Los históricos vínculos entre Costa Rica y Nicaragua, más allá de la circunstancia geográfica que nos ha hermanado territorialmente, deben ser sometidos a un redimensionamiento en varias perspectivas, luego de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que le dio la razón al gobierno de nuestro país, de manera contundente, en su demanda contra el gobierno de Nicaragua por su ilegal proceder de posicionarse en suelo tico en el caso de la isla Calero o Portillos.
Celebramos que sean las vías del derecho las que imperen en las disputas internacionales entre países y estados y sólo resta felicitar al notable equipo político-jurídico costarricense que llevó este proceso en la CIJ para la preservación del concepto universalmente aceptado (pero tantas veces violado), de la soberanía de las naciones.
La célebre frase del político mexicano Benito Juárez y que éste pronunciara el 15 de julio de 1867, “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, se ha reafirmado como piedra angular de las relaciones de fraternidad y de solidaridad entre pueblos hermanos.
El fallo que festejamos como costarricenses debe servir para refrescar en nuestra memoria colectiva como nación, tan venida a menos en estos tiempos de globalización neoliberal, las oportunas circunstancias político-históricas de los contenidos del tratado de límites Cañas-Jerez, firmado entre Costa Rica y Nicaragua el 15 de abril de 1858, siendo presidente de nuestro país el célebre patriota Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora, quien viajó a Rivas de Nicaragua, para su suscripción.
La extraordinaria visión estratégica de don Juanito Mora (por cierto, el mejor presidente de toda la historia republicana costarricense hasta la fecha), y puesta a prueba con el desafío histórico que tuvo que enfrentar en la Gran Guerra Patria de 1856-1857; habría de darle sentido a la posición costarricense de entonces para que de una vez por todas, tanto Costa Rica como Nicaragua tuvieran certeza de la integralidad de sus respectivos territorios y de las fronteras entre ambos, con dos determinaciones tajantes: el Río San Juan es nica pero los ticos tenemos derechos a navegar en él y todo la margen derecha del mismo es costarricense.
Alguien tomó decisiones equivocadas en el seno del gobierno de Nicaragua, ofendiendo la integralidad y soberana territorialidad costarricense, alimentando así la perversa campaña xenofóbica en suelo nacional contra el pueblo nicaragüense, gran parte de la cual se ha manifestado con evidentes intencionalidades político-ideológicas, influyéndose fuertemente en el inconsciente colectivo tico de que “el reino de mal” está cruzando el Río San Juan.
Con humildad y desprendimiento latinoamericanista parece haber asumido el gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra este fallo que le ha sido totalmente adverso, pues están diciendo que lo respetan y aceptan. Ojalá sea un comportamiento político real y no una pose para exportación diplomática, habida cuenta de que en el proscenio internacional y por las circunstancias geopolíticas actuales del rumbo hegemónico de la globalización neoliberal, a Costa Rica se le mira con ojos distintos que los que miran a Nicaragua.
Pensamos que el Presidente de Costa Rica, don Luis Guillermo Solís Rivera, debería impulsar un mejoramiento sustancial de las relaciones entre ambos pueblos, tratando de “independizarse” de la gritería anti-nica de las vocerías plutocrático-mediáticas que parecen haberse apoderado del sentido actual de la política exterior de nuestro país.
La sola consideración de los y las miles de nicaragüenses en nuestro país, con su aporte a la economía nacional, debería ser suficiente para este noble propósito, más allá de las circunstancias de la coyuntura de los hermanos y las hermanas cubanas varadas en nuestro país y que Nicaragua no dejó pasar.
No comprendimos la euforia de la hoy expresidenta costarricense Laura Chinchilla Miranda pues el fallo de La Haya la hace responsable política directa de que la construcción de La Trocha no hubiese tenido los debidos estudios previos de impacto ambiental, lo que Nicaragua expone como “su victoria”. Como ya es notorio, La Trocha es el escándalo de corrupción más vergonzoso y repudiable no solamente de su propio gobierno sino el de los últimos gobiernos.
El cuento ese de que las “hordas sandinistas” nos invadirían, ya que torpemente el gobierno nica había cometido la tropelía de la isla Calero y que, en tal sentido, “¡a troche y moche!” había que imponer la construcción de La Trocha, a muchos en este país no nos convenció. Ahora ha quedado en evidencia que los fondos públicos usados en tal “aventura soberanista” fueron a dar a otro lado, menos a esa carretera fronteriza. Nadie podrá negar que el gobierno liberacionista Chinchilla Miranda quedó manchado para siempre con el barro y los lodazales de La Trocha.
