“Le tomo la palabra, doña Laura”

Bien, por doña Laura. Los días que corren, erizados de amenazas y crisis, son tiempos que exigen liderazgos de altura; desprendidos, generosos, magnánimos. Es la única forma de enfrentar los desafíos que se nos presentan y hacerlo de forma que se restablezcan la equidad y la justicia y que la democracia se amplíe y perfeccione. De otra forma, no solo se sufrirán los impactos inhumanos de la crisis, sino que estos sacrificarán la democracia en la misma medida en que descarguen su golpe sobre quienes son más pobres y débiles.

Así las cosas, no queda sino tomarle la palabra a la señora Presidenta. La Caja es, muy probablemente, el tema principal en la actualidad de Costa Rica, en el tanto se trata de la institución central –sin duda la más importante- dentro de nuestro sistema de seguridad social. Es, por antonomasia, “el” tema-país.

De ahí, estas modestísimas y muy respetuosas sugerencias que le formulo a doña Laura, las cuales se inspiran íntegramente en su proclama del problema de la Caja como un tema país. No dudo que es honesta y sincera la posición expresada por la señora Presidenta, de forma que asumo que no tendrá inconveniente en impulsar reformas que rompan con la lógica político-partidaria desde la cual se ha manejado tradicionalmente esta institución, con resultados tan obviamente perniciosos.

Aquí mis humildes propuestas:

1) Despolitización de la Caja. Por la enorme significación e impacto social, cultural y económico que deriva de las funciones y responsabilidades que competen a esta institución, su funcionamiento debe responder a una planificación de mediano y largo plazo, con arreglo a intereses nacionales superiores e independiente de los vaivenes asociados a los énfasis e intereses característicos de cada período gubernamental de cuatro años. Deben, por lo tanto, modificarse las leyes de forma que:

  • a. desaparezca la figura de la presidencia ejecutiva;
  • b. la junta directiva sea elegida por períodos distintos de los gubernamentales y con base en criterios estrictos que garanticen independencia respecto de estrechos intereses político-electorales, económicos o gremiales, y de forma que se equilibren la representación de la ciudadanía –en particular de la población usuaria y cotizante- y la idoneidad técnica y profesional;
  • c. los cuadros gerenciales deben ser elegidos con base en rigurosos procesos de selección que garanticen la mayor solvencia profesional y ética;

2) Rendición de cuentas y control ciudadano. La normativa debe ser modificada a fin de propiciar la mayor transparencia en la gestión de la Caja, así como la vigencia de procesos amplios y rigurosos de rendición de cuentas y un control ciudadano eficaz y permanente. Aparte la función específica que la ley asigna a la Controlaría General de la República, me parece que deben fortalecerse mecanismos de supervisión directa por parte de la ciudadanía y, en particular, por parte de la población usuaria. Es esta una forma de ampliar y profundizar la democracia y de devolver a la ciudadanía el control de aquellas instituciones clave que constituyen nuestro Estado social de derecho. Si se trata de rehabilitar la democracia y restablecer la confianza, ese es del tipo de medidas que, con valentía y decisión, deberían ser impulsadas. Al respecto, sugiero dos posibles mecanismos de control:

a. La formación de una comisión permanente de notables –personas totalmente independientes, de gran solvencia técnica, profesional y ética- quienes realizarán una evaluación periódica –digamos cada dos años- del funcionamiento y calidad de los servicios de la Caja, al modo de una auditoría ciudadana que ausculta el funcionamiento de conjunto de la institución. Esta sería la Comisión Auditora Nacional. Sugiero que esta comisión podría estar formada por cinco personas, nombradas a partir de ternas propuestas por los consejos universitarios de las universidades públicas. Sobre esa base se realizaría la elección de los cinco integrantes, la cual correría por cuenta de la Defensoría de los Habitantes. A su vez, esta sería responsable de darle seguimiento al funcionamiento de la comisión. Desde luego, tal Comisión tendría acceso a toda la información relevante que requiera.

b. Crear por ley la figura de las “comisiones auditoras ciudadanas”, las cuales se constituirían por parte de las personas usuarias en todos los hospitales, clínicias, EBAIS y dispensarios de la Caja, y que tendrían atribuciones tales como: solicitar información en relación con cualquier asunto que sea del interés de las personas usuarias; plantear denuncias, quejas y solicitudes de corrección o enmienda ante los órganos, funcionarios o instancias que corresponda; realizar denuncias públicas, etc.

Aquí dejo estas modestas sugerencias. Quizá tengan sentido y sean viables; quizá no. En todo caso, estoy convencido que si nuestro pueblo asume con plena conciencia un rol ciudadano activo y beligerante, de ahí saldrán magníficas propuestas que le permitirán a doña Laura dar cumplimiento exitoso a su propuesta de hacer de la Caja un “tema país”.

*especial para ARGENPRESS.info

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