La gente trabajadora asalariada del sector Público, así como sus familias, están ya en el “_ojo del huracán_”. El más reciente decretazo salarial de los 5 mil pesos, valedero para el primer semestre de este año 2012, es una señal clarísima de que la crisis fiscal en desarrollo, si no lo impedimos, hará víctimas inocentes de la misma a miles de personas que dependen para su sustento del empleo público, pese a no tener culpa alguna al respecto de esa crisis.
Hemos venido insistiendo y lo hemos de reiterar en toda oportunidad que podamos, que si no se produce en el país una Transformación Tributaria Estructural, la Revolución Tributaria de la que hablamos, podríamos llegar a la dramática y catastrófica situación de Grecia en el mediano plazo.
Gracias al esfuerzo de los 30 mil manifestantes que marcharon hasta la Casa Presidencial, el pasado miércoles 15 de febrero de 2012, la propia Presidenta de la República se vio obligada a atender a la delegación dirigente de las principales agrupaciones sindicales y gremiales que representan a las casi 200 mil personas asalariadas que laboran para la Administración Pública costarricense; entidades laborales que presentaron sus demandas a favor de la preservación del empleo público, contra el deterioro salarial y por darle una oportunidad al diálogo con negociación efectiva.
En la tarde-noche del pasado lunes 20 de febrero, con la presencia directa de la primera mandataria, la ministra de Trabajo y los ministros de la Presidencia, de Hacienda, de Educación y de Comunicación, se elaboró un acuerdo preliminar en esta materia de empleo y salarios en el sector Público.
Pese a que el Gobierno insiste en mantener el decretazo salarial de los 5 mil pesos, se reabrirá la discusión de la cuestión salarial, de manera inmediata, en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), para restaurar la vigencia del acuerdo salarial Gobierno-sindicatos del 2007 ó con base en una nueva fórmula que tenga el mismo espíritu, con elementos de cálculo de inflación vencida-inflación adelantada; de manera tal que se tenga en cuenta el reconocimiento de la inflación vencida del semestre anterior a la fijación, con elementos de cálculo para reconocer inflación adelantada del semestre posterior a la fijación.
Pese a que el Gobierno insiste en mantener el decretazo salarial de los 5 mil pesos, acepta discutir con los sindicatos el perverso contenido del decreto ejecutivo que le dio a la Autoridad Presupuestaria (AP), la rectoría en materia de empleo público y salarios, con lo cual se redujo al mínimo el papel de la Dirección General de Servicio Civil. Con ese decreto, la AP se convertiría en un especie de “_Ministerio de Reforma del Estado_” con potestades excesivas y abusivas que, estratégicamente, persiguen la reducción de la planilla pública y el peso de la masa salarial en las finanzas del Estado.
Ahora será otra historia con los sindicatos insertos en esta discusión. Se trata de darle el valor legítimo que requiere la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), en materia de empleo público y en materia de fijaciones salariales. La AP no puede tener la hegemonía en ello. Es la CNSSP que sí cuenta con representación sindical calificada. En la AP no hay voz laboral alguna.
Pese a que el Gobierno insiste en mantener el decretazo salarial de los 5 mil pesos, acepta dialogar con los sindicatos sobre su proyecto de “_Empleo Público_” (“_Salario Único_”), desistiendo de enviarlo a tramitación legislativa durante todo el tiempo que dure su análisis en la comisión que integrará con las representaciones laborales.
Recordemos que una de las pretensiones más acariciadas de los neoliberales, es el concepto de “_Salario Único_” en la Administración Pública para eliminar toda clase de pluses salariales como la dedicación exclusiva, la prohibición, la carrera profesional, las anualidades, los quinquenios, los riesgos y otros. El “_Salario Único_” sería uno de los componentes esenciales de una ley de “_Empleo Público_”.
Ahora bien, será hasta el próximo lunes 5 de marzo cuando el Gobierno y los sindicatos se sienten de nuevo, en la Casa Presidencial, a firmar el acuerdo indicado; eso sí, siempre y cuando las bases laborales de las respectivas agrupaciones gremiales y sindicales del sector le den su aval a este acuerdo en borrador.
Sí hay acuerdo, pasaremos a una segunda ronda de análisis de temas como el fiscal-tributario y el de la Caja (Seguridad Social). Desde nuestra perspectiva, modesta y respetuosa, las mayores fuerzas posibles que podamos acumular y desplegar deben tener una perspectiva estratégica: Si no se cambia la naturaleza perversamente regresiva del sistema tributario costarricense, habrá congelamiento salarial en el sector Público, muchos empleos se perderán, será más profunda la condición de deterioro de muchos de sus servicios, se impondrán el congelamiento y la rebaja salariales (con el “_salario único_” de por medio), quebrará la Caja y hasta la venta de activos podría incluirse en eventuales préstamos con entidades financieras transnacionales para arreglar el “_déficit fiscal_”.
