Las personas con discapacidad y sus diferentes organizaciones han estado realizando diversas acciones de calle, tratando de lograr más atención a sus respectivas problemáticas, ya no solamente de parte de las autoridades gubernamentales, sino de la misma opinión pública. Diversas fuentes, de bastante credibilidad y algunas con rango internacional, han indicado que en nuestro país habría hasta unas 700 mil personas con discapacidad. Esta cifra es preocupante y alarmante y deja en evidencia que la política pública al respecto deja mucho que desear, aunque no se puede desconocer importantes esfuerzos institucionales que se vienen haciendo para atender a esta población costarricense de alta vulnerabilidad.
El pasado lunes 8 de abril nuevamente un importante grupo de personas con discapacidad salieron a la calle, terminando su protesta frente a la sede central del Ministerio de Educación Pública (MEP); precisamente porque su protesta está dirigida a la calidad de la atención que reciben la población infantil y juvenil con discapacidad, en cuando a su formación educativa y en los espacios especializados diseñados para ello dentro del sistema educativo público.
Los padres, madres, familiares, profesionales, amigos y amigas de personas con discapacidad solicitan se les dé intervención y participación en la reformulación de los planes de estudio de los centros de formación en Educación Especial y cualquier carrera que tenga materias pedagógicas o implique la atención de personas con discapacidad.
En esta línea, plantean que los planes de estudio deberán tener las materias básicas para la atención de personas con discapacidad en su currícula. Consideran que desde siempre sus hijos, hijas y familias han padecido una propuesta educativa que los ha dejado fuera del sistema educativo. Según el Censo del 2011, se indica que apenas el 25% del colectivo con discapacidad logra concluir la educación primaria.
Estiman quienes protestan que, históricamente, esto ha ocurrido porque, presuntamente, las autoridades, docentes, miembros de equipos técnicos y otras autoridades han carecido de una visión paradigmática desde la perspectiva social y de Derechos Humanos relacionados con esta población, lo que ha ocasionado falta de propuestas adecuadas para atender el derecho a la educación de sus hijos e hijas.
Las familias de personas con discapacidad, especialmente las que tienen seres queridos en el proceso educativo especial, valoran la importancia de colaborar estrechamente con las instituciones educativas para garantizar la inclusión, optimizando las experiencias y experticias de todos los sectores (autoridades, profesionales, familias, personas con discapacidad y comunidad), para que se cumplan las leyes y el derecho de todos y de todas; pretendiendo contribuir al logro de la igualdad de oportunidades, la inclusión que todos anhelamos y el cambio de paradigma educativo, con un verdadero modelo social, de derechos, que se promueva en todo el territorio nacional para servicios del Estado y también privados. Para el colectivo de las personas con discapacidad, su lucha se concentra en estos trece puntos centrales:
1. Consulta de cualquier plan, reglamento, legislación u otra propuesta que afecte de manera directa o indirecta al colectivo con discapacidad, según lo establecido en el artículo 13 de la ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. En lo especifico alegan que el Plan de Estudio de Aulas Integradas y Escuelas de Enseñanza Especial es un instrumento desarrollado en el año 2000, encontrándoce anacrónico con los nuevos instrumentos jurídicos importantes, como la Convención de la ONU y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminción de la OEA.
2. Requieren que se realicen los nuevos planes con un abordaje que sea consecuente con los instrumentos anteriormente señalados, haciendo no sólo a las consultas a las organizaciones de la sociedad civil; sino que desean ser actores en el diseño, desarrollo e implementación de estos planes.
3. Se plantea homologar el concepto de discapacidad en todas las esferas del aparato estatal, con el fin de abordar la temática de esta población de manera transversal, sobre todo apegado a la legislación nacional y a los acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, esto en todas las instancias del Estado Costarricense.
4. Eliminar las prácticas y condiciones de hacinamiento en todos los centros de Educación Especial de este país, que no sólo atentan con la calidad de educación que se merece el colectivo con discapacidad, sino también por salvaguardar la integridad física y emocional de las y los estudiantes de estos centro educativos.
5. Mejorar y ampliar la infraestructura de los centros educativos de Educación Especial para que éstos cumplan a satisfacción con los principios de accesibilidad, usabilidad y diseño universal, respondiento al principio de inclusión al espacio físico cumpliendo con las necesidades básicas de cada una de las personas con discapacidad atendidas en estas instituciones.
6. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros de Formación Docente de Educación Especial de nuestro país.
7. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y de la multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros Formativos de Edución Especial, en las áreas de Educación Física, Educación Artística y otras.
8. Garantizar un proceso que asegura que todos los integrantes del colectivo con discapacidad participen de forma equitativa, ejerciendo su derecho a la autodeterminación, dejando de manifiesto el concepto de capacidad jurídica implementado en la Ley 8661.
9. Reconocimiento de los grupos sociales distintos el valor que hay en cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento de un tercero vulnerable, con necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad y disfrutar de sus derechos fundamentales.
10. Exigen pensar en lo que sucede cuando niños, niñas y adolescentes interactúan en el sistema en el que se encuentran incluidos la familia y el colegio, es decir en la comunidad y después de la etapa escolar.
11. Cubrir aspectos como la vida (plena) en comunidad, la autonomía en la toma de decisiones, la participación ciudadana, el acceso y uso de los bienes y servicios disponibles para los ciudadanos.
12. Se exige una sociedad inclusiva, por tanto, se deberá disponer y habilitar mecanismos para asegurar la garantía de los Derechos Humanos, la dignidad y la ciudadanía activa de todas las personas que componen nuestra sociedad.
13. Requieren la transversalización de la temática de la discapacidad en todas las esferas de la educación nacional, para que las capacidades de estos profesionales visibilicen la diversidad presente en este colectivo.
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) nos sentimos honrados de que muchas de las personas integrantes de los diversos colectivos de la discapacidad hayan encontrado una casa de organización para canalizar sus luchas, como lo sienten en la ANEP.
