Está apareciendo otro fenómeno sociopolítico polarizante en nuestra sociedad que, de seguro, tomará ribetes dramáticos en el nuevo escenario político-constitucional del país: los próximos poderes Legislativo y Ejecutivo. Se trata del déficit fiscal que ya está ardiendo en el parlamento que va saliendo.
De un lado de esa nueva polarización en desarrollo, la del déficit fiscal, tenemos (entre otros actores), a operadores políticos de altísimo nivel ya “infiltrados” en las dos candidaturas presidenciales finalistas; operadores políticos que responden a los no menos altísimos intereses del gran corporativismo financiero-empresarial del país y sus referentes transnacionales que les acuerpan.
Con base en los dictados de la policía financiera global, las calificadoras de riesgo (Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings), ya fueron establecidas las medidas macroeconómicas de política fiscal, sin importar cuál de los dos señores Alvarado llegue a administrar el próximo Poder Ejecutivo.
Adicionalmente, este frente de la nueva polarización en perspectiva tiene a su haber dos grandes fortalezas: la venidera Asamblea Legislativa que casi en su totalidad manejaría a su antojo; y, varios de los latifundios mediáticos y sus subsidiarias (como las del histerismo radiofónico), siempre eficientes en la intoxicación de la opinión pública metiéndole una única visión del problema, en detrimento de su contracara.
En este frente ya muy claramente perfilado, resurgen con potencia los postulados principales del viejo Consenso de Washington que en Costa Rica no habían terminado imponerse del todo; envalentonados ahora con la posibilidad de reposicionarse como ejes fundamentales de la política pública de corto plazo, para terminar la tarea pendiente de barrer con toda aquella parte de la institucionalidad pública destinada a propiciar el bien común, así como la tarea de la integridad y la movilidad sociales; pero, y debemos reconocerlo, una institucionalidad pública bastante golpeada por la corrupción, el tráfico de influencias, los salariazos, el clientelismo, la ineficiencia y la ineficacia, así como la precarización presupuestaria.
El otro frente que se ve perfilar es de las distintas expresiones organizativas del civismo y del patriotismo que se sienten herederas de la ya muy golpeada institucionalidad otrora diseñada para la integración y la igualdad sociales; frente que ya había mostrado sus potencialidades en episodios de altísima intensidad de lucha social confrontativa en fechas contemporáneas, como lo fueron los procesos combo ICE y No al TLC.
A partir del 2007, en este frente reinó la desarticulación más que contraproducente, pues no hubo perspectiva integradora con visión estratégica; dando pie a la entronización del feudalismo gremial e intersectorial, sin que nadie se percatara de que otra articulación, paulatina y silenciosa, se estaba armando para desafiar al orden establecido en su propia institucionalidad republicana de corte electoral.
La reedición por estos días de un nuevo esfuerzo de articulación intersindical (aunque con destacadas presencias de liderazgos todavía vigentes de la época del combo y del No al TLC, más algunos de nuevo cuños posteriores al del 2007) podría representar un estímulo vivificador y una posibilidad de reacomodo, tal vez estratégico, del campo de lo popular-organizativo; para que, al menos, el reinado del lucro per se en el seno de toda política pública, no se instale de manera definitiva como ha sido su pretensión en estos casi 30 años de pugna entre dos visiones de desarrollo encontradas y confrontadas en varias coyunturas, mediando una amplia diversidad de escenarios conflictuados entre ambas.
Llegado a este punto, la lógica de una sociedad que quiera apostar a una convivencia realmente democrática debería comprender de cuánto es la urgencia del diálogo político y social; considerando que lo que está en juego es quién se queda incluido y quién se queda fuera de la repartición de los beneficios del crecimiento económico.
Los que ya se sienten incluidos en la repartición de esos beneficios, ahora ven su oportunidad de oro para hacer irreversible tal inclusión; pues si bien dejaron de funcionar sus fórmulas político-partidistas tradicionales que les posibilitaron su propia inclusión, rápidamente se han camuflado por medio de una mágica conversión religiosa que les ofrece, en principio, riesgo cero de que tal inclusión se vulnere.
A los amplios sectores que todavía resisten caer en el abismo de la exclusión total de los beneficios del crecimiento económico (aunque algunos de ellos todavía apostando a una posibilidad electoral no muy segura y con problemas de desacreditación) no les queda más remedio que articularse entre sí para potenciarse y presentar de tal forma un fuerte valladar a una serie de medidas, especialmente de corte legislativo en el nuevo parlamento, que pretenden dejarles sin nada más que las migajas del enorme pastel del crecimiento económico, cuyos pedazos más grandes siguen siendo apropiados por menos bocas en la Costa Rica de las desigualdades ya en pleno desarrollo.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
