A pesar de que la periodista de La Nación, Sofía Akepsimidis, nos consultó ampliamente sobre la cuestión del veto de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda a la Reforma Procesal Laboral (RPL, de ahora en adelante), y las verdaderas razones políticas del mismo; la nota que dicho medio publica hoy es, con todo respeto, tendenciosa y sesgada.
Con justificada molestia por tal publicación, compartimos con la honorable prensa nacional y con la no menos respetable y honorable opinión pública, lo siguiente:
PRIMERO: La RPL no amplia la huelga, LA REGULA en los términos negociados en su momento, tripartitamente, contándose con la participación activa de la Unión Costarricense Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Además, tal regulación de la huelga en los servicios públicos esenciales, se hizo en la RPL de conformidad con los términos que exige la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Posteriormente, en una acción repudiable y antiética, la UCCAEP renegó de su firma en el acuerdo fundamental para viabilizar la aprobación parlamentaria de la RPL.
SEGUNDO: La huelga en servicios esenciales, en este momento, está a la libre: se supone que está prohibida, pero se hace todos los días y hemos notado que, en algunos casos, ha habido grave afectación a la vida, a la salud y a la seguridad de las personas.
TERCERO: La RPL establece que se puede hacer huelga en servicios esenciales, pero con tres condiciones: A) Reunir los requisitos de la ley. B) Tener un plan de servicios mínimos que garantice que no se afectará a las personas en lo relacionado con la vida, la salud y la seguridad de las personas. Ese plan, si no hay acuerdo entre sindicato y empleador, debe ser aprobado de previo por un juez. C) La huelga en los servicios mínimos tiene un límite máximo de duración.
CUARTO: La RPL NO CREA el derecho de huelga. Ese derecho está en la Constitución Política de Costa Rica. Lo que hace es regularla con dos finalidades: hacerla ejercible de forma legal y regulada; y atender las sucesivas condenas que la OIT ha hecho al país por tener una regulación que impide el ejercicio legal de ese derecho fundamental.
QUINTO: Sostener el veto es mantener el status quo; es decir, el ejercicio de la huelga a como se le ocurra cada sindicato. ANEP hizo huelga por 34 días en el A y A y a nadie le faltó una gota de agua, pero la huelga fue declarada ilegal; el FIT-ICE ha promovido muchas huelgas pero ninguna ha cortado la luz ni teléfonos. Por el contrario, los médicos anestesistas hicieron huelga y decidieron suspender cirugías… Preguntamos: ¿Queremos mantener este status quo?, es decir, ¿esperar a ver cuál es la “buena voluntad” de los sindicatos? Mantener el veto presidencial es, precisamente, la promoción de un tipo de huelgas “deshumanizadas”.
SEXTO: Si el veto se levanta y se aprueba la ley, todos los sindicatos tendremos que elaborar un plan de servicios mínimos que garanticen la vida, la salud y la seguridad de las personas (que es el centro de los servicios esenciales); y ese plan, si no hay acuerdo entre partes, se aprueba ANTES de la huelga por un juez. Es decir, el juez tutela a los ciudadanos antes de la huelga. Si el plan no se elabora y se van a huelga, la declaratoria de ilegalidad es inmediata y se permite la contratación de sustitutos de los huelguistas.
SÉTIMO: Si la nueva administración no levanta el veto, este será un tema central en la próxima Asamblea legislativa, donde muchos diputados apoyarán la RPL desde la perspectiva de la regulación de la huelga, por lo que sin duda consumirá buena parte del tiempo de la nueva administración y del nuevo parlamento.
OCTAVO: Le tocará al gobierno entrante dar la cara ante la próxima asamblea mundial de la OIT; organismo internacional éste que tiene a nuestro país en su más crítica valoración negativa, por su irresponsabilidad reiterada de que se pondrá al día como los compromisos laborales que asume pero que, una y otra vez, deshonra la palabra empeñada, año tras año. La RPL es una muestra más que emblemática de la “vacilada” anual que Costa Rica le pega a la OIT.
NOVENO: La Presidenta Chinchilla, que se va siendo la gobernante más desacreditada de la América Latina, vetó la RPL por las presiones del gran empresariado bananero y piñero; especialmente el primero que se expresó por medio del próximo diputado Antonio Álvarez Desanti. Fueron estos enormes intereses corporativos, algunos de corte trasnacional, los que presionaron, desmesuradamente, para que el Poder Ejecutivo se desdijera, como lo hizo la UCCAEP, del acuerdo tripartito inicial; mismo que, incluso, cínicamente dijo defender la mandataria cuando tuvo la osadía de hablar a favor de la RPL en el seno mismo de la sede mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, con ocasión de su visita a su asamblea anual del año 2012 y ostentando el cargo de Presidenta de la República.
Como podrá verse, la “información” de La Nación de esta fecha, bajo la firma de la periodista Sofía Akepsimidis, es tendenciosa y manipuladora. Repetimos: En servicios públicos esenciales, fundamentales para la vida, la salud y la seguridad de las personas, la huelga no se “amplía”; todo lo contrario, ¡se regula!
