En la sesión del pasado jueves 11 de mayo, la Junta Directiva de la Caja no discutió la petición popular de que deje sin efecto la rebaja salarial generalizada del 1 % que pretende imponerle a todo el pueblo trabajador asalariada a partir del próximo 1 de junio.
Haciendo gala de una soberbia ofensiva y de una prepotencia arrogante, la directiva de la Caja se burló, una vez más, del llamado presidencial; además, se burla de la homilía arzobispal del Primero de Mayo; y también deja en entredicho la maltrecha credibilidad de su transparencia en el proceso de “diálogo” sobre el futuro de IVM, con base en una mesa instalada con sus propias reglas.
Una vez más hay que reiterar que, por ejemplo, el chofer de autobús, el obrero bananero, la empleada doméstica, el policía y el oficial de seguridad, el profesorado y los profesionales (tanto público como privados), el oficinista y el dependiente de tienda, el periodista, el agricultor y el peón agrícola, etc., no tienen ni la más mínima responsabilidad del desastre en el manejo de las finanzas del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
No se vale, no es ético ni moralmente aceptable que estas personas trabajadoras que realizan esas y otras ocupaciones tengan que pagar el tortón del billón de colones (conservadoramente hablando), 1.000.000.000.000; el hueco financiero del millón de millones de colones que le están haciendo falta al IVM-CCSS.
Además, alertamos contra la evidente intencionalidad de la directiva de la Caja de cuidarle las espaldas a los responsables de ese tortón, empezando por el caso del Director Actuarial de la Caja, el Lic. Luis Guillermo López Vargas, quien continúa en ese puesto pese a las inobjetables responsabilidades directas que tiene en el tortón del billón de colones de IVM-CCSS. La Caja debe destituirlo, inmediatamente.
El señor Luis Guillermo López Vargas está denunciado ante el Ministerio Público desde hace ya ¡5 años!, junto a 12 personas más por este asunto de esta “mala praxis” financiera en el manejo de los recursos de IVM-CCSS y que ahora pretenden que sea el pueblo trabajador el que pague.
Atónitos estamos porque luego de 5 años tal denuncia sigue durmiendo el sueño de los justos en el Ministerio Público, inexplicablemente pues se tramita con una espantosa “lentitud”. (EXP 12-000046-0615-PE)
Las otras personas denunciadas son: Iván Guardia Rodríguez, Gustavo Picado Chacón, Carlos Montoya Murillo, Dinorah Garro Herrera, José Luis Quesada Martínez, Roy Retana Mora, Álvaro Vega Rojas, Christian Hernández Chacón, José Alberto Acuña Ulate, Sara González Castillo e Ileana Balmaceda Arias.
Al acercarse el 1 de junio, fecha de la aplicación de la rebaja generalizada del 1 %, ANEP y PATRIA JUSTA formulamos un vehemente llamado a la unidad sindical en la acción para, al menos, coordinar una sola fecha que nos permita visibilizar, en la calle, el gran repudio y rechazo que genera en el pueblo trabajador la autoritaria decisión de la Caja; el enojo por su soberbia y sordera política de clara intencionalidad en pro de la impunidad.
San José, sábado 13 de mayo de 2017.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
