El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera designó al señor Carlos Alvarado Quesada para el delicado cargo de Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), luego de la abrupta salida y por renuncia forzosa, de su anterior titular, el Lic. Víctor Morales Mora.
Con todo el respeto que nos merece don Carlos (hasta ayer al frente del Instituto Mixto de Ayuda Social –IMAS), nos parece oportuno dejar planteadas varias consideraciones que catalogamos como los principales retos de su delicado quehacer, según la perspectiva que tenemos sobre el tema partiendo de los planteamientos sociolaborales que hemos laborado en el seno de la corriente sindical en la cual militamos; planteamientos sumamente públicos.
Debe la nueva máxima jerarquía político-ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), darle prioridad absoluta a todos los aspectos pertinentes para la habilitación institucional inherente a la entrada en vigencia de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), histórico acontecimiento previsto para julio del año entrante 2017.
Debemos abonarle al actual mandatario que en este sensible tema, la ley de la RPL, haya honrado él su promesa de campaña electoral asumida con una importante cantidad de sectores sociales y sindicales; y, en abierto desafío a ciertos latifundios mediáticos que suelen, partiendo del poder que tienen, gobernar “de facto” el país, pese a que no se someten a elección alguna.
Por tanto, la ley de la Reforma Procesal Laboral podría pasar a constituirse como el “logro” estrella de la Administración Solís Rivera al final de la misma y sería una especie de “sabotaje político” que desde la propia cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social no se hagan los esfuerzos más intensos para que se pueda habilitar la aplicación dinámica, en el día a día, de esta nueva legislación obrera, la mayor en su ámbito desde que fuera promulgado el Código de Trabajo, en 1943.
En tal sentido y como inmediato quehacer, debe el nuevo jerarca del MTSS abocarse a la lucha para que en el presupuesto 2017, el MTSS tenga los recursos financieros necesarios para fortalecer a esta institución al respecto: personal actual capacitado, más recurso humano técnico y profesional, más logística administrativo-tecnológica, más espacio físico especialmente pensando en la creciente afluencia de trabajadores violentados por sus inescrupulosos patronos, etc.
Siempre hemos creído en el histórico papel que debe jugar la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, a partir de los resultados que ha venido arrojando el proceso neoliberalizante de la sociedad costarricense que excluye a las mayorías de la distribución real de los beneficios del crecimiento económico pero que, a la inversa, concentra en las minorías tal distribución pese a que éstas ya acumulan bastante, como la clase poseedora de esos latifundios mediáticos.
Estamos convencidos de que la puesta en práctica de la RPL es una oportunidad para elevar el papel del MTSS en la resolución del conflicto obrero-patronal con peso realmente coercitivo y en sede administrativa, aliviando sensiblemente la esfera judicial en el trámite de la demanda obrera y con mayor satisfacción laboral ante la eventualidad de una resolución pronta y efectiva.
Por otra parte, la nueva autoridad del MTSS debe mantener una posición muy equilibrada, con relación a los dos actores fundamentales del mundo del trabajo: el sector empresarial y el sector sindical. No debe incurrir en el error de su antecesor de tener una proclividad manifiesta y subjetiva a favor del sector corporativo-privado tradicional, acostumbrado éste a través de sus gremios más notables, a “mangonerar” el MTSS.
Igualmente, será muy relevante que la propia institucionalidad jurídico-política del Movimiento Sindical costarricense sea plenamente respetada por la máxima jerarquía del Ministerio de Trabajo, validando la misma a la luz de la pertenencia del país a la Organización Internacional del Trabajo (OIT); a fin de que no se cometa de nuevo el error de “regalar” legitimidad a agrupamientos corporativos que contravienen los principios fundamentales del concepto tripartista OIT.
Realmente estamos convencidos de que si estamos de cara a un remozamiento político del MTSS, ahora que don Carlos lo ha de encabezar, queda mucho espacio para el diálogo obrero-patronal consistente y transparente, en temas como el desempleo, el empleo juvenil, el crecimiento de la informalidad, la política salarial, la salud ocupacional, por ejemplo.
Destaca en nuestro criterio que la nueva autoridad dedique enormes energías a favor del elevamiento del salario mínimo en el sector privado de la economía, toda vez que en escenario de supuesta inflación “cero” y de sensible caída en el precio internacional de petróleo, más la estabilidad macroeconómica de que se está “haciendo gala”, no ha generado disminución sensible en productos de la canasta básica alimentaria y en servicios públicos esenciales; todo lo cual ha generado una mayor acumulación de la rentabilidad privada, especialmente de la actividad comercial de abasto directo a las familias trabajadoras, mientras éstas, en abrumadora mayoría, viven en continua estrechez y tensión económica y social.
No hay duda de que en otro ámbito de alta sensibilidad en la coyuntura sociopolítica actual del país, el papel del MTSS en el tema del Empleo Público se torna fundamental, pues toda la discusión al respecto está “atrapada” por ideológicas cuestiones político-partidistas que no está midiendo la tormentosas consecuencias sociales futuras, en lo inmediato y mediato, de seguir tan senda de exclusión del papel de las principales organizaciones sindicales del sector Público en tal sentido.
Adicionalmente, el nuevo jerarca ministerial del MTSS debe dedicarse, con ahínco y firmeza, a que nuestro país honre su compromiso de Estado adquirido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la institucionalización plena de las políticas que ésta está promoviendo ante la imperiosa necesidad de la humanización del empleo y de las condiciones de trabajo; política obrera internacional conocida como “TRABAJO DECENTE” y que Costa Rica adoptó, precisamente, en el marco del tripartismo que en la esencia del modelo OIT. Estamos hablando de un compromiso de país y no de una iniciativa transitoria de gobierno.
Finalmente, estimamos que debe darse una interna congruencia plena en la política ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que la política pública actualmente en vigencia, conocida como ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA, se impulse ahora con mayor énfasis y mayor articulación institucional con sentido estratégico, pues es real que está destinada a servir como eje fundamental a fin de atenuar impactos tan negativos para la Democracia como el crecimiento de la desigualdad, del desempleo y de la informalidad. ¡Buena suerte, señor ministro don Carlos Alvarado Quesada!
