Desde la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA), consideramos que es necesario que el país cuente con una nueva ley de aguas, y que esa nueva ley no puede esperar. Hemos trabajado incansablemente por más de 10 años para lograr que Costa Rica tenga una ley que proteja el recurso hídrico y que esté acorde con estos tiempos. Ese trabajo no se puede tirar por la borda.
No podemos seguir con un marco jurídico e institucional para la gestión de este preciado líquido que no da respuestas efectivas a las necesidades que como país tenemos para garantizar el derecho humano de acceso al agua a las presentes y futuras generaciones.
El Proyecto de Ley 17742 fue presentado por el mecanismo de iniciativa popular, con el respaldo de más de 150 mil costarricenses. Desde la ANDA siempre estuvimos conscientes de que nada garantizaba que el mismo se fuera a convertir en Ley de la República y de que, en caso de que se aprobara, el texto definitivo coincidiera en un 100% con el presentado originalmente, pues nada impide que las y los diputados, puedan incluir cambios. Esos cambios se dieron, y algunos de ellos, según la Sala IV, presentan roces de constitucionalidad, específicamente los introducidos en dos artículos y un transitorio vinculados con el tema de protección del recurso hídrico.
Ahora está en manos del cuerpo legislativo atender o no los dispuesto por la Sala..Lo que no resulta aceptable es que el país siga por más tiempo con el actual marco legal en esta materia.”
Durante los últimos meses hemos venido desarrollando muchas reuniones con el Ejecutivo, con la Cámara Nacional de Agricultura y con algunos diputados y diputadas para buscarle una salida pronta a esta problemática.
En ese sentido, seguiremos realizando todos los esfuerzos que sean necesarios para llegar a acuerdos con el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y otros sectores de sociedad civil que permitan que el país cuente, cuanto antes, con un marco jurídico e institucional que posibilite una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del agua que garantice el derecho humano de acceso a agua potable y saneamiento para las presentes y futuras generaciones.
