Como ciudadano deseo compartir con los lectores del DIARIO EXTRA mis ideas adquiridas en doce años de laborar para la CCSS y algunos datos que publica esa institución en su página www.ccss.sa.cr. Desde hace muchos años los políticos están debilitando al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual ha permanecido durante 60 años con una contribución del 7,5%, estimada cuando la esperanza de vida al nacer no superaba los 50 años y la inflación de los precios era reducida. Los aportes que se deberían utilizar para crear el régimen de capitalización los usan para rellenar el tremendo hueco cavado en el Seguro de Salud (SEM) por las administraciones del PLN y el PUSC. Por eso la contribución obrera y patronal del 15% que se aporta al SEM es el doble de la necesaria y el IVM está en bancarrota; sus reservas no alcanzan ni para financiar el 30% de las pensiones en curso.
Esto no sería tan delicado si el perfil de beneficios y requisitos de IVM combinara adecuadamente los principios de suficiencia, solidaridad y equidad, cosa que no sucede. Vemos como la Caja para disminuir el cobro al Estado, estimula a los trabajadores para que coticen por convenio y cuenta propia sobre un monto mensual de ¢72.000 y ¢101.000, respectivamente, sin pensar en el daño que se causa a los asegurados que no evaden y a las finanzas de esa institución.
Por un lado los jerarcas de la CCSS inducen a los trabajadores a pensionarse con un monto mínimo de ¢75.000, insuficiente para un adecuado nivel de vida, pues esta suma representa solamente el 48% del salario mínimo y un 27% del salario promedio cotizado a IVM. Obligan a permanecer bajo la línea de pobreza a las familias compuestas por un pensionado y al menos un dependiente, quienes en electricidad, agua, teléfono e impuestos pagan hasta ¢30.000 mensuales, quedándoles ¢45.000 para alimentación, vestido, transporte, habitación, recreación y otras necesidades.
El estímulo a la evasión contributiva produce inequidad, pues los evasores reciben pensiones superiores al salario que cotizan, mientras que los trabajadores que sí declaran sus verdaderos ingresos obtienen menos del 60% del salario cotizado. También se induce a los patronos para que contraten trabajadores sin que medie relación laboral, violentando las normas mínimas del Código de Trabajo y la Constitución Política.
Existe otra gran inequidad entre quienes cotizan hasta 40 años y se pensionan con el monto mínimo versus quienes cotizan menos de 20 años y obtienen mayores beneficios. Aún peor si se comparan con los pensionados del Régimen No Contributivo (RNC), pues en IVM con 30 años cotizados muchos reciben solo ¢25.000 adicionales a la pensión del RNC. Esta situación es sumamente delicada –grave, muy grave– ya que en IVM existen más de 75 mil pensionados que están recibiendo a lo sumo ¢75.000 mensuales. Como si esto fuera poco, la pensión promedio de IVM es de ¢112.000, suma que representa un 72% del salario mínimo, un 40% del salario promedio cotizado a IVM y un 25% de la pensión promedio de los otros regímenes a cargo del presupuesto nacional y Poder Judicial. Aunque usted no lo crea, de cada 100 pensionados de IVM más de 80 están recibiendo una pensión por debajo del salario mínimo.
Con la prima del 7,5% y las reservas de IVM en poder del Estado no es posible detener esta vergüenza. Mientras sigan usando los aportes de los asalariados para financiar el hueco creado en el SEM por los políticos y sus dos principales partidos, no será posible aumentar el monto de la pensión mínima al 70% del salario mínimo y dispersar el conglomerado de pensiones que están en el monto mínimo, de manera que los nuevos montos de pensión dependan del número de cuotas y de los salarios cotizados.
Estas graves deficiencias y otras publicadas en diversos medios, hacen imposible ocultar que a la CCSS la tienen en crisis –en cuidados intensivos para ser más precisos–. Para sacarla de ese estado y fortalecer a los tres regímenes que atiende, sugiero lo siguiente: 1) Eliminar cotizaciones sobre ingresos inferiores al salario mínimo. 2) Disminuir las contribuciones al SEM para trasladarlas a IVM. 3) Aumentar el monto de la pensión mínima al 70% del salario mínimo. 4) Ajustar los montos de las pensiones en curso según las cuotas y salarios cotizados. 5) Universalizar el SEM y el RNC. 6) Para financiar al SEM y RNC aumentar los impuestos al consumo (salvo la canasta básica), a las propiedades y a la renta de las empresas, y mejorar la recaudación. 7) Sacar los políticos de la administración de la CCSS, que la tienen convertida en botín electoral.
Varias de estas ideas fueron conocidas por los jerarcas de la Caja, quienes en lugar de estudiarlas con seriedad iniciaron una persecución contra quien suscribe ayudados por la Auditoría Interna. Obviamente en el PLN y el PUSC no existe interés de eliminar esta calamidad nacional porque ellos son sus creadores. ¿Usted, estimado lector, qué opina de todo esto?
*Profesor de UCR y Actuario de CCSS
Fuente: Diario Extra
