $530 millones, aproximadamente_” (pág. 8).
Sin embargo, el mismo documento considera que esta repatriación de capitales todavía fue “_parcial_”: “En diciembre del 2008 se registró el trasladoparcial de cartera de la banca offshore hacia bancos comerciales domésticos, con lo cual se incrementó el saldo de la liquidez total” (ídem).
La cifra oficial anterior, multiplicada por ¢526,24, que es el promedio de los tipos de cambio efectivos entre ingresos y egresos corrientes de la balanza de pagos del 2008, según el Banco Central, siendo parcial, equivale a ¢278.907 millones 200.000.
Esta riqueza representa más de la mitad –el 55,06% – de lo que buscaba recaudar el proyecto de reforma fiscal rechazada por la Sala IV, y el 48,67% del déficit del Gobierno central en el 2009.
Sin embargo, como reconoció, en agosto del 2010, el propio presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent –y uno de los banqueros que se beneficiaron de esta situación siendo miembro de la Junta Directiva del Banco Interfin, del cual el vicepresidente Luis Liberman era gerente–, la banca privada offshore costarricense existe desde finales de la década de los 70 y, en la década de los 80 llegó a acumular alrededor de US$1.000 millones (al tipo de cambio oficial promedio de ¢81,58, según el Banco Central, serían ¢81.580 millones).
¿Cuánto llegaron a acumular los bancos privados nacionales en sus offshores en la década de los 90, y hasta el año 2008, y con ello, cuánto dinero dejó de percibir el Estado costarricense por concepto de impuesto sobre la renta?
También el “_Informe del Estudio Especial efectuado en la Administración de Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Tributación_”-Informe Nro. DFOE-SAF-03-2007, del 13 de febrero de 2007, de la Contraloría, registró que las empresas dedicadas a la intermediación financiera, entre los años 2000 y 2005, tuvieron un incremento de sus activos netos de 15.6%, mientras que la renta bruta y el impuesto sobre la renta que pagaron, disminuyeron un 10.2% y un 32.3%, respectivamente.
Además, “_en el año 2005, 21 entidades financieras, de un total de 39, sea un 54%, que tienen el 69% de los activos netos y el 65% de la renta bruta, declararon impuesto sobre las utilidades con valor 0; 13 entidades que poseen un 9% de los activos netos y el 10% de la renta bruta, reportaron el 19% de dicho impuesto; y solo 5 entidades que registran el 22% de los activos netos y el 24% de la renta bruta reportaron el 81% del total del impuesto en la actividad, a nivel de grandes contribuyentes_” (pg. 11).
Importante deuda social. Es decir, que existe suficiente información para afirmar que la banca privada costarricense tiene acumulada una deuda social con el país debido a la elusión del pago del impuesto sobre la renta sobre sus capitales offshore, desde su creación a finales de los años 70 del siglo pasado y hasta finales del 2008, así como también sobre sus capitales mantenidos en el país.
Es por esta razón que el Frente Amplio considera que, con el propósito de que exista justicia tributaria, y de que la solidaridad tributaria sea efectiva, cualquier proyecto de reforma fiscal debe gravar de manera especial a los grupos financieros privados nacionales que han gozado, durante casi tres décadas, de una privilegiada exoneración del pago de este impuesto.
En este sentido, y también para materializar el principio de progresividad, el Frente Amplio propone que la tarifa del impuesto sobre la renta a pagar por las personas jurídicas dedicadas a la intermediación financiera sea del 35% o del 40%, en lugar del 30% vigente.
