Uno de los ámbitos del álgido, controversial y conflictivo tema del empleo público en nuestra sociedad tiene que ver con los salarios y/o las remuneraciones que se le paga a la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, lo que llamamos el olimpo estatal.
Sin embargo, en la pasada (pero no acabada) discusión pública con relación al expediente legislativo No. 19.506, conocido por nosotros como “ley contra el empleo público” (aunque su nombre oficial fue es “Ley para el ordenamiento de las retribuciones al salario base del sector Público”), prácticamente quedaban “excluidos” de esta los altísimos salarios de la indicada cúpula.
Recientemente se encendieron las alarmas en el mundo sindical y sociolaboral del sector público ante el surgimiento de otro proyecto sobre empleo público, expediente legislativo No. 19.156; número éste muy similar al llevado y traído 19.506.
Este nuevo proyecto, 19.156, tenía como nombre al momento de su presentación a la corriente parlamentaria el día 16 de junio de 2014, “Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública”. Bajo tal concepto, el camino para la inserción en el sistema jurídico nacional del congelamiento salarial para todas las personas funcionarias públicas, sin excepción, quedaba peligrosamente abierto, teniendo acceso a su articulado completo y a la intencionalidad que le animaba.
Los proponentes de este “nuevo” expediente de empleo público, la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) indicaron en el artículo 1 del mismo lo siguiente: “La remuneración total de los funcionarios públicos en jornada ordinaria y de los jerarcas de los Poderes del Estado y de la Administración Pública; no podrán superar el equivalente a más de dieciocho salarios mínimos mensuales para la categoría laboral de menor ingreso en el sector privado (trabajadores no calificados genéricos)”. Nótese la alusión a “los funcionarios públicos” ligado por medio del “y”, a “los jerarcas de los Poderes del Estado y de la Administración Pública”.
En teoría, la idea original fue según el PUSC, que la máxima cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado gane solamente un poco más de 5 millones de colones, no más; considerando que ese salario mínimo del sector privado de que habla el indicado proyecto anda en estos momentos por los 293 mil colones. El resto del texto del proyecto somete a este tipo de “salariazos” a un congelamiento que no los haga llegar a 6 millones, a 7 millones, a 10 millones o hasta más, como existen casos actualmente.
Una fuerte reacción por parte de la corriente sindical en la cual militamos y a la cual representamos generó un intercambio de pareceres con el señor diputado don Gerardo Vargas Rojas, actual jefe de la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a iniciativa de él mismo y en su propia oficina, en la mañana del pasado miércoles 1 de febrero de 2017.
El título original de ese expediente 19.156, “Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública”, pasó a ser producto de ese diálogo, “Ley de límites a las altas remuneraciones totales en la función pública”; y, además, se adicionó un párrafo al final del artículo primero de este para que diga así: “Se excluye del alcance de esta ley las remuneraciones totales inferiores al equivalente a los dieciocho salarios mínimos mensuales para la categoría laboral de menor ingreso en el sector privado (trabajadores no calificados genéricos)”. Es decir, el congelamiento salarial en realidad sería para los salarios equivalentes o superiores a los dieciocho salarios mínimos del sector privado en la categoría genérica de trabajador no calificado.
La fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio también había presentado en la corriente legislativa una iniciativa con similar propósito, es decir, para limitar los altísimos salariazos en el Estado. Su proyecto se titula “Ley de eficiencia salarial en las remuneraciones totales de los funcionarios públicos y de los jerarcas de la función pública”. Es el expediente legislativo No. 19.883, presentado el 24 de febrero de 2016.
Como se podrá notar, también en este expediente se habla, por un lado, de los “funcionarios públicos” y, por otro, “de los jerarcas de la función pública”.
Según nuestro modesto entender, el gran enojo ciudadano y la gran indignación obrera, tanto al interior del sector público como al del sector privado en esto de los salarios en Costa Rica, tiene que ver con esos altísimos salariazos de más de 5 millones de colones; salariazos sumamente superiores a los que ganan el propio Presidente de la República, sus ministros y viceministros y los propios diputados y diputadas de la República. Este es el objetivo fundamental para legislar ejemplarizantemente en esto de los altísimos salariazos en la cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado.
En tal sentido, esperamos que la palabra empeñada por el señor diputado del PUSC, don Gerardo Vargas Rojas, sea honrada a plenitud. Esperamos, respetuosamente, que las nobles y transparentes intenciones del proyecto del Frente Amplio potencien la apertura del espacio político necesario para parar ese gran fiestón salarial en el olimpo del empleo público, como ha acontecido recientemente, nada más y nada menos que en el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
