Esas dos opciones las conocía muy bien el gobierno desde hace meses. En realidad ambas están consideradas en el propio texto del TLC. El artículo 22.5 es muy claro cuando señala que:
“Este Tratado entrará en vigor para cualquier otro signatario 90 días después de la fecha en que el signatario notifique por escrito al Depositario que ha completado sus procedimientos jurídicos aplicables. A menos que las Partes acuerden otra cosa, un signatario no podrá realizar la notificación a la que se refiere este párrafo después de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado”.
Si el Tratado entró en vigor al ser ratificado por Estados Unidos y por el gobierno de El Salvador el 1º de marzo de 2006, tres cosas eran evidentes:
Primero, que había un plazo establecido de dos años para notificar al Depositario (OEA), segundo, que ese plazo vencía el último día de febrero de 2008 y, tercero, que las Partes (los países) tenían la potestad de modificar, en cualquier momento, el plazo de los dos años (acordar una ampliación o prórroga).
Además, se sabía, tal y como lo señaló la Procuraduría General de la República, que Costa Rica podía notificar al Depositario inmediatamente después de aprobar el TLC en el referéndum, con lo cual el país se comprometía a la aprobación de las leyes de la agenda complementaria que le darían eficacia al Acuerdo.
Pero si esa lectura del texto del Tratado era tan clara, entonces ¿por qué tanto enredo? ¿Por qué el estira y encoge y la amenaza de que si no se aprobaban todas las leyes de la agenda complementaria antes del 29 de febrero Costa Rica quedaría fuera del TLC? ¿Por qué meterle miedo a la gente con una fecha que se podía modificar o que, en caso de notificar al Depositario, otorgaba tiempo adicional para concluir el trámite legislativo? ¿No hubiera sido mejor hacer las cosas con mayor transparencia y más tranquilidad?
En verdad solo es posible interpretar la enorme presión y el gran apuro por aprobar las leyes redactadas por el gobierno en función de dos razonamientos. El primero de naturaleza político electoral: golpear al PAC y a los otros diputados opositores con miras a las elecciones de 2010, acusándolos de obstrucciones, antidemocráticos e irrespetuosos de la voluntad popular. Aporrear ahora para que tenga efectos después.
El segundo, más grave que el primero, el interés de precipitar el trámite legislativo para aprobar, a golpe de tambor, leyes que van más allá del TLC, silenciando así las voces que se alzan contra normativas consideradas como inconvenientes para el país. Cercenar el debate parlamentario aplicando la mayoría automática y el procedimiento bis.
¿Por qué dejó el gobierno la prórroga para última hora? ¿Por qué no la solicitó antes y accedió para que en la Asamblea Legislativa se discutieran con seriedad los proyectos de ley, permitiendo a los ciudadanos enterarse de los argumento a favor y en contra?
¡Qué distintas hubiesen sido las cosas si en lugar de festinar las deliberaciones y exponerse a las pifias reconocidas en la tramitología, el Ejecutivo y la bancada oficialista hubiese actuado con mayor claridad y voluntad de diálogo democrático!
02/29/2008
