El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, recibió en su despacho a los representantes de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), poderoso gremio corporativo-empresarial en cuyo seno se han integrado los mismos bancos del Estado que, en buena parte, comparten los “ideales” de los banqueros “naturales”: la máxima reproducción del capital posible sin consideraciones de orden social ni de integración y movilidad sociales.
Los banqueros de la ABC le “ofrecieron” al nuevo Gobierno, para empezar (porque podría ser más plata), ¡500 millones de dólares!: casi 300 mil millones de colones; poco más de un 1 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Esta gigantesca cantidad de dinero que le ofrecen prestar al Gobierno para que éste lleve a cabo sus buenas intenciones en materia de construcción de obra pública (como escuelas) y en reparación y restauración de diversa infraestructura vial; nos motiva para lanzar varias reflexiones e interrogantes:
Los banqueros han venido siendo objeto de grandes privilegios fiscales-tributarios en los últimos tiempos del fundamentalismo macroeconómico de sesgo neoliberal. Si tienen para prestar, “en dos toques” (como diría nuestro pueblo), 500 millones de dólares, o más; entonces; ¿de qué naturaleza ha sido el tratamiento fiscal-tributario para que se diera semejante acumulación de capital durante los gobiernos neoliberales del PLUSC?…
Hace un tiempo, el destacado economista de derecha, don Jorge Guardia Quirós, se dejó decir en su columna de opinión que gente de este gremio bancario “lograron aprobar leyes, decretos y políticas económicas que los beneficiaron en cantidades muy grandes, tan grandes que nadie las ha podido cuantificar”. (La Nación, 18 de noviembre de 2009).
Don Jorge Guardia no se anduvo con “pelos en la lengua” y dijo en aquel momento lo siguiente sobre este tipo de banqueros: “…lograron que les rebajaran los encajes bancarios en ciertos períodos para poder prestar y lucrar más, obligando al Banco Central a absorber esos recursos e incurrir en pérdidas y afectar la inflación, que castiga a los más pobres. Lucraron con los bajos impuestos de renta los intereses (8 %), mientras que los demás mortales, incluyendo asalariados, pagaban tasas mucho más elevadas, del 15 %, 25 % y hasta un 30%…”.
Para don Jorge Guardia Quirós estos banqueros “captaron y prestaron mediante sus offshores sin satisfacer encajes, someterse a la Sugef, ni pagar impuestos. Todo una vida hicieron plata exente por medio de sus offshores y, al final, tampoco pagaron nada (ni cuita), pues al ponerse viejos vendieron sus acciones a bancos extranjeros sin estar sujetos a impuestos sobre la renta”.
¡Imagínense ustedes! ¿Es esta la clase de banqueros que recibió en su despacho el Presidente? ¿Tanta plata acumulada como para ofrecer 500 millones de dólares, no representa una especie de acumulación de capital financiero-bancario de corte ilegítimo? ¿No ve usted en toda esta maraña de negocio bancario una base fundamental del alto endeudamiento salarial que vive la clase trabajadora, especialmente su sector medio? ¡Qué va! Gran cantidad de preguntas nos vienen a la mente si relacionamos la visita de los banqueros al Presidente de la República y las graves acusaciones del señor Guardia Quirós, gran conocedor de todas las movidas al interior del sector financiero nacional.
Es evidente que tal acumulación de capital generada por el negocio financiero-bancario de las entidades integradas en la ABC, son la contracara (o, por lo menos, una de las principales), del doloroso proceso de crecimiento de la desigualdad, de la precariedad laboral, del crecimiento del empleo informal y de la prevalencia de un sistema tributaria absolutamente injusto: el regresivo, el que hace pagar más, proporcionalmente hablando, al que gana menos. Evidentemente, cada vez se nota el carácter de desafío estratégico para la lucha social y popular que significa cambiar el sistema tributario costarricense.
Cabe preguntarse: ¿No habrá llegado la hora de “darle vuelta a la tortilla” y poner a los banqueros a tributar en proporción progresiva a sus abultados ingresos, capitales y nuevas posibilidades de negocio que representa un préstamo de tal magnitud?
Por otra parte, ¿cómo se ha de manejar semejante cantidad de plata en manos de una institucionalidad pública, como la de los consejos del MOPT, altamente cuestionada e impregnada de gran opacidad? En lo específico y en materia de construcciones, se abren las posibilidades de nuevos y enormes negocios de insospechados beneficios rentistas, a favor de varias y poderosas empresas constructoras privadas que han venido funcionando como una especie de cártel oligopólico en materia de construcción privada de infraestructura vial pública pagada con fondos públicos.
La dimensión del reto gubernamental para transparentar este aspecto, se agiganta enormemente ante la posibilidad del uso de esos 500 millones de dólares que le ofrece la ABC al gobierno del Presidente Solís Rivera, en un marco de una institucionalidad que no ha cambiado.
Finalmente, lo que debe ocurrir con una recuperación nacional del papel de la banca pública en un escenario de “cambio” como el que se nos viene indicando, debe ser una preocupación de todos los sectores políticos y sociales que vemos en el crecimiento de la desigualdad un grave problema de estabilidad democrática.
Al menos, en lo que a esta organización respecta, la tarea histórica es obligar a los bancos estatales a volver a sus postulados originales, los de la nacionalización bancaria de 1949, decretada con don José Figueres Ferrer (“Don Pepe”). Este podría ser uno de los ámbitos donde el “cambio” alcance a más gente, tanto como la enorme cantidad de ciudadanía que tiene confianza en la acción gubernativa del Presidente Solís Rivera.
¿No será que llegó el momento de que a la banca pública se le ordene dejar de andar con “malas juntas”? Además, es preciso saber cuánta plata de esos 500 millones de dólares los aportan los bancos del Estado; para, al menos en este ámbito, intentar averiguar por qué razón les ha estado “sobrando” tanta plata en medio de tanta desesperanza y sufrimiento social de grandes segmentos de compatriotas, especialmente la agobiada y estrujada clase media.
