En los actuales momentos de nuestra realidad nacional, tanto la sociopolítica como la económica y la electoral; y en ámbito de las cuestiones fiscales-tributarias e impositivas hay verdades contundentes que, prácticamente, nadie se atreve a contradecir.
Primero: El déficit fiscal no es culpa de quienes laboran asalariadamente para el Estado, para el sector público.
Segundo: La evasión tributaria, la elusión impositiva, el robo de impuestos supera los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB); la espantosa cifra de dos billones cuatrocientos mil millones de colones anuales: 2.400.000.000.000.
Tercero: El sistema de exenciones-exoneraciones que el país tiene, es de 6 puntos PIB, aproximadamente: un billón 800 mil millones de colones anuales (1.800.000.000.000); teniéndose la injusta realidad de que el 50% de esas exenciones-exoneraciones favorece al 20% de la población más rica del país, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Cuarto: La situación económica es la principal preocupación de la gente, de la ciudadanía, del pueblo trabajador; y, en tal sentido, en lo específico, es el desempleo el más destacado tormento, especialmente para la población joven del país.
Quinto: El déficit fiscal, según los parámetros macroeconómicos de orden neoliberal, ronda el 6%; y, nos encaminamos hacia un endeudamiento-país del orden del 60% del PIB. El orden en las finanzas públicas debe ser atendido, pero no “técnicamente” sino “políticamente” (justicia social de por medio).
Sexto: La desigualdad y su sostenido crecimiento es el principal problema nacional y de ello no queda duda según la última medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): el país sigue perdiendo posiciones al respecto. Se cayeron 22 posiciones en el lapso comprendido entre el 2013 y el 2016.
Sétimo: El dinero sucio proveniente de las actividades ilícitas del crimen organizado y del narcotráfico ha penetrado el sistema bancario-financiero nacional y la propia economía del país, al punto de que, para algunos especialistas de cada 100 colones en el bolsillo de la gente, 25 colones podrían ser dinero sucio por tales causas.
Octavo: Hay una serie de servicios públicos que hoy están precarizados, desfinanciados, deteriorados, con seria escasez de personal y de recursos; y, paradójicamente, son servicios públicos destinados a atender poblaciones en precario, en la pobreza, en vulnerabilidad, en riesgo social, en la inseguridad; y viviendo en importantes áreas urbanas y rurales controlados por el crimen organizado del narcotráfico, especialmente.
Noveno: Quieren forzar el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el “club de los países ricos”, cuando sus máximos personeros dicen que nuestra nación tiene un sistema tributario “prehistórico”, “cavernario”; uno de los peores (sino el peor de todos), a juicio del propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Décimo: El sistema tributario costarricense urge de transformaciones estructurales profundas para que sea más justo, más progresivo: se necesita que los que pueden pagar lo hagan rigurosamente y lo hagan en proporción directa a las riquezas que acumulan y no se roben nada… ¡Y por algo debemos empezar!
Por tanto, apoyamos la petición que está formulando el señor diputado don Edgar Araya Sibaja, actual Jefe de la Fracción Parlamentaria del Partido Frente Amplio para que el Poder Ejecutivo envíe al actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el expediente legislativo No. 19.639, a fin de que la Administración Tributaria del país pueda proceder a levantar el secreto bancario sin que medie una decisión judicial, al presumirse intentos de evasión fiscal, de elusión tributaria, o bien que el robo de impuestos se materializó por parte de un contribuyente.
A juicio del indicado legislador en importante entrevista que le hizo LA EXTRA DEL DOMINGO (domingo 26 de marzo de 2017), con la aprobación de este proyecto de ley el país adecúa su legislación en la materia a las tendencias internacionales en materia de controles tributarios y de fiscalización del Estado. Es decir que, aprobando el levantamiento del secreto bancario, indicamos nosotros, Costa Rica empieza a dejar de ser un “país prehistórico” tributariamente hablando.
En lenguaje de la propia Procuraduría General de la República (PGR), se trata de “…desjudializar el requerimiento de información de trascendencia tributaria a las entidades financieras y que con esto la Administración Tributaria cuente con una herramienta ágil y eficiente para realizar las fiscalizaciones de los diferentes tributos”. Para la PGR este proyecto no tiene problemas de constitucionalidad ni de legalidad. (Así consta en la Opinión Jurídica 117-J, fechada 7 de octubre de 2016, dirigida a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, firmada por el señor Esteban Alvarado Quesada, procurador).
En tal sentido, le toca al presidente Solís Rivera tomar la decisión política de enviarlo a tramitación parlamentaria, aunque se enojen esos sectores bancario-empresariales y de alto corporativismo de negocios en cuyo seno cunden las prácticas elusivas y evasoras de impuestos.
Levantar el secreto bancario vía este proyecto de ley 19.639 es ahora más que nunca una imperiosa necesidad ante el anuncio del propio Ministerio de Hacienda de que está estudiando presuntas operaciones ilegales de robo de impuestos mediando el mecanismo de “Los papeles de Panamá” (“Panamá Papers”); y ante las evidencias de gigantescas operaciones truculentas defraudadoras del fisco que determinó una comisión parlamentaria próxima a hacer anuncios públicos en tal sentido.
Que el Estado puede empezar a tener parte de esos 2 billones 400 mil millones de colones que al año se dejan en sus bolsillos los ladrones de impuestos por diversas formas, es una necesidad estratégica de primer orden.
Parte de esos dineros malhabidos e ilegalmente apropiados se pueden empezar a recuperar con el levantamiento del secreto bancario. Parte de esos dineros robados vía impuestos dejados de pagar, han de servir para atajar el crecimiento de la desigualdad, para ayudar al ordenamiento de las finanzas públicas, para fortalecer esos servicios públicos deteriorados que están pensados para poblaciones social y económicamente deterioradas.
En fin, levantar el secreto bancario es una primera gran medida para enfrentar el alto grado de desarrollo que el robo de impuestos ha alcanzado en el país, verdadero crimen social que está golpeando a la democracia misma.
