¡Ley General de Telecomunicaciones no alcanza los 38 votos!

Compañeros (as) iceistas
A eso de las 10:15 de la mañana de hoy miércoles 13 de febrero se votó
en primer debate, el proyecto Ley General de Telecomunicaciones, con
36 votos.

Hubo 19 votos en contra y dos legisladores, Bienvenido Venegas y Evita
Arguedas se salieron del plenario.

Esa cantidad de votos a favor nos da un argumento más y muy sólido,
ante la Sala Constitucional para traernos abajo este nefasto proyecto
puesto que para romper un monopolio estatal se requiere de 38 votos
como mínimo.

Para justificar este nuevo atropello al ordenamiento legislativo y
ante la incapacidad para alcanzar los votos requeridos, la coalición
de los 38 diputados (as) fieles al gobierno de Arias Sánchez se
inventaron el argumento de que el ICE es un ?monopolio de hecho?, y no
de derecho.

Con esa argucia pretenden dar la puntillada final para imponer la
apertura total del mercado de las telecomunicaciones que acabaría con
una de las instituciones más emblemáticas del estado social de derecho.

Es un día oscuro para la democracia, pero también es un día para
sentirnos orgullosos, porque a pesar de todo lo que hicieron para
impedir el debate y quebrar la voluntad de los valerosos diputados y
diputadas patriotas, no pudieron alcanzar la mayoría necesaria para
aprobarlo en primer debate y por eso deben recurrir a esta artimaña.

La lucha sigue, el frente parlamentario cumplió su deber con dignidad,
inteligencia y gran sentido de la decencia.

Ahora el proyecto tendrá que ir a la Sala Constitucional ante la
consulta de constitucionalidad hecha por los diputados del Frente
Patriótico Parlamentario, sobre la cual la Sala deberá pronunciarse en
un tiempo máximo de un mes y en la que se pone en conocimiento de ese
órgano del poder judicial todas las violaciones y atropellos cometidos
por la coalición pro gobierno y que afectaron los derechos de legislar
de las diputadas y diputados, así como las interpretaciones aberrantes
del reglamento y del fondo como el consabido ?monopolio de hecho?.

Adelante compañeros, como dijo el poeta ?de verdad hermano que nunca
se pone más oscuro que como cuando va a amanecer?

Convocamos de nuevo a todos y todas las iceistas para hoy a las 4 de
la tarde a la Asamblea Legislativa para manifestar nuestro repudio a
este nuevo acto de ignominia contra el pueblo.

Convocamos igualmente a los iceistas de corazón, es decir a aquellos
que abrazan con cariño la defensa del ICE, sean o no trabajadores de
la institución, porque en estos día hemos sentido de cerca la
solidaridad y el calor humano de miembros de comités patrióticos,
grupos ambientalistas, feministas y sindicales que con su presencia
alimentan nuestro ánimo combativo.

Jorge Arguedas Mora
Coordinador del FIT

NO A LA ENTREGA DE LAS TELECOMUNICACIONES
Intervención del Diputado José Merino del Río, en la sesión plenaria
de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el día martes 12 de febrero
de 2008, exponiendo las razones del Frente Amplio para votar
negativamente el proyecto de “Ley General de las Telecomunicaciones”,
que abre los mercados a poderosos empresarios extranjeros y sus socios
locales, conspirando contra una institución solidaria como el ICE.

___________________________________________________________
DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO:
Gracias, señor Presidente.

Creo que al pueblo de Costa Rica, a pesar de que hoy no pude defender
más de cien mociones referentes a cuarenta artículos de este proyecto
de ley, debe tener claro, a estas alturas, cuál es la posición de este
Diputado sobre este proyecto.

Hace ocho años, yo también estaba en este Parlamento; se discutía, en
primer debate, las llamadas leyes del “combo del ICE”, se dijo que
eran leyes para modernizar al país, y el presidente Miguel Ángel
Rodríguez le decía, entonces, a este Diputado que no entendía cuál era
el proceso, la innovación de las tecnologías de la comunicación, que
todo iba demasiado rápido y que nosotros queríamos detener el país.

Incluso, en algún momento el señor Presidente amenazó que me iba a
llevar a los tribunales de justicia, porque según él en aquel entonces
lo estaba difamando, ocho años después quien está en los tribunales de
justicia es el ex presidente Miguel Ángel Rodríguez acusado de haber
cometido graves actos en contra de la ética y del interés públicos,
entre ellos el haber estado recibiendo ya en los días del “combo”, por
lo visto, y según denuncias de la prensa, cheques de Alcatel.

Y ocho años después estoy aquí dándole la cara con dignidad a mí país
y a mí pueblo, probablemente habiendo cometido errores en mi vida
política, pero con toda seguridad sin nada de lo que avergonzarme,
porque siempre he tratado de hablar de acuerdo a lo que me dicta mi
conciencia, mis convicciones, y de acuerdo a los compromisos
adquiridos con los sectores populares que defienden al Instituto
Costarricense de Electricidad y también el Estado Social de Derecho en
Costa Rica.

Sostengo que este proyecto ni es de modernización ni de
fortalecimiento del ICE, que es un proyecto orientado,
fundamentalmente, a promover que el patrimonio público, el ahorro
nacional que hemos depositado en el ICE a lo largo de varias
generaciones sea puesto a precios de subasta, de ganga al servicio de
grandes operadores privados.

Sostengo que este proyecto está diseñado no para favorecer el mayor
acceso a las telecomunicaciones del pueblo de Costa Rica, sino,
fundamentalmente, para favorecer negocios privados, los mismos
negocios privados que se han hecho cargo, prácticamente, de todo el
mercado de las telecomunicaciones en América Latina.

Este proyecto de ley está orientado en sus principios rectores, más
del setenta por ciento de sus principios rectores están orientados a
tratar de facilitar a terceros el ingreso al mercado costarricense en
detrimento de la empresa pública y en detrimento de los derechos de
los costarricenses.

Un proyecto que rompe la solidaridad, que obliga a que las empresas
extranjeras ya no vayan a destinar el nueve por ciento de sus rentas
como hoy lo hace el ICE a financiar la solidaridad, para los segmentos
sociales o para los sectores geográficos más vulnerables del país.

Un proyecto de ley que significará, inevitablemente, un aumento
vertiginoso de las tarifas de todos los servicios de telecomunicaciones.

Un proyecto que significará, como han denunciado nuestras
universidades públicas, las organizaciones de ingenieros, de técnicos,
de trabajadores del ICE, como han denunciado sectores patrióticos,
prácticamente de todo el espectro social de Costa Rica, un proyecto
orientado en contra del interés público, que huele, que huele como
hemos demostrado a negocio y no a bien común.

Un proyecto que debilitará las posibilidades de nuestra patria de
tener una política soberana en dos áreas estratégicas para el
desarrollo del país, como son la seguridad energética y la seguridad
de las comunicaciones, que junto a la educación, a la salud, al
derecho de la gente al trabajo y a la vivienda, al derecho a la
seguridad alimentaria, son pilares del Estado Social de Derecho de
Costa Rica.

Hemos oído hasta el descaro, decir, que en los países como Guatemala,
como Nicaragua, como El Salvador, Honduras, que han privatizado sus
empresas públicas el pueblo hoy recibe mejores servicios de
electricidad y de telecomunicaciones.

Una vergüenza para tratar de destruir la confianza de nuestro pueblo
en lo que con esfuerzos patrióticos de diversas generaciones y con la
visión que tuvieron los fundadores del ICE nos ha permitido tener no,
obviamente, todo lo que desearíamos, pero sí alcanzar niveles de
desarrollo humano, niveles de acceso de la gente a la electricidad y a
las telecomunicaciones muy por encima de la mayor parte de los países
de América Latina.

Un proyecto detrás del cual, obviamente, ha estado la mano manual,
pero también, intelectual, no de las fuerzas sociales de Costa Rica,
sino de la empresa del señor Carlos Slim, de Telefónica de España, de
los bufetes que representan aquí toda la telaraña de intereses, que se
ha tejido alrededor de hacer privado negocios públicos, como son el de
las telecomunicaciones y el de la energía eléctrica.

Este no es un proyecto que le sirva al país, yo le digo al pueblo de
Costa Rica, lo vamos a enviar a la Sala Constitucional y todavía
ustedes en sus hogares, en sus comunidades, en sus pueblos, en sus
centros de estudio y de trabajo tienen todavía un mes para que puedan
entender cuál es la esencia de este proyecto, que para mí es
claramente antinacional, antipopular y que todavía ustedes tienen la
posibilidad de movilizar pacíficamente sus energías patrióticas, para
que esta ley no se haga finalmente una realidad porque le hará,
repito, un daño irreversible a nuestra patria y a los derechos de las
mayorías.

Por eso, el Frente Amplio le ha dicho no, y yo como diputado del
Frente Amplio le diré no a este proyecto.

Gracias.

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