– La protección de la niñez y adolescencia es un deber del Estado, no un recurso para eludir responsabilidades.
– La ANEP exige respeto y compromiso real con los derechos de la niñez costarricense.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su más enérgico rechazo a las declaraciones emitidas por la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, durante la conferencia de prensa celebrada en Casa Presidencial el pasado 25 de junio.
En esa comparecencia pública, de manera alarmista e irresponsable, se expuso información sensible sobre personas menores de edad bajo la protección del Estado, instrumentalizándolas como argumento político para intentar justificar las falencias del sistema de protección y las tensiones existentes con otros Poderes de la República.
Todas las personas menores de edad merecen un tratamiento legal, ético y comunicacional acorde con su condición, el interés superior de la persona menor de edad y los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de derechos humanos.
No es admisible que un día se invoque el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia, y al siguiente se les exponga ante el país con afirmaciones estigmatizantes y discriminatorias.
No es coherente rechazar el uso de la imagen de la niñez en convocatorias ciudadanas, y luego convertirles en el centro de un discurso con fines políticos y mediáticos.
¿Desde cuándo es aceptable que el Estado utilice a las personas menores de edad bajo su tutela como recurso argumentativo para encubrir deficiencias institucionales?
Lo más grave de las declaraciones de la Presidenta Ejecutiva del PANI es que convierten una obligación del Estado —la protección integral de toda persona menor de edad, sin excepción, incluyendo a quienes enfrentan procesos judiciales— en un mecanismo para desviar responsabilidades y alimentar temores. Con ello:
- Se revictimiza a quienes ya han sido vulnerados por el propio sistema de protección.
- Se profundizan estigmas sociales hacia adolescentes en condición de vulnerabilidad.
- Se distorsiona el rol esencial del PANI, que no es castigar ni etiquetar, sino garantizar derechos y proteger integralmente.
La discusión sobre los presupuestos institucionales, incluyendo los ₡13.000 millones destinados a organizaciones no gubernamentales (ONG), los ₡3.600 millones para tutores, los ₡1.865 millones para servicios de apoyo profesional y los casi ₡4.000 millones para la operación ordinaria de albergues, no puede ni debe fundamentarse en cuántas personas menores de edad enfrentan causas judiciales. El debate debe centrarse en cómo garantizar efectivamente los derechos de la niñez y adolescencia, y no en administrar temores ni buscar culpables externos.
Lo sucedido constituye un acto irresponsable que lesiona gravemente la imagen institucional del PANI y traiciona el mandato legal, ético y social de protección que le corresponde cumplir como ente rector en materia de niñez y adolescencia. Ningún objetivo político puede ni debe justificar la exposición pública de personas menores de edad ni la utilización de su situación para encubrir crisis institucionales.
La ANEP hace un llamado a la reflexión responsable de las autoridades y a la urgente necesidad de devolver al PANI su verdadero propósito: la protección integral y digna de la niñez y la adolescencia, sin instrumentalizaciones ni exposiciones que desvíen la atención de los verdaderos problemas estructurales que enfrenta la institución.
La niñez y la adolescencia merecen respeto, compromiso y acciones efectivas, no discursos que alimenten el miedo ni intentos de trasladar responsabilidades.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
