Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
________________________________________________________
Ese mismo día, vigilantes privados que prestan servicio en instituciones públicas, pertenecientes a la empresa “Consorcio de Información y Seguridad”, fueron despedidos por organizar un sindicato bajo la tutela de la ANEP, pese a que lo hicieron al amparo de las normas del Estado de Derecho que rige la vida institucional del país.
Esto es cosa de todos los días. La palabra “sindicato” en el sector privado de la economía es sinónimo de despido en muchas empresas. Cada vez que a un trabajador se le despide porque quiso organizarse para la defensa de sus derechos, se está violentando una serie de derechos democráticos consagrados tanto en el orden legal interno (el del país), como el que está en el plano internacional de obligada observancia para Costa Rica.
A esos choferes de autobús y a esos vigilantes privados les violentaron (entre muchos otros), este sagrado derecho consagrado, nada más y nada menos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses” (inciso 4, artículo 23).
Ocupamos un radical cambio en estas reprobables conductas antidemocráticas, que se han vuelto prática común en el sector privado de la economía. Es impresionante la doble moral que en materia de Libertades Sindicales se manifiesta en Costa Rica.
Según nuestra Constitución Política, en su artículo 60, “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. Es muy probable que el dueño de la empresa de buses de los choferes despedidos, esté afiliado a una cámara; como es muy probable también, que el empresario dueño de esa empresa de seguridad privada en la cual laboraban los vigilantes despedidos, también tenga una cámara que le defiende sus intereses de negocios. Ellos sí pueden protegerse para defender sus intereses de clase; pero sus trabajadores ¡no!. A éstos les toca el despido puro y simple.
Estos atentados a la legalidad, a la institucionalidad jurídica que protege el derecho de los obreros a organizarse en sindicatos, para la defensa de sus legítimos intereses económicos y sociales, deben terminar de una vez por todas. Tenemos perfecta claridad de que más que un problema jurídico, el antisindicalismo en Costa Rica es un antivalor perversamente inyectado en nuestro entorno sociocultural y psicosocial, todo lo cual tiene múltiples explicaciones.
Sin embargo, quienes somos creyentes en la verdadera democracia, necesitamos combatir todos los días esas conductas totalitarias, esos comportamientos de tiranuelos, que violentan la Libertad Sindical de los trabajadores intentanto organizarse; violentando así la propia Constitución Politica de Costa Rica, todo nuestro sistema legal en la materia y un derecho humano fundamental, universalmente reconocido.
Las conductas antisindicales, que son conductas antidemocráticas, deben ser enfrentadas en diversos ámbitos. En el parlamentario, el proyecto de ley No. 13.475 va en esa dirección. Los señores diputados y las señoras diputadas de verdadera convicción democrática, deben darle su respaldo. Es más, poco después de haber asumido la Presidencia, el actual mandatario Oscar Arias asumió un compromiso en tal sentido, con ocasión de su visita a la propia sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza. Volveremos la semana próxima sobre este tema.
