Célimo Guido Cruz. Teléfono 89744625
Correo: celimoguido@yahoo.es
Por 30 años, posiblemente prorrogables, al igual que RITEVE, nos privatizan la carretera San Ramón – San José y la Ruta 27. Nos impondrán 10 peajes y nos duplicarán el gasto en combustibles. Con el ánimo de dejar claro ante la opinión pública, de que al menos se ha hecho lo debido, deseo aclarar lo siguiente:
1. El 5 de marzo de 2003 (hace 10 años) envié una carta al entonces diputado del PLN por Palmares, Luis Ramírez, solicitándole consiguiera el cartel de licitación y otra información relacionada con ese proyecto. Este “representante popular” ni siquiera se dignó dar respuesta a mi carta.
2. Preocupado por la ausencia de información al respecto, por parte del Gobierno a las comunidades y a los Gobiernos Locales, tal como lo exige el mismo contrato, el 29 de junio de 2011, entregué carta suscrita por más de 200 personas al Concejo Municipal y a la Alcaldesa de San Ramón, expresando que era urgente pronunciarse ante la privatización de dicho corredor vial, que sería entregado a una transnacional, señalando a la vez la urgente necesidad de solicitar al Consejo Nacional de Concesiones y a las autoridades del MOPT, copia certificada del Cartel de Licitación, de la oferta adjudicada y del Contrato de Concesión. Señalé también a la Municipalidad que tenía la obligación, como se lo demanda la Ley, de ponerse al frente de la colectividad que les eligió para liderar un movimiento de defensa de esta carretera, por ser patrimonio nacional y que, al igual que miles de ramonenses, quienes suscribíamos la misiva, quedábamos a la orden en esa tarea. Lamentablemente y según información de algunos Regidores, 5 meses después, ni siquiera se habían dignado leer la carta en sesión del Concejo. Dicho sea de paso, copia de esa misiva la envié a cada una de las fracciones de la Asamblea Legislativa, cuyas copias con sello de recibidas, conservo en mi poder.
3. En el mes de junio de 2012, en nombre del “Movimiento Dignidad Nacional”, visitamos los Concejos Municipales de Grecia, Poás, Naranjo, San Carlos, Palmares y San Ramón, y se les hizo entrega del oficio MDN-013-2012, con fecha 14 de mayo del mismo año, dirigido al Ministro Llach Cordero, en el cual, después de un estudio serio y responsable, se le hacían 10 cuestionamientos y muchas preguntas puntuales respecto a esa concesión, así como a la posible cesión del Contrato de la empresa Autopistas del Valle a la empresa brasileña OAS. En esa misma oportunidad les hicimos ver la urgente necesidad de que las Municipalidades se pronunciaran y externaran la defensa por los intereses de las comunidades, mas a pesar del recibimiento amable y respetuoso que nos dieron, debo lamentar y denunciar que la actitud de todos los representantes de los partidos tradicionales allí presentes, fue pasiva, tolerante y permisiva, en una sola palabra PUSILÁNIME, ya que aunque se logró que, de manera bastante débil, algunas se pronunciaran y otras solicitaran la presencia del Ministro a una sesión municipal para tratar el tema en cuestión; no vimos a ninguna asumiendo el reto con decisión y responsabilidad. En el caso concreto de la Municipalidad de San Ramón, luego de enviar la invitación al Ministro Pedro Castro, lo que recibe este foro de representantes ramonenses como respuesta de Castro es que hasta que el contrato haya sido refrendado, se procederá a visitar el Concejo.
Lo anterior me lleva a expresar sin temor a equivocarme, que esta posición debe ser entendida como parte de la actitud correspondiente una vez más, a una clarísima acción de corrupción que permite la obra por concesión, pues esto equivale a poner los zorros a cuidar las gallinas. Posición que demuestra que estos funcionarios responden más a los intereses de las transnacionales que a los intereses patrios. Esta posición es totalmente contraria a la asumida por un Juez de la República, quien ante un Contencioso, en un caso similar en la Ruta 27, este Juez hace legalmente responsables, a los Gobiernos Locales por no estudiar ese tipo de contratos y pronunciarse antes del refrendo, y así solicitar las enmiendas procedentes.
Si bien es cierto que el Ministro Castro fue asesor de OAS, hoy es Ministro de Estado en Costa Rica, y me pregunto: ¿cuáles intereses defiende: los de las transnacionales o los de las comunidades? Usted tiene la palabra señor Ministro.
Asimismo, es necesario investigar si es cierto o no, que la empresa Cacisa que supervisó la construcción de La Trocha y la Ruta 27 entre otras, también es la empresa supervisora de la carretera San Ramón – San José y que, además, ha retirado por ese concepto, ¢2450 millones, sin que siquiera se haya iniciado la obra. Al mismo tiempo, es necesario investigar si la Licda. Dora Wedell es la asesora legal del Cacisa y a su vez, esposa del Lic. Rodrigo Rivera, Vice Ministro del MOPT.
Por otra parte, he señalado reiteradamente al Movimiento de Occidente, que en este país, lamentablemente en aquellos casos en los que se tocan grandes intereses de la clase política – empresarial, se esfuma el Estado de Derecho, no hay tampoco la división entre Poderes, tal es el caso de esta ley de Obra por Concesión. Esto remite a un problema ideológico-político.
Ahora resulta que algunos “dirigentes” se dejan decir que esta lucha debe ser solamente por el alto costo de los peajes. Yo les pregunto: ¿y la dignidad y la soberanía de los pueblos? ¿No entienden acaso que durante más de 30 años y posiblemente 60 a través de la prórroga, estaremos pagando una carretera que nos pertenece, y que además, el acto de cesión es ilegítimo, ilegal y a todas luces es un acto más de corrupción?
La lucha de Occidente, la lucha de Costa Rica, ha de ser para derogar, o al menos revisar la ley de obra por concesión, una ley leonina que solo favorece a las transnacionales y a sus testaferros locales. Un ejemplo de lo anterior es el contrato de la concesión del puerto de Moín a la transnacional APM Terminal, que según el artículo 140, inciso 19 Constitucional, la concesión de un puerto, solo la puede autorizar la Asamblea Legislativa, jamás la CGR. Sin embargo, la ex contralora recibió órdenes, se impuso, pisoteando los artículos constitucionales, pisoteando a los 57 diputados y diputadas y en un acto posiblemente de PREVARICATO refrendó el contrato, y de esta manera la Asamblea Legislativa comete, una vez más, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. Y AQUÍ NO HA PASADO NADA.
Ante esta situación, el Licenciado José Miguel Corrales Bolaños y el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), presentaron una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley de Obra por Concesión, para agotar el debido proceso y prepararnos para las acciones que seguirán en caso de no obtener respuesta amparada en la legalidad.
Aún con las malas experiencias que tenemos en la Sala IV, y conscientes del accionar politiquero de la misma, a mi criterio debemos hacer un fijo con nuestras comunidades ante esta Sala para exigirles que se pronuncien, lo que nos ayudará para que la prensa, necesariamente tenga participación activa en esta lucha y convertir este problema en nacional, pues esta carretera es interamericana, lo que es: pertenece a todos los habitantes del planeta.
Las comunidades no seremos ingenuas, no permitiremos que intereses espurios impidan una lucha en la dirección correcta.
¿Dónde estaban los diputados? ¿Dónde estuvieron los Alcaldes y Alcaldesas?, ¿dónde los Regidores?, por más de 10 años les advertimos de esta situación y nada les importó.
La única Municipalidad que solicitó a la Contraloría que no refrendara el contrato hasta tanto no se le escuchara, fue la de San Ramón, acción que hizo porque en el Movimiento de Occidente, acordamos llevarle la moción redactada, mas lamentablemente, esta acción se logró un día antes del refrendo.
Tenemos que dejar claro en este sentido, nuestra más enérgica protesta contra la actitud lamentable de los Concejos Municipales, de las y los Diputados ante la Asamblea Legislativa, ya que por más de 10 años les hemos invitado, les hemos instado a defender los intereses de las comunidades, en este caso en particular, a no permitir la privatización de un patrimonio de todos y de todas. Han incumplido una vez más sus deberes.
Compañeros y compañeras de Occidente: No todo está perdido, reitero respetuosamente:
A. El movimiento debe gestarse en todos los cantones, al menos los de la provincia de Alajuela, Guanacaste y parte de Puntarenas.
B. Debemos visitar y volantear focos de interés social como son:
Ferias del Agricultor, terminales de buses, colegios y universidades, emisoras rurales y programas de opinión, salidas de feligreses de los templos, redes sociales y otros.
C. Es necesario plantear un recurso contra la cesión de la carretera San Ramón- San José.
D. En alianza con los trabajadores de SINTRAJAP, las comunidades afectadas por la corrupción y los incumplimientos en la Ruta 27 y el Movimiento de Occidente, hagamos un fijo ante la Sala Constitucional para exigirle su inmediato pronunciamiento respecto a la creación de la Ley de Obra por Concesión, que de lograrse favorablemente, estaríamos logrando no solo el objetivo propuesto con la carretera San Ramón – San José sino que, deteniendo de una vez por todas, la corrupción que esta ley ha permitido en contra de los intereses de las y los ciudadanos.
E. Debe exigirse a todos los Concejos Municipales, a las Alcaldías y a los representantes populares ante la Asamblea Legislativa, a cerrar filas para detener este y otros problemas.
F. Solicitar a las señoras y señores diputados, abrir un debate en la Sala de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, con presencia y participación de todas las partes involucradas y con invitación a la prensa nacional.
Este movimiento debe tener claro a qué intereses y mafias se está enfrentando, por lo tanto ha de ser un movimiento de carácter nacional y ligarlo a otros problemas nacionales, tales como la concesión de Puerto Moín, la lucha contra los incumplimientos en la Ruta 27, la defensa y recuperación de la CCSS, la defensa y recuperación del ICE, la Ley del Salario Único, y otros. Así podremos detener los grandes intereses que buscan la entrega de nuestro patrimonio.
“No habrá manera de desarrollarnos y salir de la pobreza, mientras los propios negocios grandes de nuestro medio, se entreguen a economías foráneas y nosotros nos quedemos solamente con negocios de pobres, mientras en vez de propietarios de nuestro propio país, nos convirtamos en un ejército de empleados del exterior”.
José Figueres Ferrer, 1952
San Ramón, 13 de marzo de 2013.
