El TSE ha anunciado el inicio del proceso de recolección de firmas para convocar a un referendo por iniciativa popular con el objetivo de que el pueblo decida en las urnas sobre la aprobación o no de un proyecto de ley para reformar la integración y el funcionamiento de los órganos de dirección de la Caja Costarricense del Seguro Social. El objetivo declarado de esta propuesta es despolitizar la junta directiva de la CCSS, incluyendo representación de las y los asegurados, en sustitución de puestos directivos que actualmente son nombrados a dedo por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo que dice el proyecto de ley es cosa totalmente distinta.
Estamos de acuerdo con la necesidad de eliminar la ingerencia politiquera de los gobiernos de turno en la junta directiva de la CCSS. Apoyamos dar participación a las personas aseguradas, la razón de ser de la institución. Es innegable que el nombramiento político de pegabanderas debe sustituirse por procesos más transparentes y participativos, donde se apliquen mayores criterios de idoneidad y normas más rigurosas para evitar conflictos de intereses.
Pero el proyecto de ley que se pretende someter a referendo no garantiza nada de lo anterior. Según el texto publicado en el diario oficial por el TSE, se busca reformar el artículo 6, inciso 3) de la Ley Constitutiva de la CCSS para sustituir los tres representantes de la junta directiva que hoy nombra el Poder Ejecutivo por lo siguiente: “Los representantes de las personas aseguradas serán nombradas en Asamblea General de la Asociación Nacional de Asegurados de la Caja Costarricense del Seguro Social, convocada para tal efecto”.
Es decir, los cargos que actualmente designa el Poder Ejecutivo pasarían a ser nombrados por una asociación privada. He aquí el gran engaño: Las y los supuestos representantes de las personas aseguradas no serían nombrados por las personas aseguradas, sino por un grupo de personas integradas en un ente privado, que no está sujeto al más mínimo control ciudadano.
Tal como consta en el Registro Nacional, desde abril de este año se encuentra inscrita la “Asociación Nacional de Asegurados de la CCSS”, con cédula jurídica 3-002-656023, organismo privado regido por la Ley de Asociaciones. Su asamblea constitutiva fue integrada por 23 personas en calidad de “asociados fundadores”. Es decir, no trata de que las y los miles de asegurados de la CCSS nombren sus representantes, sino de entregar el control de la junta directiva de esta institución a 23 personas, que se arrogarían su representación. Alguien podría sostener que el Poder Ejecutivo hace lo mismo, pero al menos al Gobierno podemos exigirle rendición de cuentas y responsabilidad por sus decisiones. A los asociados de un organismo privado, no.
Pero, hay más. Sin duda alguna, lo más grave de este caso es que se pondría al pueblo a votar por un proyecto de ley que supuestamente cambiaría la forma de nombramiento de la junta directiva de la CCSS. Pero lo fundamental de ese cambio: quién y como se elegirían los supuestos representantes de las y los asegurados, no está definido en el proyecto que la gente votaría. Por el contrario, se delega en un ente privado.
La reforma dice que será la Asamblea General de la asociación privada la que nombrará la representación de las y los asegurados ante la junta directiva de la CCSS, pero en ninguna parte regula el funcionamiento de esa asamblea y lo más importante: quienes la integrarán con derecho a elegir. Como la ley no dice nada, estos temas quedan convenientemente delegados a los estatutos de la asociación privada, es decir, a la total discrecionalidad de sus asociados, que son los que aprueban y modifican los estatutos.
Cuando salió a la luz pública la solicitud para realizar este referendo, muchas persones solicitaron a sus promotores explicaciones sobre el funcionamiento de esta asociación, incluyendo copia actualizada de sus estatutos. Nunca quisieron entregarla. Ahora entendemos por qué.
Dice el artículo 7 de los estatutos de la asociación: “La admisión de nuevos asociados debe ser aprobada o no por la Junta Directiva por unanimidad de votos presentes en la sesión de dicho órgano que conozca la solicitud de ingreso.”
De esta forma, los miembros de la asociación no solo pretenden atribuirse la potestad de nombrar la representación de las personas aseguradas, sino que también ostentarían el poder para decidir quién es el pueblo. Quienes tienen derecho a votar para elegir a sus representantes y quienes no.
Usted puede haber trabajado arduamente en la junta de salud o en el comité de defensa de la seguridad social de su comunidad. Puede estar necesitando desesperadamente que mejore la prestación de los servicios de salud. Puede ser un cotizante modelo que nunca dejó de contribuir solidariamente con la CCSS. Pero si no cuenta con el visto bueno de 7 personas que integran la junta directiva de una asociación privada, se le negará el derecho a elegir a sus representantes. Basta que uno de estos 7 ungidos lo vete para que usted se quede sin derecho a participar en la elección de la supuesta “representación de las personas aseguradas”.
Los peligros son inmensos. Nada garantiza que los poderes fácticos interesados en privatizar la CCSS no sean admitidos como afiliados con derecho a voto en el nombramiento de su junta directiva. Nada garantiza que a quienes luchan por defender a la institución se les vete sistemáticamente, a menos que se sometan a la cúpula de una asociación privada.
Lejos de avanzar en democracia, perderíamos la poca que nos queda. De aprobarse este proyecto, los 7 ungidos tendrían injerencia vitalicia en la junta directiva de la institución más importante de este país. Si alguien quiere oponérseles, simplemente le niegan el ingreso a su asociación. Y el voto. Al menos al Poder Ejecutivo tenemos la oportunidad de cambiarlo cada 4 años.
En conclusión. Creemos firmemente en la necesidad de fortalecer y rescatar a la CCSS, por eso rechazamos rotundamente esta burda maniobra para terminar de privatizarla. Creemos furibundamente en la democracia participativa, por eso rechazamos de plano este intento mañoso por seguir prostituyendo el instituto de referendo, duramente desprestigiado después del fraude de 2007. Mientras no se corrija el proyecto de ley presentado, no debemos firmar ninguna solicitud de referendo, por más bonita que la pinten. Que no nos engañen. Defendamos la CCSS: denunciemos esta vulgar maniobra.
