En el marco de la campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica que se ha venido fomentando en contra de todo lo relacionado con Empleo Público, contra el Sector Público, contra las personas trabajadoras asalariadas del Estado y de sus propias familias; campaña orquestada desde el seno de los tradicionales sectores hegemónico-dominantes (y toda su pléyade de opinólogos, amanuenses, articulistas, comentaristas y otras personas de similar especie); campaña que se ejecuta, especialmente, a través de la prensa “perdedora” de las elecciones presidenciales del 2014; se abre ahora un nuevo “frente de combate”…
Hablamos de la resolución emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), dada a conocer en lunes 24 de agosto anterior mediante comunicado de prensa, en la cual el alto personero de esta entidad, su Intendente de Energía, informa de que ejecutó una rebaja, que no le reconoció gastos de operación a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), por el orden de los 20 mil 363 millones de colones, según la última solicitud de ajuste tarifario que le fuera presentada por esta empresa pública.
De esta cantidad, casi 5 mil millones de esa rebaja (más bien recorte), corresponden a los compromisos patronales previstos y obligacionales destinados a honrar responsabilidades asumidas en el sistema de relaciones laborales y sociales derivadas de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT); actualmente vigente (y en proceso de renegociación propiciado en el marco de la indicada campaña);CCT suscrita entre esta empresa pública y el Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia), mismo que es parte del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA.
Sabemos que el tema de la CCT de Recope (y de otras inmersas en similares circunstancias, pero todas instrumentos clásicos y emblemáticos del Derecho Colectivo de Trabajo), constituye tema de gran polémica a nivel de opinión pública; especialmente porque la indicada campaña terrorista y de agresión ideológica a todo lo que tenga que ver con Empleo Público, ha colocado ya en el “paredón de fusilamiento civil” a toda la población trabajadora asalariada de Recope (y a sus propias familias), a su legítimo sindicato y a la institución misma. Solamente ha estado faltando el “tiro de gracia” y ese parece ser el contenido político-ideológico de la resolución del Intendente de Energía de la Aresep… y de la Aresep misma.
Este comentario, por tanto, no está centrado en la polémica mencionada. Entendemos que la actual dirección de Sitrapequia tiene claridad de sus desafíos actuales como representación laboral legítima del personal trabajador asalariado de Recope; y, entendemos, que está en un proceso de renegociación de su CCT, con responsabilidad cívica crítica, con base en la lectura del entorno sociopolítico nacional del momento y la consideración de las fuerzas en pugna.
Por tanto, este comentario lo queremos concentrar en lo siguiente: En si como sociedad queremos seguir jugando con las reglas del Estado de Derecho a todo nivel (incluido el laboral); o, si por el contrario, el empate político entre las dos visiones de desarrollo que siguen confrontadas en este país, se ha de resolver con decisiones de facto, de corte totalitario-arbitrario, altamente violentistas contra el mismo Estado de Derecho; y, por tanto, desechada tal vía civilizada, que se abra, en consecuencia, el sendero del enfrentamiento civil abierto, en diversas modalidades pero todas catastróficas para la paz social y para la Democracia misma.
Contundentemente pensamos que la acción de la Aresep que implica supresión abrogante de derechos laborales regulados en la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) de Recope, aprovechando el procedimiento de autorización de tarifas, es abiertamente ilegal.
La ilegalidad obedece a que tal acción ya no sólo es contraria al principio de legalidad, por cuanto con su actuar la Aresep rebasa las competencias de control y fiscalización que la ley le otorga.
Más grave todavía es la circunstancia de que Aresep, según su marco legal vigente, debe tener en cuenta el cumplimiento de las leyes laborales de las entidades cuyos modelos tarifarios regula. Este podría ser un elemento central para debatir en las sedes judiciales-administrativas correspondientes.
Como bien sabemos (y aunque no le guste a esos tradicionales sectores hegemónico-dominantes, así como a toda su pléyade de opinólogos, amanuenses, articulistas, comentaristas y otras personas de similar especie); el instrumento jurídico Convención Colectiva de Trabajo (CCT), es LEY LABORAL (así en mayúscula).
Ley laboral de tal potencia jurídica que puede ser aplicada, por ejemplo, en el seno de las empresas corporativo-mediáticas, privadas, desde las cuales se propician las “ejecuciones sumarias” y los “fusilamientos civiles” en este tema del Empleo Público; si en tales empresas privadas se diera el imperio constitucional de la ley.
Por consiguiente, la Aresep, lejos de estar facultada para derogar, tácitamente (mediando este proceder abusivo, violentista, de facto), normas convencionales de la ley del Trabajo, como lo ha hecho en esta resolución de Recope; está obligada por ley a velar porque las empresas reguladas cumplan con estas leyes de trabajo: esto es, que cumplan con las convenciones colectivas vigentes en dichas empresas públicas.
Lo que está aconteciendo ahora con el cercenamiento de facto, con la abrogación de la legalidad sociolaboral convencional de Recope, con este inaudito uso abusivo del Derecho, va a afectar a otras empresas públicas sujetas a la regulación tarifaria de Aresep: A y A, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz CNFL, Japdeva, las empresas públicas regionales y cooperativas distribuidoras de luz y de energía eléctrica entre otras.
La Aresep, y su Intendente de Energía, ¡“cerró” el parlamento y decretó “su propia” ley de empleo público!
Esto es completa y contundentemente inadmisible. Debemos recordar que en nuestro sistema jurídico-procesal, sólo los entes jurisdiccionales tribunales de trabajo y Sala Constitucional están facultados para desaplicar normas laborales de rango legal que puedan tener algún vicio de ilegalidad o inconstitucionalidad.
La Administración Pública en este caso, la Aresep, no puede desconocer este principio general del ordenamiento jurídico. Y, mucho menos, además, pasándole por encima al propio parlamento, a la Asamblea Legislativa, en cuyo seno, precisamente, está un debate en desarrollo en este y otros aspectos referentes al Empleo Público.
Las implicaciones de este acto de tropelía (abuso, arbitrariedad, hecho violento contrario a las leyes), cometido por la Aresep rebasa el cercenamiento de derechos laborales garantizados por este tipo de instrumentos jurídicos del Derecho Colectivo de Trabajo, como lo es la Convención Colectiva de Trabajo.
Abarcará, de consolidarse, a otras entidades de la institucionalidad pública que aunque no tengan una CCT (como, por el ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad ICE), sus fijaciones tarifarias las define la Aresep.
En tal sentido y concretamente, esta tropelía de la Aresep puede estar cercana para serle aplicada al propio ICE, alegando que sus obligaciones patronales-sociales, en sí mismas, no pueden considerarse dentro de los costos empresariales de operación, en cuanto a las tarifas eléctricas, por ejemplo.
Más allá del abuso del derecho (“contra legem”, según los especialistas), que es demandarle a la Aresep en cuanto tal; estos “tiranuelos de bolsillo”, como el propio Intendente de Energía de la Aresep, deben asumir sus propias responsabilidades personalísimas, por su actuaciones abusivas en uso de las facultades jurídicas que le fueron otorgadas para el ejercicio de su cargo.
Se está jugando, ya en serio, con la paz social. Se está jugando, también en serio, incluso, con la misma Democracia y su institucionalidad jurídica.
Si bien, en este caso particular, se deberán emprender varias acciones jurídicas; la embestida contra el empleo público ha llegado ya a niveles demenciales, que exigen una respuesta de fuerza de grandes dimensiones por parte de las organizaciones sociales y, ojalá, en condiciones de unidad en la acción, insospechadas hasta hoy. “La sangre ha llegado al río…”. ¡Ojalá nos equivoquemos!
A nivel del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, este martes 1 de setiembre analizaremos en profundidad el tema, previas conversaciones de últimas horas entre varios de sus líderes.
