Los señores diputados y las señoras diputadas que le dieron su aval a esa transferencia presupuestaria, consienten una privatización realizada de una manera solapada, inconstitucional, puesto que se realiza vía presupuesto. Lo más grave de esto, es que todos los señores y todas las señoras diputadas han sido prevenidos sobre esta inconstitucionalidad; además de que conocen la gran cantidad de irregularidades que contiene el proceso licitatorio de las terminales de Puerto Caldera, mismas que hemos denunciado insistentemente.
Para nosotros, la aprobación de la transferencia presupuestaria del CONAVI al INCOP para que este último atienda su mal llamado proceso de modernización, es consentir y legitimar, un negocio leonino, desarrollado a “golpe de tambor”, con absoluta falta de transparencia, que contiene serios vicios de legalidad.
La transferencia de fondos de CONAVI al INCOP es inconstitucional, puesto que los dineros que son objeto de esta transferencia, tienen un destino específico. Además, no es posible cerrar una institución creada por ley mediante una norma presupuestaria. Así se lo han hecho ver a los señores diputados y señoras diputadas, expertos en temas constitucionales y la misma Unidad de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
El proceso licitatorio tiene serios vicios de nulidad, dentro de los que podemos citar los siguientes:
1.
Los carteles de licitación sufrieron alrededor de 100 modificaciones y cambios drásticos;
2.
El Reglamento para los contratos de Concesión de Gestión de los Servicios Públicos Portuarios fue publicado cuando ya se habían realizado las adjudicaciones;
3.
Un servicio público como el pilotaje y el servicio de lanchas fue adjudicado luego de incluirse en el cartel mediante aclaración, lo cual es a todas luces ilegal;
4.
En la licitación de los remolcadores se estipuló la obligación del adjudicatario de adquirir los dos remolcadores propiedad del INCOP, estableciendo en un primer momento un precio de 3 millones de dólares, el cual se redujo posteriormente en casi un millón de dólares, sin un estudio técnico que lo justificara;
5.
El remolcador “Don Pepe” se incluyó en el cartel de licitación y en ese momento no se encontraba inscrito a nombre del INCOP, lo cual debió conducir a la nulidad del proceso, lo que, por supuesto, no ocurrió.
6.
Las empresas adjudicatarias de los servicios de Puerto Caldera y la construcción de la Terminal Granelera no tendrían la suficiente solidez financiera para llevar adelante la concesión;
7.
Parte de las acciones de las empresas adjudicatarias de los servicios de Puerto Caldera pertenecen a SARET, empresa que no podría participar directamente puesto que tenía una deuda millonaria con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Evidentemente todas estas irregularidades conllevan una nulidad del proceso, no obstante se ha continuado con el mismo.
El proceso licitatorio fue desarrollado en su totalidad por el ex Presidente Ejecutivo de INCOP, señor Guillermo Ruiz. Respecto de su gestión, la Contraloría General de la República ha emitido sendos informes de graves irregularidades, enviando al menos uno de los casos, al Ministerio Público. Esto nos permite dudar de la transparencia en el proceso licitatorio, mismo que como indicamos, fue dirigido por el ex Gerente General.
El licenciado Gustavo Esquivel Quirós, asesor externo contratado para asesorar a la Junta Directiva en el proceso de “modernización” ha sido cuestionado por la Contraloría General de la República, por su asesoría en el tema de pago de las prestaciones al ex Gerente General Ruiz Castro, puesto que rindió dos pronunciamientos distintos respecto al tema, opinando en el último de ellos que si procedía el pago de prestaciones legales a pesar de que éste había sido destituido por pérdida de confianza.
El actual Presidente Ejecutivo del INCOP, señor Enrique Montealegre Martín, mientras fungía como funcionario de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), fue contratado para realizar una consultoría en el proceso de “modernización” del INCOP, misma que fue millonaria y que se le canceló con dineros provenientes de FUCE.
El proceso de “modernización” de INCOP le costará al Estado costarricense, es decir, a todos y todas los y las costarricenses, más de ¢6.204.848.000.oo, siendo conservadores en los cálculos. Así se lo hicimos saber al señor Ministro de Hacienda; no obstante, al día de hoy no hemos tenido respuesta que nos indique su posición al respecto.
La administración del INCOP ha discriminado a los trabajadores y trabajadoras de la institución que han decido pertenecer a nuestra organización sindical, por la única razón de oponernos abierta y decididamente al gran negocio que implica la entrega de la institución a manos privadas. Se ha negado a reconocernos como representantes de los trabajadores y trabajadoras y se nos ha impedido la interlocución con las autoridades institucionales, favoreciendo abiertamente a las dos organizaciones sindicales que negociaron la venta del INCOP.
Todas estas razones nos han impulsado a presentar las correspondientes denuncias ante la opinión pública costarricense, puesto que no se puede permitir que se continúe con este proceso, a todas luces ilegal, que solo acarreará mayor pobreza y desempleo a la Provincia de Puntarenas.
Por todo lo anterior, repudiamos y condenamos la errónea decisión de los legisladores y de las legisladoras que aprobaron esta nefasta forma de privatización de un activo estratégico del patrimonio nacional. Se ha cometido, no solamente un atropello constitucional, sentando un precedente nefasto, sino se ha incurrido en una grave inmoralidad política.
Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas que se negaron a legitimar este vergonzoso negocio, para que impugnen la disposición aludida ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y, de esta forma, se pueda restaurar la honra de la moral cívica nacional lesionada por este proceso privatizador, lamentablemente aprobado por el denominado Primer Poder de la República.
San José, 30 de julio del 2003.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Douglas Carrillo Azofeifa
Presidente Junta Directiva
Comité Seccional ANEP-INCOP
