En verdad, ¡qué clase de democracia informativa más consecuente, en prensa escrita, practica Diario Extra, La Prensa Libre; y, en general, los medios integrantes del Grupo Extra! ¡Dios guarde no existieran! Jamás encontraremos cómo agradecer la maravillosa y extraordinaria oportunidad que Diario Extra nos brinda, semana a semana, para compartir nuestras impresiones, con perspectiva laboral-sindical, sobre temas del acontecer nacional que, de una manera u otra, han de incidir en la calidad de vida de quienes integran en este país lo que denominamos como clase trabajadora, en su concepto sociológico y político más amplio del término.
Hablamos de las personas trabajadoras asalariadas con empleo formal (de los sectores público y privado); de las que se desempeñan en el mercado informal y/o por cuenta propia; de las que están desempleadas por diversas razones; e, incluso, podríamos incluir a quienes realizan actividad productiva microempresarial y hasta de mediana empresa.
Lo que queremos apuntar con todo ello es que al juntarlos todos estamos hablando de la abrumadora mayoría de los habitantes del país y para quienes deberían centrarse todos los esfuerzos de acción gubernativa, de políticas públicas, de promoción del bien común y de inclusión social. Todo este conglomerado laboral es, para decirlo esquemáticamente, lo que nosotros denominamos “los y las de abajo”.
Hemos hablado de esto en este mismo espacio en otras ocasiones para reiterar que, en esencia, los actuales momentos sociopolíticos del país exigen que este gran conglomerado social sea el eje prioritario de toda política pública. El famoso “cambio”, en consecuencia, debería ir, estratégicamente hablando, en esta dirección.
¿Por qué? La creciente desigualdad sigue cogiendo fuerza al interior de este multidiverso conglomerado laboral de la sociedad. La precarización del empleo avanza. La violación a los derechos laborales mínimos consagrados en nuestra legislación es cosa de todos los días.
El desempleo atormenta a sectores juveniles con formación profesional o sin ella, así como a personas que en plena etapa productiva fueron condenadas a una “muerte laboral” por tener 35 o más años. Y el estrujamiento y la angustia financiera atormentan a este tipo de empresariado para el cual no ha existido durante mucho tiempo sistemáticas y estratégicas acciones de política pública para sostenerlo y potenciarlo. Y, para agravar la situación, el deterioro socioeconómico y la lucha por la subsistencia, encuentran en el seno de este gran conglomerado social, terreno fértil para la delincuencia en todas sus formas y la tentación de enrolarse en el crimen organizado y el narcotráfico.
Ahora, una parte de ese conglomerado, la clase trabajadora asalariada del sector Público está bajo ataque descarnado. Y aquí es donde hemos asumido como mejor podemos nuestras responsabilidades sindicales al respecto. Estamos convencidos de que la hegemonía del capital dominante, especialmente su segmento más radical, el de orden financiero, está en franca ofensiva para revertir una serie de condiciones sociolaborales acumuladas en las últimas décadas, argumentando que el problema del déficit fiscal, en esencia, es por culpa de los salarios de quienes devengan para el sector Público.
Entonces, estamos presenciando una cruzada fundamentalista contra el empleo público, generalizándolo y poniendo a todas estas personas asalariadas del Estado como parias, vagas, corruptas, ineficientes, ineficaces, “atosigadas de privilegios”, etc.
La campaña que se desarrolla desde el parlamento a través de las vocerías diputadiles que le sirven a ese capital, la connotación mediática dominante completamente parcializada y la gritería amanuense de los “especialistas objetivos” de temas económicos, está alcanzado niveles que hace tiempo no veíamos. En este marco de condiciones, apuntamos cinco consideraciones centrales.
PRIMERA: La campaña contra el empleo público, centrada en el déficit fiscal (que es real y peligroso), en el marco del trámite parlamentario del presupuesto “de la República” (que solamente considera el 40% de toda la estructura financiera global del Estado), es para desviar la atención pública del real problema de la desigualdad en el país: el sistema tributario profundamente regresivo que esos sectores dominantes no quiere que se transforme en lo más mínimo; ni siquiera, endureciendo las leyes ni los reglamentos contra el descomunal robo de impuestos.
SEGUNDA: El problema de la deuda pública debe ser visibilizado completamente. ¿Cuánto debe el país y a quién? Debemos conocer los acreedores internos e internacionales de Costa Rica y proceder a una profunda auscultación de esa gigantesca “jáquima” para que se redimensione este asunto del déficit como corresponde; al menos, integralmente juntando todas las variables del mismo con objetividad.
TERCERO: Quienes laboran para el sector Público no roban impuestos, no son evasores. La renta, cuando corresponde, les es deducida de la planilla; el de ventas, al momento mismo de la compra. Los que roban impuestos son, precisamente y por lo general, los que se identifican con la hegemonía del capital de la cual venimos hablando. La magnitud del robo de impuestos es, al menos, tres veces más grande que el monto del déficit que apuntan los de la gritería por ello.
CUARTO: Es imprescindible diferenciar entre sí lo que entendemos por empleo público. La abrumadora mayoría es de ingresos salariales medios y bajos. Pero la hipocresía de los que gritan, tiene doble moral. En el sector privado, las estructuras jerárquicas a nivel de dirección ejecutiva, gerencia y jefaturas, tienen salarios promedio, en dólares, de 15.841, 7.969 y 4.542, respectivamente, según estudio de la lujosa revista del corporativismo empresarial de la región, Summa (en su número de julio 2014); salarios muy similares a puestos altos jerárquico-políticos y de alta tecnocracia del sector Público. ¿Qué queremos decir con ello? Que la estrategia neoliberal en materia de empleo público es la precarización de los salarios, tal y como se practica en los niveles medios y bajos del sector privado. Entonces, lo que corresponde es que definan, cuál es la parte del empleo público que quieren pulverizar, precarizar, arruinar, desaparecer. Pero queda claro que a nivel de las altas cúpulas privadas y públicas sus salarios entre sí, sí son “competitivos”.
QUINTO: Por supuesto que “no se puede tapar el sol con un dedo” y en materia de eficiencia, de eficacia, de evaluación del desempeño, de rendición de cuentas, queda bastante camino que recorrer para desterrar aquellos focos perniciosos que deterioran el desarrollo de los servicios públicos. Nadie más que los sindicatos responsables queremos entrar a hablar de ello en profundidad.
Pero no en este marco de satanización abusiva del empleo público, de generalizaciones odiosas en su seno, de culpabilizar a los salarios públicos del déficit fiscal y echarle la opinión pública a miles y miles de trabajadores y de trabajadoras que se desempeñan honesta y precariamente en no pocos casos, como personas asalariadas de los servicios públicos. No cuenten con nosotros para ello si así quieren seguir “marcando la cancha”.
