¡Párenla ya! ¡No hay punto medio! La fuerza de la razón… o la razón de la fuerza. La fuerza de la razón está indicándonos datos contundentes de que es la desigualdad el problema número uno de nuestra sociedad. La sordera de la hegemonía político-económica dominante, la del poder real, está resultando espantosamente irresponsable y peligrosamente provocadora.
“La desigualdad es un tema crítico en Costa Rica” no es una frase, un criterio, un eslogan de un sindicalista. ¡No! Es la opinión autorizada de la señora Alice Shackelford, experta en derecho internacional y embajadora en nuestro país de las Naciones Unidas (ONU), representante del actual secretario general de esta organización, el señor Ban Ki-moon, acreditada como coordinadora residente para Costa Rica; y, además, es la autoridad en suelo nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La fuerza de la razón ha sido contundente: “La desigualdad es un tema crítico en Costa Rica”. (Véase Diario Extra del pasado jueves 14 de julio de 2016).
Que estamos agobiados y atemorizados por tantas formas de violencia (social, criminal, económica). ¡Sí!… Que hay mucha corrupción y que gentes inescrupulosas del sector Público y otras no menos inescrupulosas del sector privado, se coluden para delinquir con los fondos públicos, directa o indirectamente. ¡Sí! Máxime que tenemos un fiscal general de la República que se ha hecho de la vista gorda con enormes casos de presuntas corruptelas que, para mayor indignidad, seguramente quedarán impunes… Que estamos empezando a transitar la peligrosa senda de un Estado fallido luego de que el crimen organizado y el negocio ilícito del narcotráfico terminen por apoderarse de nuestra propia nación. ¡Sí!
Pero, sin embargo, por encima de esos tres grandes problemas que, en uno u otro sentido, están carcomiendo la institucionalidad democrática, está el de la desigualdad, creciendo sistemáticamente, sin parar, excluyendo cada vez más gente.
La fuerza de la razón da cuenta de que entre mayo de 2015 y mayo de 2016, el crecimiento económico superó el 5%. Pero la distribución no mejoró. Las clases trabajadoras asalariadas de los sectores privado y público están con salario congelado. La inflación “cero” nadie se la cree. Las cifras oficiales que registra el Índice de Precios al Consumidor (IPC), están completamente divorciadas de los bolsillos de la clase trabajadora, la asalariada y la no asalariada.
La fuerza de la razón es contundente: la riqueza se sigue concentrando y no se quiere repartir un poco mejor los beneficios del crecimiento económico con otra política salarial. Por el contrario, un adinerado líder gremial del alto corporativismo empresarial, ya salió a darnos las primeras señales de la campaña del miedo por venir, ante la posibilidad de un referéndum sobre un nuevo salario mínimo en la empresa privada.
La fuerza de la razón es contundente: la mayoría del pueblo trabajador viaja en autobús y ahora más que en otra oportunidad, está completamente indefenso. Su voz no cuenta. Es más, nunca contó en el seno del Consejo de Transporte Público (CTP); como ahora tampoco se considerará en el seno de la nueva gestión del Viceministerio de Transportes. Tampoco contó en el seno de la Aresep durante los últimos diez años y ahora que podría pensarse que tal vez se le escuche, con la nueva metodología de cálculo para una real tarifa de transporte por autobús, los expoliadores de ésta amenazan y amedrentan para mantener su cuota de status quo de acumulación codiciosa.
La fuerza de la razón es contundente: el sistema tributario debe volverse progresivo (que paguen más los que más tienen y que sean castigados, severamente, por no hacerlo). Se ocupa el registro de sociedades anónimas para conocer los nombres de los beneficiarios finales de las rentas de las mismas. Se necesita establecer el sistema de renta global o universal para que grandes grupos de profesionales que ejercen liberalmente su respectiva actividad, dejen de “esconder” (por no decir “robar”, que debe ser el término correcto), lo que ganan en sus oficinas y consultorios privados. Urge un impuesto, aunque fuera transitorio y por poco monto, a las transacciones financiero-bancarias para controlar el flujo incesante de los miles y miles de millones de dólares de dinero narco y sucio.
La fuerza de la razón es demoledora pues, precisamente, el escenario anteriormente descrito quedó abierto, de par en par, al emerger las verdaderas causas del déficit fiscal; dado que, en términos generales, unos 32.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), de una manera u otra, están “dando vueltas en la calle”.
La fuerza de la razón indica que hay que parar la agresiva y perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, específicamente en materia de salarios, toda vez que hemos demostrado, con poderosa contundencia, que el déficit fiscal no es responsabilidad de quienes laboran asalariadamente para el Estado.
Debido a la campaña de odio generada al respecto, ya no queda espacio alguno para proyectos de ley, altamente explosivos y políticamente tóxicos, como los expedientes legislativos 19.923, 19506 u otros de similar naturaleza. Los empleados públicos han llegado al tope de su paciencia, de su tolerancia.
La fuerza de la razón indica que para el caso del sector público, la difamación generalizada, la calumnia aplicada indiscriminadamente, la criminalización despiadada de la condición de ser servidor estatal, el vilipendio inmisericorde mediáticamente promovido para delicuenciar la función pública; han generado suficiente material inflamable como para recomendarle, por un lado, al señor Presidente que ni se le ocurra enviar a las próximas sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, esos expedientes legislativos; por otro, a los señores diputados y a las señoras diputadas, la desestimación política real de tramitación parlamentaria, hasta su entierro, de esos nefastos y, repetimos, explosivos y tóxicos proyectos de ley.
La fuerza de la razón indica que ya no es sostenible, ni democrática ni políticamente hablando, más y nuevas severas políticas de austeridad suicida en materia de una diversa cantidad de servicios públicos, profundamente debilitados ya; servicios públicos que precisamente están destinados para suplir necesidades básicas de grandes sectores poblacionales de nuestra sociedad, sumergidos en la miseria, en la pobreza o viajando hacia la misma. El recortismo presupuestario extremista, radical, irresponsable e irreflexivo (especialmente ahora que se avecina la tramitación parlamentaria del mal llamado presupuesto “general” de la República para 2017), debe ser desterrado pues la desigualdad creciente no permite más el exterminio funcional de varias gestiones de acción pública necesarias, precisamente, para evitar más desintegración social.
¿Qué nos queda? Si la fuerza de la razón no funciona; entonces, ¿habrá que apelar a la razón de la fuerza? Enrique Múgica Herzog, político socialdemócrata español planteó este pensamiento: “La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos”. En nuestro caso pensamos que uno de estos medios es La Democracia de la Calle.
