ANÁLISIS
A solicitud de la Junta Directiva de la CCSS en este Informe no se realizaron recomendaciones ni se dieron soluciones, únicamente se indicaron las causas objetivas que han conducido a la debacle financiera a la Benemérita Institución.
Los últimos gobiernos han visto en el Sistema de Seguridad Social Universal y Solidario el mayor obstáculo en sus propósitos privatizadores y por ello no han dudado en exprimirle su jugo y estrangularlo hasta la asfixia. Algunos de los últimos gobernantes, al mejor estilo de forajidos del oeste, asaltaron sus arcas mediante contratos leoninos, v. gr. Préstamos español y finlandés. Esos personajes solo merecen como destino la cárcel. Otros, las mafias más sofisticadas, nombraron administradores y representantes corruptos en las Juntas Directivas de la Caja, incluyendo gremios cuestionados y adiestrados para el desequilibrio de las finanzas y para catalizar su bancarrota (no sin antes haber adquirido clínicas privadas, para aprovechar el río revuelto).
La última Gobernante, con un equipo de Gobierno inexperto y desorientado, recogió la batuta para continuar la partitura neoliberal sin compás ni ritmo, a lo que saliera, para que cada tocara a su son.
El comisionado neoliberal Eduardo Doryan sirvió de punta de lanza para este cometido, bastando solo cuatro años, del 2007 al 2010 para dejar a la CCSS en al ruina merced del desbarajuste en las operaciones emprendidas (Informe de la OPS).
Pero el problema más serio es la confluencia de dos factores críticos: En consorcio con un Gobierno moroso e irresponsable, una unión sindical UNDECA que no ha sabido hacer la diferencia entre derechos laborales y gollerías. Su principal demanda en una huelga que se avecina: el reconocimiento del 100% de las incapacidades como salario, lo cual no solo es discriminatorio con el resto del sector laboral, sino que se presta para la corrupción, al ser otorgadas por los mismos funcionaros que laboran bajo el mismo techo. Homologable a amarrar un perro con chorizo.
De esta manera se pretende perpetuar una gollería que convierte a esa Institución en el único régimen en el mundo donde resulte más rentable salarialmente estar incapacitado que laborando.
En otras palabras, sumando cuatro factores de esa gollería, sin mayor esfuerzo mental entendemos porque en esta Institución la incapacidades se multiplican 5 a 1 con relación al sector privado. A saber: 1.- Reconocimiento del 100% como parte del salario, 2.- Concubinato bajo el mismo techo con quienes las otorgan, 3.- Reconocimiento de ese rubro para aguinaldo, antigüedad, salario escolar, jubilación, etc., 4.- Exclusión de ese rubro como deducible para cargas sociales y renta. 5.- Factores todos, que combinados redundan en que sea más atractivo obtener un ingreso mayor estando incapacitado que laborando.
El fundamento del dictamen de la Procuraduría General de la República, C-118-2011, 31 de mayo de 2911, que generó esta controversia no es nuevo, ha sido reiterado y mantenido desde el 2000, y es consistente en el sentido que las incapacidades no son parte del salario, porque por dogmática-jurídica este se obtiene a través de una contraprestación de un servicio. En el caso de las incapacidades estamos frente a otra figura jurídica: las subvenciones, lo cual constituye un rubro especial. Razón por la cual el monto de las incapacidades no son tomadas en consideración para el cálculo de las retenciones, cargas sociales o renta.
En la coyuntura actual, más bien cabe preguntarse, ¿Si la primera consulta realizada a la Procuraduría fue realizada en 1999, por el entonces presidente ejecutivo Rodolfo Piza Rocafort, porqué razón se tardaron once años en aplicarla? En ese momento indicó la Procuraduría “la Administración Pública no sólo puede jurídicamente eliminar esa práctica administrativa, sino que, conforme al principio de juridicidad, tiene la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para enderezar esa situación, toda vez de que la costumbre administrativa que se ha seguido es contraria al ordenamiento jurídico”.
Más adelante agrega el Ente “Cuando exista un pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General, y la Administración consultante o sus agentes se separen de éste, o bien de la jurisprudencia administrativa existente sobre la materia, puede considerarse que dicha conducta administrativa es contraria al ordenamiento jurídico, y consecuentemente ilegal; lo que podría dar lugar al establecimiento de eventuales responsabilidades personales (administrativas, civiles e incluso penales) de quienes actuaran en esa dirección, ya sea con dolo o culpa grave.
Lo anterior nos ubica en varios escenarios: Primero. Si la principal reivindicación de la Huelga convocada concierne al rubro por incapacidades, como se ha aducido públicamente, esta es irresoluta e ilusoria, es decir, jurídicamente no tiene sentido ni sustento, porque incluso, en el hipotético caso que, en aras de evitar la suspensión de los servicios de Salud, la Administración del la CCSS accediera a este punto (como lo hizo en el pasado), esa concesión devendría en nulidad absoluta y con la simple interposición de un Recurso de Amparo se invalidaría.
Segundo, por lo indicado por la propia Contraloría, hay mérito suficiente para que el Ministerio Público de oficio o por petición de parte, inicie un proceso contra los Directivos de las Juntas anteriores por desacato de un dictamen vinculante. Si calculamos lo que se ha debido pagar en exceso durante estos 11 años, sin duda detectaremos una de las principales fugaz causantes del desequilibrio financiero.
En la acera del frente de este conflicto Gobierno vs UNDECA, se encuentran los usuarios de los servicios que brinda la CCSS, los cotizantes, quienes nos enfrentamos al desafío histórico de ver el diferendo de forma realista y no romántica: En una esquina un pugilista, el Gobierno, obcecado en privatizar y terminar con la universalización del régimen solidario, y en la otra, un sector sindical defendiendo gollerías. Dos elementos que mezclados se constituyen en nitroglicerina para el equilibrio financiero de la Institución.
Los usuarios han sido los huérfanos en esta lucha, la Defensoría de los Habitantes recién se dio por aludida, otros hemos escrito kilómetros de denuncias contra la ineficiencia, la corrupción, advirtiendo que la crisis se veía venir.
Ni las Autoridades de la Caja , ni UNDECA, ni la Unión Médica han sido diligentes en responder. Guardan silencio monacal antes que explicar porqué hay funcionarios que devengan hasta 14 millones mensuales o guardias médicas de 1 millón diarios. Nadie ha querido responder las reiteradas denuncias por las grandes carlancas denunciadas de corrupción del sector médico y las negligencias del personal hospitalario.
Dimensionando este panorama, a nadie le debe caber duda que los principales responsables han sido el Gobierno liberal de los Arias y Laura Chinchilla, pero las organizaciones sindicales desmerecen y ofenden la historia de lucha de sus antecesores cuando lo que exigen son gollerías, que también han sido detectadas como causa del deterioro de la Seguridad Social.
Si la CCSS llega a ser desmantelada, lo cual no se ve en un horizonte muy lejano, del desempleo brotarán las lágrimas de sangre de quienes irresponsablemente han coadyuvado en esta crisis.
Pero nada de lo dicho anteriormente cobra sentido si vamos a continuar escribiendo cuartilla tras cuartilla y no tomando ninguna acción. Es importante informarse y reflexionar, pero sin tomar acción esto se convierte en un ejercicio inútil. Es hora de que al menos surjan algunas propuestas concretas para mostrar que existimos y que si no estamos organizados en gremios o en partidos eso no debe ser óbice para redimir nuestros derechos ciudadanos, de usuarios y cotizantes.
Para no quedarme en el bla, bla, planteo los siguientes puntos como base de una propuesta, que mediante una marcha de “indignados” podríamos estar presentando ante los diferentes sectores comprometidos en la Crisis. La lista no es taxativa, es abierta. Puede ser ampliada, modificada o eliminada parcialmente. Eso lo decidirán quienes lo tengan a bien mediante sus comentarios.
NOSOTROS, todos usuarios, cotizantes de la CCSS, con la firme convicción de que debemos defender y fortalecer el Sistema de Seguridad Social Universal y Solidario como uno de los mayores logros de bienestar y protección del Interés Público, y ante las amenazas expresas y reconocidas públicamente por las propias Autoridades, los Sindicatos y el Informe de la Organización Panamericana de la Salud, manifestamos:
1) Exigimos a las Autoridades Hospitalarias, conforme a su Juramento Hipocrático y su Fé Cristiana (quienes la profesen) que comprometan todos sus esfuerzos en revindicar los derechos de los usuarios del Sistema Hospitalario:
a. Reduciendo los periodos programados para las citas con especialistas,
b. Habilitar a la brevedad posible el mayor número de quirófanos,
c. Mejorar la atención pre y posoperatoria,
d. Cuidar como un buen padre de familia la infraestructura y los equipos hospitalarios, evitando que se repitan situaciones análogas a las del Hospital México con los aceleradores lineales,
e. Mejorar los controles de eficacia y eficiencia del personal a su cargo para que se cumplan estrictamente los horarios establecidos en los contratos y jornadas de trabajo,
f. Evitar mediante controles estrictos la práctica de los biombos y de los internamientos por relación de familia o amistad,
g. Reducir las incapacidades a las que sean estrictamente necesarias por motivo de enfermedad y maternidad,
h. Revisar casos de mal praxis e falta de idoneidad en procedimientos calificados como los denunciados en Cardiología del Hospital de Niños.
i. Promover durante la Crisis un sistema de voluntariado que propugne los valores más preciados de nuestra ciudadanía y del Amor al Prójimo.
2) Exigir a UNDECA que reoriente su pliego de peticiones de reivindicaciones salariales, régimen de incapacidades, horas extras, guardias y disponibilidad, y que con espíritu cívico y nacionalista oriente sus esfuerzos al logro de la rehabilitación de los servicios hospitalarios y de la mística de todo su personal.
3) Exigir la Gobierno de la República que honre su deuda con la Caja, realizando los esfuerzos que sean necesarios a efecto de equilibrar los estados financieros y devolviendo la credibilidad en esa Benemérita Institución.
4) Exigir a la Junta Directiva de la CCSS que presente fidedignamente los informes contables financieros a la Contraloría General de la República a efecto de que estos profesionales coadyuven con los esfuerzos en sanear las finanzas y la puesta en marcha de un programa que atienda lo señalado en el Informe de la Organización Interamericana de la Salud (OPS)
5) Tomando en consideración que la máxima Autoridad Publica, la Presidenta de la República, la politóloga Laura Chinchilla, renunció pública y expresamente a realizar indagaciones para la búsqueda de los responsables del deterioro financiero de esa Institución, y acogiendo, por su seriedad y objetividad, los hechos acreditados en el Informe del la OPS, solicitar la inmediata renuncia del Ing. Eduardo Doryan de la Presidencia del ICE, con el objetivo de sentar responsabilidades por su deficiente gestión en el periodo 2007- 2010 y para salvaguardar los intereses públicos representados en el Instituto Costarricense de Electricidad durante el actual periodo.
Fuente: Adonay Arrieta Piedra Elpais.cr | 18/07/2011
