I- El artículo 12 de la Constitución Política de la República de Costa Rica proscribió el ejército como institución permanente, reconociendo que para la vigilancia y conservación del orden público se contará con las fuerzas de policía necesarias. De igual forma el articulo 140 (incisos sexto y dieciséis) de la Constitución definen como deberes que corresponden al Poder Ejecutivo, mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, resguardando, además, el orden público.
La proscripción del ejército permite identificar, muy claramente, que la seguridad ciudadana es un bien eminentemente civil; es decir, que se asume desde una visión ciudadana. Este es un dato que puede parecer obvio, pero no lo es, porque es un hecho histórico que permite considerar la seguridad ciudadana como un valor de la convivencia democrática, distante del autoritarismo castrense.
II- En cuanto al orden y la tranquilidad, son conceptos de amplio espectro, sin embargo, su contenido no permite darle un fundamento preciso a la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana no es lo mismo que orden y tranquilidad, es un concepto mucho más amplio, porque está íntimamente vinculado con el desarrollo humano, cuyo contenido esencial prevé el artículo cincuenta de la Constitución, al establecer que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. El bienestar, que puede visualizarse como calidad de vida, supone, sin duda alguna, el adecuado reparto de la riqueza. La redistribución de la riqueza, mejor aún, la equidad social, es un supuesto medular de la seguridad ciudadana; una sociedad con un inadecuado reparto de la riqueza, no posee las condiciones para desarrollar una política equilibrada y razonable sobre seguridad ciudadana.
III- La seguridad ciudadana, en sí misma, es un bien jurídico constitucional residual, porque debe reconocerse que el respeto a los derechos fundamentales, así como la equidad social y un reparto equitativo de la riqueza, marcan los límites en los que puede desarrollarse una política que permita al ciudadano encontrarse libre de la amenaza de violencia o despojo por parte de otros, según lo ha definido el PNUD.
IV- Esta visión no excluye, como parece hacerse usualmente, la persecución eficaz de la corrupción política y económica, porque esas formas de acción criminal son una grave amenaza de despojo por parte de otros. Si nos atenemos a la visión que nos brinda la agenda de los medios de comunicación, la delincuencia dorada o de poder, no genera inseguridad ciudadana, enfoque que es, sin duda alguna, equivocado. La impunidad frente a la delincuencia ejecutada desde el poder hace crecer la inseguridad ciudadana, sino que tiene un efecto devastador respecto de la legitimidad del sistema político y social. La impunidad de los delitos ejecutados desde posiciones de poder político o financiero, los privilegios fácticos y jurídicos que aseguran la invisibilización institucional de los crímenes no convencionales, generan no sólo una sensación de inseguridad, sino que provoca un debilitamiento de la legitimidad de las instituciones y del régimen democrático, al percatarse el ciudadano que hay personas y grupos que ostentan el privilegio de la impunidad.
La imagen distorsionada que difunden los medios de comunicación social sobre lo que es la inseguridad ciudadana, destacando algunas manifestaciones e ignorando otras, se puede convertir en un instrumento que impide a la ciudadanía prestar atención a otras graves manifestaciones de impunidad, corrupción e injusticia social. De esta forma, la agenda política se convierte en un inventario de acciones represivas y punitivas, desconociendo otras causas, algunas mediatas, que propician una paupérrima calidad de vida.
V- No puede desconocerse que el aumento de la inseguridad ciudadana es una amenaza real contra el desarrollo humano, al limitar las posibilidades individuales para definir un proyecto de vida, debilitando la solidaridad social que requiere el desarrollo social e individual. Pero similares efectos provoca la criminalidad ejecutada desde posiciones de poder. La seguridad del ciudadano, a pesar de sus imprecisiones y emotividades, exige el respeto al principio de igualdad y requiere, como escenario social, un tejido social en el impere la equidad y la movilidad social. Una sociedad que tiene que expulsar a sus ciudadanos, porque no les puede dar oportunidad de un desarrollo humano aceptable o por lo menos la supervivencia, es una sociedad que tampoco brinda una convivencia de calidad, aunque la exclusión social y económica de los emigrantes, no se visualiza como inseguridad ciudadana, porque sólo se apela al dato “amarillo” o al acontecimiento dramático.
VI- La necesidad de vencer el temor ciudadano a la convivencia, como objetivo político trascendental, puede llevarnos por rutas equivocadas, cuyo destino puede ser constitucionalmente cuestionable, tal como ocurre:
1- La reducción irreflexiva de la capacidad que tiene el Estado de brindar un servicio policial eficiente y bien financiado. El panorama es desastroso, según lo señala con claridad el Ministro de Seguridad Pública, don José María Tijerino, en declaraciones que brindó al parlamento costarricense, describiendo un panorama patético: sólo existe capacidad para un presencia simultánea de policías de cuatro mil agentes en todo el territorio nacional. Se cuenta con 13.000 policías, pero menos de 12.000 se dedican de verdad a funciones policiales, debiendo excluirse a mil agentes que están incapacitados, de tal forma que nunca se cuenta con más de 3.900 funcionarios dando un servicio policial preventivo. Al ser más de cuatro millones la población del país, la relación entre población y ciudadanos es de más de mil personas por cada agente policial. No puede desconocerse, además, que muchas delegaciones policiales están en ruinas y que se carecen de suficientes vehículos para labores de persecución y vigilancia. Sólo un doce por ciento de la infraestructura policial está en buen estado. [1] El tema del servicio policial paupérrimo y que no agota, por supuesto, el tema de la seguridad del ciudadano, evidencia, en gran medida, no sólo la reducción del Estado, sino que provoca, de la misma forma, la privatización del servicio de seguridad, a pesar de que es uno de las funciones esenciales que debe cumplir el Estado. Se requiere una reflexión sobre la incidencia de los servicios privados de seguridad y el retraimiento de la actividad estatal en un servicio tan importante. El servicio policial, al igual que otras funciones, requiere una presencia policial mínima y sostenida. Es muy probable que la función preventiva que debe cumplir el servicio policial estatal, no cumpla los mínimos aceptables en la mayor parte de las comunidades costarricenses.-
2- El punitivismo penal es otro extravío en la búsqueda de una seguridad ciudadana, convirtiendo la represión penal en una fórmula simplista para lograr una paz social o una convivencia aceptable, que no se alcanza con el aumento de las penas o la criminalizacion de cualquier acción dañina. La convivencia pacífica de los ciudadanos requiere el respeto a los principios básicos de una política criminal en un estado social y democrático de Derecho. Principios tan importantes como el de intervención mínima, la exclusiva protección de bienes jurídicos, el carácter subsidiario de la intervención punitiva, la imposibilidad de reprimir acciones que son parte de la esfera privada, son limitaciones que expresan, nuevamente, los condicionantes de un bien jurídico como la seguridad ciudadana, que si bien es trascendental, no tiene una vocación específica tan bien definida como los derechos y garantías individuales.
3- La represión selectiva y discriminatoria a la que tiende la irracionalidad de algunas políticas de solución a la inseguridad, convierten la mera represión en un instrumento de marginalización, la de los pobres, la de los emigrantes. Aquí si es cierto que las palabras y el silencio no son nada sutiles, sino que es cuestión de la relación de fuerzas, que la define quien tiene más poder. El simplismo de la represión a los más débiles y vulnerables, casi nunca encuentra anticuerpos políticos. Un concepto demagógico e impreciso de seguridad ciudadana puede se un instrumento que conculque derechos fundamentales, convirtiendo la simple desigualdad y los prejuicios, en una política que privilegia la desigualdad. Qué importante es poder identificar claramente los casos en que la represión punitiva o los instrumentos de control retoman una visión peligrosista, convirtiendo la pobreza o la marginalidad en fuente de sospecha y peligro.
VII- Muy importante e inquietante desde la perspectiva constitucional, es considerar que la libertad sea incompatible con la vigencia de un bien público, como lo sería la seguridad ciudadana, con todas sus particularidades e imprecisiones. El derecho de la libertad no puede ser barrido por el derecho a la seguridad, más bien la segunda debe quedar subordinada al derecho a la libertad. La seguridad ciudadana no podría limitar la libertad individual, como si fuera un derecho fundamental, porque en su esencia y contenido, no lo es, lo que no le resta trascendencia pública. La seguridad ciudadana es un legítimo interés constitucional, pero no tiene la fuerza e impacto de los derechos fundamentales. Esta precisión impide tomar rutas de absoluta irracionalidad, espejismos punitivos que convierten la represión, sin mayores matices, en fuente perversa de una política de seguridad ciudadana que nunca alcanza los objetivos que corresponden a una sociedad realmente democrática. Seguridad ciudadana es mucho más que orden y represión, por eso no es aceptable que sus pretensiones y objetivos reflejen la frase atribuida a Goethe, que decía que prefería la injusticia al desorden. La seguridad ciudadana no puede evitar la pretensión de orden, pero no pude separarse de una visión de justicia, especialmente la que se pretende alcanzar con una sociedad más justa y equitativa. La seguridad ciudadana es el objetivo que corona una sabia combinación de principios tan importantes como la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político y la justicia social.
VIII- No hay fórmulas mágicas, ni simplistas, no basta señalar que se pretende cero tolerancia frente al crimen; ese simplismo deformante y reduccionista se convierte en mero autoritarismo que no guarda ninguna relación con la pretensión de conseguir una convivencia más segura, respetuosa de los derechos fundamentales, cuya aplicación responda a instrumentos y respuestas que trascienden la simple represión punitiva y policial.
IX- La inseguridad ciudadana nos muestra el resultado de muchos factores cuyo control y neutralización requieren una estrategia política, quizás es indispensable reconocer que se han postergado muchos problemas, entre ellos la construcción de una sociedad más equitativa. Este objetivo reclama mucho más que una política reactiva, sino que debemos volver a la política, la que no le teme a la acción estatal, la que no le teme a la libertad, la que teme a los simplismos, la que huye de las privatizaciones o estatizaciones indiscriminadas, de las que no se salvaron ni las prisiones, que es una buena muestra de esa visión de seguridad ciudadana a partir de soluciones parciales, en las que se ignora la interconexión entre todos los fenómenos sociales. La privatización de prisiones, es un indicador de esas rutas por las que no puede transitar un bien tan importante como la seguridad ciudadana, que requiere mucho más que privatizaciones o una reducción obsesiva del Estado. Recordando a Rodrigo Facio, que pensó e hizo política, la de la visión integral, la que se escribe con mayúscula, señalando la interconexión entre la libertad y otros bienes sociales. Expresaba Facio que: “..La libertad es, pues, a más de un fin en sí misma, un medio, un poderoso medio para proseguir el movimiento interminable de la liberación humana. Para decirlo en términos más convencionales: la libertad, la libertad política, es un fin en sí misma, pero además es un medio, un poderoso medio para llevar adelante la plena libertad espiritual, económica y social del hombre…” <b>[2] El quehacer político en la búsqueda de una convivencia con justicia y paz social, incluye la seguridad ciudadana pero enmarcada en un proyecto político que supere la miopía y el maniqueísmo. La vía de la simple represión sin una visión política integral, no se alcanza una calidad de vida acorde con la dignidad del ciudadano. Por eso hace falta la visión política con mayúscula, como la que propuso en su momento Facio, Figueres, Calderón Guardia, Volio y otros. Si bien el control del delito es un tema importante, no puede convertirse en el de mayor trascendencia de la agenda política, como ha ocurrido en los últimos veinte años. La inseguridad por el delito es el síntoma de una grave disfunción social que no alcanza con el aumento de la represión y de las sanciones penales. Parafraseando una vieja frase, no queremos sólo seguridad ciudadana, queremos algo más que seguridad, pretendemos que la seguridad ciudadana sea parte de un proyecto que pretende construir una sociedad más justa, más equitativa, con mayor calidad de vida. La seguridad ciudadana se mueve entre dos extremos por un lado orden y seguridad, pero por el otro, un modelo de convivencia más justo, con mayor calidad de vida, que no expulse a sus ciudadanos, condenándolos a la marginalidad al interior o imponiéndoles el destino de huir hacia otro país por razones económicas.
X- La seguridad en la convivencia requiere una valoración cuidadosa de los márgenes de tolerancia social, por eso el bien que se persigue con la seguridad ciudadana trasciende el castigo, la represión; se debe evitar los extravíos de un fundamentalismo cívico que en función del orden, pretende normar hasta los detalles más nimios de la convivencia. Tampoco es admisible aplicar sin mayor criterio y ponderación, una ecuación perversa: más seguridad a cambio de menos libertad. Si se transita por esa vía sin mayores reparos, no se alcanza la calidad de vida, en un sentido amplio, logrando una convivencia social que trasciende las fórmulas simples de represión y orden.
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Notas
[1] Ver declaraciones del Ministro de Seguridad Pública, don José María Tijerino Pacheco, que reproduce el Diario La Nación en su edición del ocho de julio del 2010.
[2] Facio, Rodrigo. “Discurso del rector en el acto de clausura del año académico de 1960” publicado en la obra de Eugenio Rodríguez Vega, tiulada: “Rodrigo Facio”- Ed. UNED- Costa Rica. 2006- p. 283.
