Nuevas revelaciones periodísticas indican de una estrategia delictiva
para asaltar la hacienda pública.
La señora Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, debe actuar ya, hoy mismo, con celeridad y contundencia, ante la desafortunada e inapropiada circular de carácter intimidatorio que emitió el señor José Luis Salas Quesada, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); advirtiendo a su personal subalterno de un supuesto “_deber de confidencialidad_” sobre todos los hechos e informaciones que por el ejercicio de sus respectivas funciones tengan conocimiento; intimidación de tal gravedad que le lleva a generar amenazas de sanciones, llegando incluso al despido, al personal de tal entidad.
No le queda más opción a la mandataria que ordenar la destitución de dicho jerarca, procediendo con similar “_dureza_” a la que desplegó con ocasión de la salida del anterior Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el señor Francisco Jiménez Reyes, cuya destitución se dio poco antes de que empezaran a salir a la luz pública las situaciones acaecidas con la construcción de la trocha norte, mal llamada ruta “_Juan Rafael Mora Porras_”, y que ha llegado a convertirse, ya, en el mayor escándalo de corrupción con fondos públicos de la historia nacional.
Pública y vehememente, atónitos ante las nuevas revelaciones periodísticas sobre la naturaleza perversa de esta “_piñata regalona_” de la trocha norte, con visos de presentar una especie de estrategia delictiva para asaltar la hacienda pública; exhortamos a la Presidenta Chinchilla a que proceda en tal sentido: ordenar la destitución del señor José Luis Salas Quesada, Director Ejecutivo del Conavi.
Si no lo hace, su propia imagen se deteriorará más y podría colegirse que desde la propia Presidencia de la República se cohonesta, se avala, se tolera y hasta se aplaudiría, la intentona del jerarca del Conavi para pretender que la opinión pública no sepa más sobre el escándalo de la trocha.
Por demás, tan aberrante pretensión para ocultarle a la ciudadanía información del Conavi, contradice todas las normas legales, jurídicas y éticas anticorrupción que, tanto a nivel de decretos por parte del Poder Ejecutivo, como de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa, se han emitido en los últimos años.
