Los ticos nos privilegiamos de ser un país de Derecho, en donde decimos se respira democracia y se respetan los Derechos Humanos fundamentales. En ese marco de país democrático, la libertad de opinión y de pensamiento son un derecho, por lo tanto, se puede entender que algunos sectores y actores sociales no compartan ser parte de una organización sindical, e inclusive que difieran del pensamiento de justicia socio-laboral que estás persiguen.
No obstante, en los últimos tiempos, algunos actores, sociales políticos y del sector de la comunicación, vienen optando por un estilo de comunicación que tiende a “sembrar odio”, que no hacen oposición sensata y basada en fundamentos, sino que lo hacen levantando la voz para insultar, actuando irresponsablemente potenciando a mediano plazo algo que podría derivar de altísimo costo para nuestro país.
Esos actores sociales, posiblemente guiados por la decadencia de valores que vive nuestro país, recurren al discurso maquiavélico y perverso, que tiende a confundir a la opinión pública. Al menos, ese es el fin que parecen perseguir. Ese discurso les lleva a señalar a integrantes de organizaciones sindicales, dentro de una sociedad democrática, como los responsables del “déficit fiscal y de la ingobernabilidad”.
Ciertamente es necesario hacer un análisis integral de la situación del país. Es cierto que existen situaciones jurídicamente consolidadas (a Derecho); que, si bien están dentro del marco de la legalidad, requieren ser revisadas, actualizadas, y modernizadas, debido a la evolución social, cultural, política y económica del país. En mi caso, como dirigente sindical lo reconozco, lo tengo claro y entiendo que se debe dialogar sobre diversos aspectos, pero, asertivamente y con espíritu constructivo.
Es necesario revisar algunas cosas. Es preciso que los servicios sean de calidad, que se impregnen de un altísimo sentido de servicio. Es urgente que la función pública se lleve a cabo con los más altos estándares de probidad, eso lo compartimos. Pero para lograrlo es prioritario e imperativo el diálogo, la búsqueda del consenso, que nos permita resolver estos y otros aspectos que pueden ajustarse dentro del marco del Derecho.
La afiliación sindical, la organización sindical, forman parte de los derechos que se consideran dentro de un país democrático. La libertad sindical es un derecho fundamental, civil y básico, estrechamente vinculado a los derechos humanos, consagrado constitucionalmente (artículo 60), y en tratados internacionales (Convenio Nº 135 de la OIT).
Pareciera que algunos detractores de la actividad sindical olvidan, puede que intencionalmente, que en este país se evaden impuestos en sumas exorbitantes, que existe una altísima defraudación fiscal, que se condenó recientemente a un partido político por estafa, que se dispararon los homicidios, que la criminalidad se incrementó y que se están instaurando en nuestro país, el crimen organizado y el narcotráfico. Están olvidando, (estratégicamente) la recurrente impunidad en los delitos de “cuello blanco”, la trocha fronteriza, las concesiones fallidas y el lavado de dinero que todos sabemos se realiza en nuestro país.
En ninguno de los casos más sonados de corrupción, figura un dirigente sindical de ANEP y/o de otra organización; pero además de ello, en los últimos años, ningún dirigente sindical ha sido vinculado con el narcotráfico, con el crimen organizado, con lavado de dinero, defraudación, y/o alguna otra actividad delictiva, lo cual, si se ha presentado con algunos de nuestros detractores, actores políticos y de la comunicación. Así las cosas, “las pavas le disparan a las escopetas”.
Además de ser la libertad sindical un instrumento jurídicamente válido, resulta de especial importancia recalcar que ésta sirve para promover la economía procesal y la paz socio-laboral en muchísimos casos. Además, los sindicatos no tendrían razón de ser, si en nuestro país no se violentaran tantísimos derechos laborales. Es evidente que quienes se oponen y reniegan de la actividad sindical, posiblemente además de hacerlo motivados por algún interés especial, jamás necesitarán de uno, por ser personas económicamente solventes y/o ser la parte dominante y de poder en la relación laboral.
ANEP es una organización que cobija diversos sectores obreros, somos responsables, hacemos propuestas globales en pro del bien común. Como parte de nuestra consigna de transparencia y justicia social, también hacemos denuncias en temas que tienen que ver con la falta de transparencia en la función pública. Esa condición (denuncia), estamos seguros les provoca incomodidad a algunos, que, de no ser por nuestro valor y tenacidad, estarían tranquilos en su ambiente de confort.
Los detractores de la libertad sindical no saben de las veces que nosotros ayudamos a evitar una tragedia, de las veces que advertimos a la administración de algún riesgo, de las veces que conciliamos favoreciendo la economía procesal y al erario público. En mi caso, atiendo las necesidades laborales y personales de la población policial, ¿Cuánto le costó al país lo sucedido en la Embajada de Chile?
Es preciso determinar qué tipo de país queremos. Uno, donde la democracia, la participación, el equilibrio entre pesos y contra pesos, sean parte de nuestra realidad social; u otro, donde impere la anarquía y la Ley del talión. Porque sin libertades sindicales, no hay derechos humanos, sin derechos humanos, no hay paz social.
