“SÉTIMO. El Viceministro de Trabajo gestionará ante el Ministerio de la Presidencia la solicitud de convocatoria a una mesa de diálogo sobre la situación del sistema penitenciario nacional”. Así indica el último punto de un acuerdo suscrito (a propósito de una reivindicación laboral pendiente), el pasado jueves 14 de noviembre de 2014, entre los Ministerios de Justicia y Paz y de Trabajo y Seguridad Social, con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que tiene el mérito de establecer, por vez primera y a nivel oficial de la política pública, que el Sistema Penitenciario Nacional de Costa Rica sufre la crisis más grave de toda su historia; tal y como fuera reconocido en esa negociación por la propia señora ministra de Justicia y Paz, la licenciada Cristina Ramírez Chavarría.
Culmina así para la ANEP una primera fase de un esfuerzo sostenido a lo largo de los últimos años tratando de sensibilizar a las autoridades de la República de que hay una crisis en el Sistema Penitenciario Nacional. Particularmente, en la administración gubernativa anterior, se logró sensibilizar al hoy partido en el Gobierno y a la Defensoría de los Habitantes de la República.
Solamente el abnegado compromiso del personal de las cárceles costarricenses, en sus distintos sectores laborales componentes (profesional, técnico, administrativo, operativo y policial), intermediando una mística inigualable de vocación de servicio público en medio de una gran precariedad institucional y ocupacional ha impedido que como sociedad hayamos sufrido una “matazón” intramuros penitenciarios, habida cuenta de la gran presión que en su interior se viene acumulando desde hace ya varias Administraciones.
En las cárceles costarricenses de hoy y por una serie de conjunción de factores que no podríamos mencionar ahora por problemas de espacio para efectos de este comentario, hay más gente internada pero menos gente servidora pública para atenderla como se debe y menos plata, presupuestariamente hablando, para cumplir tal labor con una cierta dignidad y efectividad.
Prácticamente podría catalogarse como un acto de irresponsabilidad mayúscula y cuasi criminal el recorte de casi 6 mil millones de colones en el Presupuesto del año entrante para la cartera ministerial de Justicia y Paz. Los diputados del fundamentalismo neoliberal, promotores de este ataque social, podrían cargar sobre sus espaldas dolorosos episodios de confrontación intramuros carcelarios, producto de un elevamiento de las tensiones de la convivencia interna debido al incremento de la precariedad de la misma, al agravarse esta por tal recorte.
Queda la esperanza de que el propio Presidente de la República y su Ministro de la Presidencia den el aval al planteamiento del punto indicado de la negociación a la que hemos hecho alusión.
Hace ya año y medio que le planteamos al país y desde la ANEP, una “Solicitud de declaratoria de Estado de Emergencia Nacional del Sistema Penitenciario Nacional”; con serios argumentos propositivos de que “Se debe enfrentar con seriedad y revertir el crecimiento deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”. Incluso, en consulta con muchas personas versadas en el tema, hasta formulamos el “Manifiesto por la seguridad ciudadana”, el cual propone un Encuentro Nacional “Construyendo la innovación penitenciaria”.
Abrigamos la esperanza de que el tema penitenciario ocupe un lugar privilegiado en la agenda nacional y que alcance un nivel político dentro de los procesos que se promueven de “diálogo nacional”. Hacemos un llamado a personalidades y entidades con interés en el tema, para que valoren esta iniciativa; tanto como apelamos a la sensibilidad y solidaridad de las personas familiares de quienes están privados de libertad para que respalden y se sumen a este esfuerzo.
