Dos de las más importantes agrupaciones sociopolíticas y laborales del planeta, la Confederación Sindical Internacional (CSI), así como la Internacional de Servicios Públicos (ISP), nos han transmitido una muy buena noticia: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha sobrevivido a uno de los ataques del capital más furiosos de toda su historia: el cuestionamiento del derecho de huelga que le asiste a la clase trabajadora mundial; derecho que es parte esencial de los Derechos Humanos fundamentales aunque se violente por todas partes y todos los días.
El derecho de huelga para la clase trabajadora tiene rango de ley internacional, incluido dentro del Convenio No. 87, “Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical”, así adoptado el 9 de julio de 1948, por la XXXI Conferencia Internacional del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en San Francisco, California, Estados Unidos.
Aunque en Costa Rica este asunto pasó desapercibido e incluso, autocríticamente se debe reconocer, para los propios sindicatos nacionales; el ataque de la patronal global contra el derecho de huelga pretendía fortalecer el proceso de involución de los derechos laborales que se manifiesta en muchos países; situación ésta que tiene como principales características las draconianas medidas de austeridad, el incesante incremento de los empleos precarios y la creciente tendencia a la criminalización de la protesta social; tal y como lo señalan la CSI y la ISP, mismas que monitorean a diario las luchas por la justicia social en todo el orbe.
La ofensiva contra el derecho de huelga en el seno de la OIT tenía ya casi 3 años de desarrollo y una victoria patronal habría significado, prácticamente, la desaparición de esta entidad.
Aunque muchos que militamos en el sindicalismo deseáramos “otra” OIT en el sentido de que tuviera mayor poder coercitivo en contra de los gobiernos y de los estados violadores de los derechos humanos de contenido laboral; realmente es importante que siga funcionando y velando, a su estilo, por los temas laborales y por enfrentar, de alguna manera, los intentos del capital más criminal por imponer un camino esclavo para el trabajo que la globalización neoliberal pretende para las masas obreras del planeta.
En Costa Rica debemos celebrar que en el seno de la OIT se haya reafirmado el derecho de huelga, visto a la luz del marco de la Reforma Procesal Laboral (RPL); misma que lo desarrolla, lo garantiza y lo regula en el ámbito de los servicios públicos esenciales, posibilitando en este caso una vinculación armónica entre los intereses de la ciudadanía usuaria de los mismos con los de las personas trabajadoras asalariadas que los prestan.
Como sabemos, la OIT es la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), responsable del empleo y los derechos en el trabajo. Ha venido sirviendo como punto de referencia esencial respecto a la legislación internacional sobre temas laborales desde su fundación en 1919.
Ya en 1927 la OIT reconocía explícitamente la existencia del derecho a la huelga, vinculándolo directamente a la libertad sindical; un reconocimiento que no había sido cuestionado por los empleadores durante más de 60 años. Así nos lo explica la CSI.
Fue en 1992 cuando representantes de la patronal en el seno de la OIT empezaron su ofensiva intentando eliminar décadas de su jurisprudencia, aduciendo, por primera vez, que el convenio núm. 87 no implica que los trabajadores y que las trabajadoras tengan derecho alguno a hacer huelga. Antes de esa fecha, los empleadores habían indicado que el derecho a la huelga debería ser limitado y estar sujeto a ciertas condiciones.
En los últimos tres años el ataque patronal al respecto se intensificó, tratando de descalificar pronunciamientos reiterados de la jurisprudencia OIT, en el sentido de que el derecho de huelga tiene naturaleza de derecho internacional universalmente reconocido, especialmente al incluirse en el mencionado convenio.
La patronal quería así atacar la esencia de la legitimidad de dos de las más importantes instancias de la OIT: su Comité de Libertad Sindical (CLS) y su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR).
En nuestro país, el derecho de huelga para la clase trabajadora está en la propia carta magna, en nuestra Constitución Política, en su artículo 61.
Debemos reconocer y agradecer la lucha militante en tal sentido de estas entidades sindicales globales, la ISP y la CSI que combaten en estos duros escenarios actuales de lucha frontal entre el capital y el trabajo en el marco de la globalización neoliberal.
