Fue en el presente Gobierno del presidente Solís Rivera donde, por primera vez, una administración tributaria reconoce, oficialmente, la magnitud del fraude fiscal-tributario-impositivo en Costa Rica: 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB). Sin mezquindad de por medio, es un avance que reconocemos hacia la Transformación Tributaria Estructural por la que venimos abogando hace ya bastante tiempo.
Recientemente, la Contraloría General de la República (CGR) ha denunciado que en este tema del robo de impuestos hay enormes problemas en el ámbito de lo que técnica y eufemísticamente denominan las autoridades hacendarias del país como “grandes contribuyentes”. En el caso costarricense, son consorcios corporativo-empresariales que mueven sumas de dineros más allá de los 40 mil millones de colones anuales.
Para no pagar impuestos estos gigantes de la empresa privada alegan algo así como “ganancias cero” para huir de sus responsabilidades tributarias. Entendemos que el presente Gobierno quiere empezar a cambiar eso y ha mandado algunos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa en tal sentido, a fin de hacer más difícil el robo de impuestos y el fraude tributario en casos como este de los “grandes contribuyentes”. Eso está bien.
También entendemos que el Partido Liberación Nacional (PLN) es el principal opositor a esas nuevas legislaciones para el fraude de impuestos que para nosotros es un crimen social. Eso está mal.
El fenómeno del robo de impuestos a nivel global constituye una preocupación estratégica de los movimientos sociales planetarios, incluido el sindical.
En el caso costarricense, esos “grandes contribuyentes” deberían ser identificados, pues no es nada raro que algunas (o todas) sean empresas con ligámenes, con vínculos, que sean sucursales o franquicias de corporaciones multinacionales (estadounidenses, por ejemplo).
“Un sistema aún roto” es el título en idioma español del más reciente informe sobre el sistema tributario mundial, publicado por una coalición social en la materia formada por la Red de Justicia Fiscal, Oxfam, la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal y la Internacional de Servicios Públicos (ISP). En Costa Rica, nos sentimos involucrados y motivados por este esfuerzo, dado que somos la principal entidad sindical referente de la ISP en nuestro país.
La Red de Justicia Fiscal, Oxfam, la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal y la Internacional de Servicios Públicos están instando al G20 para que apoye más reformas del sistema tributario mundial, en las que participen todos los países en pie de igualdad.
Estas reformas deberían abordar eficazmente las prácticas fiscales perniciosas, como el desvío de beneficios y la utilización de los paraísos fiscales por parte de las empresas, y debería poner fin a la espiral descendente de los impuestos de sociedades en general.
Como sabemos el G20 es un foro del capital para la toma de las más grandes decisiones económico-ideológicas de la política internacional; foro que incluye a los 7 países más industrializados: Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido Francia, Italia y Canadá; junto a Rusia y a la Unión Europea (UE), conceptuada como bloque económico. Once países completan el G20: China, Argentina, Brasil, México, Australia, Turquía, Indonesia, Corea del Sur, India, Sudáfrica y España.
Este informe, “Un sistema aún roto”, afirma de manera contundente que los países del G20 están entre los que más pierden por el fraude fiscal a gran escala, pero los países pobres son los más afectados en términos relativos
En términos generales, se estima que las multinacionales estadounidenses, con objeto de reducir sus obligaciones fiscales, desviaron en 2012 entre 500.000 y 700.000 millones de USD.
